El Esequibo y el referendum, por Freddy Gutiérrez Trejo
Lea X: @gutierreztrejof / Instagram: fredygutierreztrejo
«Hay caminos que uno no debe seguir
Hay terrenos en los que uno no debe enfrentarse
Hay órdenes del soberano que uno no debe aceptar»
Sun tzu El Arte de la guerra
El Esequibo es parte integrante de Venezuela. Perteneció y estuvo bajo la jurisdicción de la Capitanía General desde los tiempos de la colonia. Antes de la guerra de independencia, España ejercía sus dominios sobre esos espacios que tiempo después estuvieron en controversia. Aun estando en desarrollo la guerra, entre 1819, año de celebración del Congreso de Angostura, y la Constitución de 1821 en Villa del Rosario, que crea la gran Colombia, se definió el espacio: «Su territorio será el que comprendían la antigua Capitanía General de Venezuela y el Virreinato del Nuevo Reino de Granada, abrazando una extensión de 115 mil leguas cuadradas, cuyos términos precisos se fijarán en mejores circunstancias».
Como es bien sabido, durante 1830 hubo la decisión de separar los espacios que la Constitución de 1821 había integrado, y entonces la Audiencia General de Quito, el Virreinato que tenía su sede en Santa Fe de Bogotá y la Capitanía General de Venezuela, regresaron, cada uno por su parte, a ejercer gobierno sobre los antiguos dominios jurisdiccionales. A los efectos de no agudizar el conflicto, y tener una base para que la separación fuese en los mejores términos, invocaron un principio orientador.
El fundamento, entonces, fue el Uti Possidetis Iuris, que traduce: Así como has poseído, seguiréis poseyendo. Sobre esa base, a pesar de los diversos forcejeos en opiniones de diferentes cancillerías, juntas arbitrales, amigables componedores o buenos oficiantes, acusaciones de impericia técnica e incluso de corrupción de árbitros y actuaciones dolosas, la sustentabilidad principista de aceptación universal, es incuestionable.
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Actualmente es una zona en reclamación y, nuestra República, con defensores idóneos a quienes se les reconozca su pericia en la materia, su observancia de las normas rectoras, su prudencia en el tratamiento del tema, y su conducta diligente, tiene todos los elementos jurídicos, políticos e históricos que legitiman ese espacio como parte de su territorio. En tal sentido, su soberanía sobre esa ancha y larga tierra es irrenunciable, no es susceptible de consulta ni de debates intrascendentes.
Cualquier referéndum sobre esta materia es inconstitucional, y coloca en riesgo grave, tanto el triunfo en la querella que se está llevando a efecto en La Haya, como al territorio que es parte integrante del país, como lo es Táchira, Aragua, o Sucre, que tienen, sin discusión, vocación de perpetuidad venezolana.
El testamento de Duque Corredor es inequívoco: «No es posible consultar al pueblo si se defiende o no la integridad territorial de Venezuela, porque se trata de un derecho irrenunciable, junto con el derecho de soberanía, conforme al artículo 1 constitucional. Además, el tal referendo implica derogar la ley aprobatoria del 15 de abril de 1966 del acuerdo de Ginebra, lo cual viola el artículo 74, que prohíbe los referendos sobre leyes aprobatorias de tratados internacionales.»
Desafortunadamente, nunca faltan en una materia tan delicada como la que estamos comentando; por una parte, personajes encumbrados del estado, reconocidos por su mala fama, ostentadores de los peores vicios y carentes de toda virtud ciudadana, y por la otra, «exégetas» cuyas palabras han perdido todo valor y credibilidad. Son socialmente vistos como rábulas y charlatanes de peso, que se exhiben en las pantallas como descubridores del Santo Grial, aunque todo el mundo sabe que sus vidas profesionales han sido de un culipandeo casi congénito. Cuando se pierden los escrúpulos, la razón se impacta de tal modo, que la palabra se pronuncia con cinismo y sin fundamento. El verbo se envilece.
La soberanía que se establece constitucionalmente sobre el territorio, no es objeto de consulta ni de discusión: se ejerce con la razón y la pasión que la materia impone. Es inaceptable cualquier interpretación retorcida que procure un interés coyuntural electoral que cause un daño irreparable e irreversible a la República.
El disparate que está en curso, intentando un referéndum consultivo que no profundiza en el fondo del asunto, no guarda las formas requeridas, y se plantea en el momento más inoportuno, se mueve entre la maquinación política más fraudulenta, y una patología demencial.
En definitiva, se trata de un grupo delirante que intenta imponer su voluntad, contra viento y marea, arrollando la racionalidad ciudadana.
Freddy Gutiérrez es abogado y profesor universitario.
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