EEUU impuso sanciones a cuatro funcionarios nicaragüenses cercanos a Ortega
El Departamento de Tesoro advirtió posibles medidas similares para quienes apoyen al régimen de Nicaragua y contribuyan a violar los derechos civiles de sus ciudadanos
Estados Unidos sancionó a cuatro funcionarios nicaragüenses al gobierno de Daniel Ortega, bajo las acusaciones de que persiguen ciudadanos disidentes, promulgan leyes represivas, silencian medios de comunicación y niegan atención médica al pueblo nicaragüense.
Los nuevos integrantes de la lista negra del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, son: Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Orlando Castillo, director general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos; Sonia Castro, ministra de Salud; y Óscar Mojica, ministro de Transporte.
Con esta medida, estos cuatro funcionarios quedan al margen del sistema financiero internacional. Además, se congelaron los bienes que puedan estar bajo la jurisdicción de Estados Unidos.
«Estados Unidos está enviando un mensaje inequívoco al presidente Ortega y a su círculo íntimo: apoyamos al pueblo nicaragüense en sus reclamos de reformas y retorno a la democracia», dijo la subsecretaria del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker, citada en un comunicado.
Advirtió que «no dudarán» en tomar medidas contra quienes oprimen al pueblo de Nicaragua o manifiestan su cercanía al gobierno de Ortega.
*Lea también: Henri Falcón: “No estamos de acuerdo con las sanciones que perjudican al pueblo”
Además de estas medidas, Castro y Porras también se vieron afectados por sanciones en diciembre, que fueron conocidas bajo el nombre de «Nica Act». Bajo la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, se les impusieron restricciones por actos de violencia y violación de derechos civiles a manifestantes.
Desde abril de 2018, Nicaragua está sumergida en protestas antigubernamentales. En este último año, la comunidad internacional ha reaccionado y la oposición nicaragüense inició un proceso de negociación con el Gobierno, aunque se suspendieron ante la falta de acuerdos entre ambas partes.
