El país merece explicaciones sobre fotos de funcionarios con supuestos narcos
El miércoles 15 de abril agentes del Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional detuvieron a tres hombres, investigados por tráfico de drogas, según informó el diario Últimas Noticias. La detención se produjo en Caracas.
Los sujetos fueron identificados como Raúl Roberto del Gallego Salas, Orlando José Silva Moreno y Jesús Antonio Blanco Goitia. Durante el procedimiento, fueron incautadas dos pistolas marca Glock, calibre 9mm, una de las cuales estaba troquelada con el logo de la Cuerpo Técnico Policía Judicial Carabobo, la predecesora del Cicpc. Los tres hombres están presuntamente vinculados con una organización que trafica drogas en Falcón y Carabobo.
Alrededor de este caso se ha tejido toda una red de acusaciones, con muchos nombres siendo señalados de ilícitos, integrantes de distintos niveles de gobierno. Por ejemplo, el periodista Luis Borjas dijo en Twitter que varios funcionarios de la filial petrolera PDV Marina en Punto Fijo, estado Falcón, fueron destituidos el 21 de abril pues al parecer utilizaban barcos de esa filial de Pdvsa para el transporte de droga.
Ese mismo día, se hicieron públicas unas fotos que muestran a José Domínguez, secretario de Seguridad Ciudadana de Carabobo, junto a dos de los detenidos -Del Gallego Salas y Silva Moreno-.
Pasadas algunas horas, el propio ministro de Interior, Néstor Reverol, confirmó la destitución de este funcionario, quien también era jefe de la delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la entidad. Además, anunció el despido también de José Aldama, jefe de la subdelegación del Cicpc Carabobo, y Pedro Velasco, director de la Policía de Carabobo, que está bajo el mando del gobernador Rafael Lacava.
El ministro no ha dicho qué peso tuvieron las fotos en las decisiones tomadas. Pero va siendo hora de que hable al respecto. Básicamente, porque otros personajes del chavimo se han visto retratados con los mismos detenidos.
Por ejemplo, han surgido fotos en las que se ve a Orlando José Silva Moreno retatado junto al mismísimo director del Cicpc, Douglas Rico -quien publicó un video explicando el asunto- y otra en la cual se le ve posando sonriente junto a Tarek Wiliam Saab.
Por otra parte, El Informador publica que el Ministerio Público le sigue al pista a Emilio Enrique Martínez, conocido como «Chiche Smith». Se trata de una persona que tiene abierta una investigación penal y una notificación de Alerta Roja en Interpol de fecha 6 de marzo de 2020, según el medio larense.
Pero «Chiche Smith» no es ningún desconocido, porque hay más fotos. Una de ellas, por cierto, retrata a este caballero acompañando al gobernador de Falcón, Víctor Clark.
Varias propiedades de Martínez en Falcón fueron allanadas por cuerpos policiales y detenidas una veintena de personas, también por supuestas relaciones del propietario con actividades de narcotráfico, además de incautados seis inmuebles, 11 vehículos y dos embarcadciones.
Una de las propiedades allanadas de «Smith» es la sede de una fundación que financió arregos de una iglesia, un colegio, una plaza, que entregaba bolsas de comida y hasta le regaló motos de alta cilindrada a la policía regional de Falcón en 2018.
Lo que está claro es que el país merece explicaciones. Las autoridades, así como los fotografiados, deben brindar las suyas.
No es poca cosa salir sonriendo por ahí junto a personas acusadas de traficar drogas. Claro que salir fotografiado con alguien no implica necesariamente conocimiento sobre sus actividades particulares, ni mucho menos complicidad. Pero sería bueno que cada quien aclare lo que tenga que aclarar, si puede hacerlo.
Por ejemplo, la organización Vente Venezuela Falcón emitió el martes 21 de abril un comunicado anunciando que Edison Oviedo «se ha separado de su cargo de Coordinador de Organización de Carirubana, hasta tanto se aclare situación legal que le afecta a él y a su hijo”, pues ambos están detenidos y señalados de estar relacionados con los delitos que se investigan en Falcón.
Los retratados, así como el ministro de Interior y las autoridades judiciales, tienen la palabra.
