El control es mío, por Teodoro Petkoff
El texto de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV parece inocuo políticamente puesto que luce, apenas, como una normativa dirigida a proteger a la sociedad de los excesos de violencia, sexo y chabacanería en general, que caracterizan buena parte de la programación de la TV, pero una lectura más atenta permite percibir la fea trompa de la censura y de las limitaciones a la libertad de expresión en el campo de lo político.
El peligro de que la ley opere como un garrote dirigido a castigar conductas políticas que el oficialismo considere “incorrectas” está plasmado en los artículos 19, 20 y 21. En estos se crean los organismos públicos que manejarán la aplicación de la ley: la Gerencia de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, adscrita a Conatel; el Directorio de Responsabilidad Social y el Consejo de Responsabilidad Social.
La integración de estos organismos garantiza una mayoría aplastante de servidores del gobierno. El Directorio de Responsabilidad Social estaría integrado por el director general de Conatel, por el gerente del área de responsabilidad social y por un representante de los siguientes organismos: ministerios de Información y Comunicación, de Educación y Cultura, de Salud, Instituto Nacional de la Mujer, Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente. Hasta aquí van 7 de sus 11 miembros, todos pertenecientes a instituciones absolutamente dependientes del Ejecutivo y obedientes a este. Los cuatro restantes serían representantes de las iglesias, de las universidades en sus áreas de docencia e investigación de la comunicación, de los usuarios y de las organizaciones no gubernamentales relacionadas con la protección de infantes y adolescentes. Aun admitiendo que estos cuatro no respondan a directivas oficialistas (lo que estaría por verse porque sus representantes serían elegidos en asambleas de cada sector, convocadas por Conatel), es obvio que en ese Directorio se hará lo que decida la mayoría oficialista ya asegurada, de siete de sus integrantes.
El gerente de Responsabilidad Social en Radio y TV será el verdadero Zar de este sector puesto que sus competencias, establecidas en la ley, le dan poderes prácticamente discrecionales y sus actuaciones serán convalidadas, sin duda alguna, por el Directorio ya mencionado. Este deberá consultar al Consejo de Responsabilidad Social pero la integración de este, semejante a la del Directorio en cuanto a la mayoría automática del oficialismo, garantiza la más absoluta coherencia entre las tres instancias.
¿Dónde está el veneno en todo esto? Imaginemos que en un programa político de TV se emiten conceptos que enfurecen al gobierno; inmediatamente el Zar de la TV “descubre” que en un programa del horario “protegido” fue exhibido un seno desnudo o se dijo una grosería y por tanto aplica la multa (gigantesca) prevista. El Directorio y el Consejo, desde luego, respaldarán la actuación del gerente de Responsabilidad Social. Aunque aparentemente la sanción no tuvo una causal política ya el canal respectivo sabrá a qué atenerse. Un proyecto de ley que podría ser visto con agrado porque supuestamente regularía los excesos de violencia o sexo en TV terminaría, pues, siendo un instrumento de control político y nada de extraño sería que logrado este objetivo los propósitos explícitos de la ley en materia de sexo y violencia sean dejados de lado. ¿Política-ficción? Después de lo de la estatua de Colón nada debería sorprender.
