El dólar no obedece, por Naky Soto
La delincuencia, tampoco
El resumen anual elaborado por la fundación InSight Crime reveló que Venezuela es el país con la tasa más alta de homicidios en Latinoamérica y el Caribe, superando por mucho a El Salvador, Jamaica y Honduras. El análisis está basado en el número de homicidios registrados y en el total de población estimada para 2017. Recordemos que el Gobierno nacional tiene más de una década sin divulgar estadísticas sobre homicidios, mientras organizaciones como el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) ofrecen estadísticas no oficiales. En su informe más reciente, OVV estima que hubo 26.616 homicidios en Venezuela, incluyendo 5.535 ejecutados por las fuerzas de seguridad. La empresa internacional de consulta de riesgos políticos Eurasia group, publicó en noviembre de 2017 la lista de las ciudades más peligrosas del mundo (calculada también con base a su tasa de homicidios) y no solo Caracas la encabezó, sino que incluyeron también a Maturín, Ciudad Guayana y Valencia dentro de las diez primeras.
Mucho menos el IVSS
Una vez más la gente de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) denunció la escasez de los nueve fármacos de alto costo con los cuales se evita que un paciente pierda el órgano trasplantado. Lejos de resolverse, la crisis se ha agudizado en cuatro meses, ocasionando 5 personas fallecidas, 20 que ya perdieron su órgano y 30 enfermos renales en proceso de rechazo de un riñón. Francisco Valencia, presidente de Codevida, lleva el registro de peticiones de medicamentos en varios estados del país. Cada testimonio es más doloroso que el otro, personas que llevaban una vida normal luego de años sometidas a diálisis y otros procesos, ven mermar sus capacidades porque el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no responde por los inmunosupresores que necesitan. Los costos de algunos medicamentos superan los tres millones de bolívares.
La dimensión de la diáspora
Más de 4 millones de personas (4.091.717 ) han emigrado desde Venezuela, según un estudio hecho por Consultores 21 entre el 17 de noviembre y el 4 de diciembre de 2017. 29% de las familias venezolanas tiene al menos un familiar viviendo en el exterior. La encuesta indica que 40% de la población manifiesta deseos de emigrar a otro país, con los jóvenes entre 18 y 24 años concentrando el mayor porcentaje (51%), seguido de personas entre 25 y 44 años (39%) y de más de 45 años (30%). Los principales motivos para emigrar concentran 70% en la situación económica, 22% en la situación política y 8% por oportunidades de estudio o trabajo. 56% preferiría emigrar a América del Sur, 15% América del Norte y 9% América Central y el Caribe versus el 6% que prefería hacerlo a Europa; y los cinco países que reúnen la mayor potencialidad para hacerlo son: Colombia, Chile, Estados Unidos, Perú y Ecuador. Sobre la percepción de los familiares sobre un potencial regreso de los emigrantes: 15% considera que sí; 50% cree que sí lo harán «si las cosas cambian» y 29% considera que no regresarán.
Él sigue en campaña
«Ustedes están en casa, pasando el código veQR y esa información me llega a mi computadora. Yo estoy pendiente», dijo Nicolás, en su absurda versión de Gran Bigote, el que lo sabe todo por un carnet. Habló de las 209.455 mujeres embarazadas registradas en el plan de Parto Humanizado, solo para anunciar que 108.900 recibirán hoy el bono de Bs. 700.000. Nicolás afirmó que no le importa lo que “digan los falsos, los fariseos, los que se ponen una sotana para llamar a la guerra, lo que me importa es amar al pueblo”, al pueblo carnetizado, porque si no, no hay manera de probar su amor retributivo. Aumentó el pago de los 200 mil brigadistas del Movimiento Somos Venezuela a Bs. 320.000 bolívares y anunció que este fin de semana se desplegarán “casa por casa” para ubicar a personas con discapacidad para beneficiarlas con el Bono José Gregorio Hernández, justo antes de recomendar curarse algunas enfermedades con medicina “ancestral”; ya saben, a buscar sábila, agua de las carmelitas, limón y muchas hierbas.
Aún no los entregan
Sin que aún hayan aparecido el Defensor del Pueblo o el Fiscal General impuesto para mediar en la irregular circunstancia que ha impedido a los familiares de las víctimas de la Masacre de El Junquito recuperar sus cadáveres para enterrarlos, los diputados de la Comisión de la Asamblea Nacional que investiga el caso informaron sobre todos los abusos de los que han sido objeto familiares y amigos de las víctimas, incluyendo amedrentamientos, amenazas, allanamientos, desapariciones forzosas, detenciones y torturas a los detenidos. Súmenle que hay un par de detenidas que están siendo juzgadas en un tribunal militar por “instigación al odio”. Periodistas presentes en la morgue de Bello Monte reportaron el contenido de las actas de defunción. En los casos de Oscar Pérez y Díaz Pimentel la causa de muerte fue “traumatismo craneoencefálico por herida de arma de fuego”; las actas de Abraham Agostini y Lisbeth Andreína Ramírez dicen que murieron por «hemorragia subdural fractura de cráneo herida por arma de fuego proyectil único» y Daniel Soto murió por “herida de bala en la tercera vértebra cervical”. La comisión especial informó que se harán cargo de los gastos funerarios y traslados de los siete miembros de la agrupación de Oscar Pérez. A esta hora no les han entregado los cuerpos.
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Un poco de piedad haría una enorme diferencia.
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