El país soy yo, por Teodoro Petkoff
La aplicación del artículo 70 de la nueva Ley de la Administración Pública liquidaría prácticamente lo que queda de la descentralización administrativa. Yo-El-Supremo no se ha atrevido a eliminar la elección directa de gobernadores y alcaldes (que dada su confesada pasión por la concentración del poder en sus manos y su aversión a la descentralización, es lo que realmente querría), pero el truco para reducir al mínimo las facultades de gobernadores y alcaldes y concentrar poder es lo que propuso en la reforma constitucional derrotada el 2D: montarle encima a gobernadores y alcaldes unos tales «vicepresidentes» que les pondrían bridas a aquellos. En la nueva Ley no se les llama «vicepresidentes» sino que se utiliza una denominación vaga, «autoridades regionales», pero el objetivo es el mismo. Esas «autoridades regionales» conducirían, por encima de los funcionarios elegidos, todo lo referente a «la planificación, ejecución, seguimiento y control de las políticas, planes y proyectos de ordenación y desarrollo del territorio aprobados conforme a la planificación centralizada«. Es decir, todo. Los gobernadores y alcaldes de capitales y otros municipios grandes quedarían reducidos a pagar la nómina y a efectuar obras menores. La Comisión de Planificación Centralizada, desde Caracas, trazaría los planes para cada estado y su aplicación correría por cuenta de las «autoridades regionales», y no de los gobernadores y alcaldes, que en una República Federal –como todavía es definida Venezuela en la Constitución– son los agentes del poder central para la planificación, seguimiento y control de las políticas, planes y proyectos que aquel poder central, en coordinación con aquéllos, determine para los estados, las regiones y hasta los municipios grandes. En la Constitución vigente está prevista, en su artículo 185, la conformación de un Consejo Federal de Gobierno.
Nueve años después de aprobada la Constitución, este organismo no existe. Es «el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización…». Está integrado, además de los representantes del poder central, por todos los gobernadores o gobernadoras y un alcalde o alcaldesa por cada estado, precisamente para poder coordinar y articular las políticas nacionales hacia los estados.
Este organismo, jamás constituido, es sustituido, en franca violación de la Constitución, por una fulana Comisión Nacional de Planificación, integrada por pura gente del poder central, que, a través de las «autoridades regionales» designadas por Yo-ElSupremo, soslayando a gobernadores y alcaldes, determinará los planes y proyectos para la ordenación y desarrollo del territorio, les hará seguimiento y controlará su ejecución.
Gobernadores y alcaldes quedarán colgados de la brocha, como mirones de una gestión conducida desde Caracas.
Volveremos a la administración ultracentralizada anterior a 1989, y se perderán los beneficios de una administración descentralizada, que son visibles hasta en los estados y alcaldías peor gobernadas, porque los mandatarios están mucho más cerca de sus comunidades y su elección y eventual reelección dependen de su gestión y de la apreciación que de ella hacen los gobernados.
Precisamente por esto es que debe ser derrotado el oficialismo el 23N, como lo fue el 2D.
