El difícil acuerdo constitucional Juan Páez Ávila
Un gobierno que viene actuando desde hace varios años al margen de la Constitución Nacional, porque ésta se le ha convertido en un grave obstáculo para aplicar una política o varias políticas públicas, que han fracasado en todos aquellos países que lo intentaron o lo lograron transitoriamente, aunque que las asumieron como verdades y dogmas, sólo la asfixia económica que comienza a sentir como consecuencia de las sanciones que le han impuesto Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, se puede explicar su aceptación de un diálogo internacional con la oposición, que pueda conducir a algún acuerdo nacional.
Por eso resulta difícil pensar que un acuerdo constitucional esté a la vuelta de la esquina, sin que el gobierno renuncie a las políticas de violación de los derechos constitucionales de los ciudadanos, que lo mantienen en el poder y hasta le permiten ganar elecciones mediante el fraude. Para que nos acerquemos a una acuerdo nacional se requiere que el gobierno decida funcionar de acuerdo con lo establecido en la Carta Magna, algo que en las actuales circunstancias, adquiere una connotación no sólo nacional sino también internacional, porque involucra a todos los ciudadanos, sin distingo de ideologías o de su militancia política, interesados en procurar un gobierno democrático, en el que se cumpla y se haga cumplir la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
Un Acuerdo Nacional en el que se oigan las voces de los trabajadores, los empresarios, los jóvenes, los gremios profesionales, los políticos, los académicos, las iglesias y la Fuerza Armada, como lo ha intentado la oposición invitando a las conversaciones en la República Dominicana a personalidades representativas de diversos sectores de la sociedad.
En lo político se deben poner en vigencia todas las instituciones que caracterizan la democracia plena. Poner en libertad a los presos políticos, regreso de los exiliados, abrir un canal humanitario, funcionamiento del Estado de Derecho con Poderes Públicos autónomos, que los Jueces juzguen y condenen a los culpables de delitos, por razones de verdadera justicia y no por venganza política. En síntesis, que se cumpla la Constitución Nacional, la Carta Interamericana Democrática y todos los acuerdos internacionales en la materia aprobados y refrendados por Venezuela.
Y en lo económico se puede sintetizar que se requiere en el corto plazo estabilizar la economía, recuperar el ingreso familiar y crear confianza para la inversión nacional y extranjera; devolver a sus legítimos dueños las empresas y haciendas expropiadas y no pagadas; aumentar la producción de PDVSA y nombrar una junta directiva capaz y honesta; trazar todas políticas que controlen la inflación, estimulen la producción nacional y la exportación; desmontar los controles que ahogan la economía nacional y acabar con las mafias que se han enriquecido ilícitamente y con impunidad.
La reconciliación nacional es de interés para la vida democrática de jóvenes, adultos y viejos, pero el tiempo apremia. Si el gobierno no es capaz de contribuir a reconciliar a los venezolanos, Venezuela puede entrar en una crisis impredecible.
Para evitar actos de violencia o reducirlos a su mínima expresión, es imprescindible que las instituciones básicas de la nación, gobiernen sin discriminación política.
Y algo definitivo, para que se suspendan las sanciones financieras, es de Perogrullo que el gobierno debe ajustarse a la Constitución Nacional.
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