El corral de los suplicios, por Gioconda Cunto de San Blas
Twitter: @davinci1412
Hambre, sed, grillos, asfixia… A medianoche sacábanse los presos de los calabozos al otro patio, les daban de palos […] y los traían a morirse en las celdas.
Memorias de un venezolano de la decadencia, José Rafael Pocaterra, 1928.
Detenciones arbitrarias, hostigamiento, desapariciones forzadas, imposición de defensor público, audiencias preliminares diferidas una y otra vez, juicios interrumpidos y reiniciados, prisiones indefinidas, falsos cargos, torturas, muerte. Todo esto y más forma parte del catálogo de arbitrariedades que el sistema jurídico venezolano impone actualmente a quienes se atreven a desafiar al régimen, en aras de luchar por el rescate de la libertad.
Todo esto debidamente documentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) como registro testimonial de los atropellos, que algún día servirá de base para sancionar a los causantes a través de los mecanismos vigentes de derecho internacional, inexistentes cuando José Rafael Pocaterra escribió su doloroso testimonio de las cárceles de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, en las postrimerías del siglo XIX y principios del XX.
«El corral de los suplicios», llamaba Pocaterra al patio de la Rotunda, la cárcel caraqueña donde se torturaba a los presos políticos por mano de «la Sagrada», el cuerpo represivo de Gómez. ¿Su delito? Desear una vida en libertad y aspirar a un país decente en democracia. Al libro de Pocaterra siguió en 1964 el texto «Se llamaba SN», bajo la pluma de José Vicente Abreu, testimonio punzante de las cárceles del siguiente dictador, Marcos Pérez Jiménez, y de su sistema represor, a cargo de la Seguridad Nacional, a mediados del siglo XX, dictadura que ingenuamente asumimos como la última. Para rebatir el punto, abnegados defensores de derechos humanos se han dado a la tarea de documentar ante la CPI una larga lista de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen en este tiempo oscuro, como duro testimonio de que el siglo XXI no nos ha sido ajeno a la barbarie de siglos anteriores.
*Lea también: El efecto Robin Hood, por Paulina Gamus
A esos testimonios se añaden ahora datos cuantitativos emanados del reporte anual 2022 del Índice de Estado de Derecho elaborado por la organización World Justice Project (WJP) según el cual, por octavo año consecutivo, Venezuela repitió en el último lugar entre los 140 países evaluados, apenas precedido por Camboya, Afganistán, República Democrática del Congo y Haití. «Para elaborar el Índice, WJP evaluó no solo la actuación de los jueces y fiscales en materia penal y civil, sino también la capacidad del poder judicial para fijarle límites al gobierno, la ausencia de corrupción en el país, la transparencia en la toma de decisiones, el grado de respeto y disfrute de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la situación del orden y la seguridad interna, y el nivel de cumplimiento del marco legal vigente».
Los datos de WJP están en sintonía con los de otras organizaciones como el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, que ubicó a Venezuela en el lugar 177 de 180. También la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela en su tercer informe sobre el país, publicado en septiembre pasado insiste en que «las reformas al sistema de justicia que se han anunciado desde 2021 […] no han abordado las graves deficiencias del sistema de justicia, que socavan su independencia e imparcialidad».
Al 24 de julio de 2023, Foro Penal registra 286 presos políticos (20 mujeres, 132 civiles y 154 militares). El total acumulado de arrestos desde 2014 es de 15.791; 9.415 con medidas cautelares, 11 fallecidos en custodia del Estado, 875 civiles presentados ante tribunales militares. Estas personas están siendo juzgadas por jueces provisorios (642 nuevos jueces nombrados por el Tribunal Supremo de Justicia en 2022) que en razón de carecer de titularidad (art. 255 de la Constitución), son susceptibles a presiones para dictar o dejar de dictar sentencias, según les sea indicado.
Estos hechos moldean una política de terrorismo de estado, en un cuadro sostenido de violación de derechos humanos, según lo establecido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de los cuales Venezuela es signataria.
Roland Carreño, uno de los 286 presos políticos, que lleva ya más de mil días en prisión arbitraria, sin juicio ni sentencia, ni pruebas en contra, ha dicho que «estar preso es un auténtico tormento para el hombre, estar preso en Venezuela es un verdadero suplicio, pero estar preso en Venezuela siendo absolutamente inocente es una pesadilla indescriptible». Una pesadilla para todos los que vivimos bajo el cielo encapotado de la patria.
——————–
Addendum: Mientras escribía este artículo (martes 01/08/2023), seis líderes sindicales y activistas de derechos humanos, detenidos desde julio de 2021: Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés, fueron condenados a 16 años de prisión en juicio amañado. Su único delito: amor a la libertad.
Gioconda Cunto de San Blas es Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Investigadora Titular Emérita del IVIC.
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo
