Testaferro de Maduro urdió sobornos de los jefes del TSJ y la Fiscalía

Gorrín, presidente de Globovisión maneja miles de millones de dólares de públicos con los que ha intentado chantajear a altos funcionarios, políticos, periodistas y activistas

Raúl Gorrín es un magnate del sector de los medios de comunicación y de seguros que ha hecho fortuna gracias a los favores del chavismo, muy especialmente del presidente Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores. Favores que han ido en las dos direcciones: del chavismo a Gorrín y de este a los próceres de los gobiernos de la revolución bolivariana.

Los miles de millones que han gestionado él y otros financieros cercanos al Gobierno bolivariano de los recursos públicos de Venezuela han servido para urdir chantajes y sobornos a fiscales, jueces, políticos, periodistas y activistas venezolanos. Entre ellos, al actual presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, la exfiscal general, Luisa Ortega o al candidato presidencial por el movimiento Prociudadanos, Leocenis García Osorio.

La documentación que en poder de El Confidencial revela que Gorrín y su socio Gustavo Perdomo, hermano de su mujer María Alejandra, gestionaron no menos de 5.500 millones de dólares (4.200 millones de euros) en Suiza por medio de sociedades pantalla en diferentes paraísos fiscales. Las transferencias registradas y otro tipo de documentos desvelan cientos de millones gestionados procedentes de la estatal Pdvsa, pero también pagos a empresas controladas por los llamados ‘bolichicos’, jóvenes en la treintena que han visto crecer los ceros de sus cuentas gracias a contratos preferenciales con el chavismo. Asimismo, los papeles evidencian desembolsos millonarios a gente que podía ayudar a mantener el statu quo del chavismo y muestran traspasos que coadyuvaban a apaciguar los ánimos a las personas díscolas.

Ambos socios están siendo investigados por sus tejemanejes con el chavismo en países como Estados Unidos, Suiza o España. En el primer país, tienen hasta tres causas abiertas. Gorrín desea ahora colaborar con Estados Unidos y España para salvar el pellejo en el contexto de inestabilidad que vive su país, pero Maduro no le permite marchar de momento, según cuentan a El Confidencial fuentes militares venezolanas.

Los inicios

Raúl Gorrín comenzó como abogado raso en los tribunales de Caracas. De origen muy humilde, su habilidad para granjearse amistades beneficiosas lo auparon a partir de 2008 a conseguir un paquete accionarial de la empresa de seguros La Vitalicia y, posteriormente, se hizo con el mayor canal de televisión de Venezuela, Globovisión, por unos 90 millones de euros en 2014. Viró la línea editorial de la cadena para adaptarla a los gustos e intereses del oficialismo del Gobierno de Maduro.

El camino en el régimen chavista no era fácil y recurrió a los sobornos para hacer camino. Buscó con fortuna la protección de grandes personalidades del Gobierno bolivariano. Primero lo acogió Diosdado Cabello, el número dos del régimen, para luego adoptarlo el propio Maduro

Con el fin de evitar investigaciones judiciales contra su persona y sus actividades, Gorrín captó hacia 2015 a Maikel Moreno, entonces primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia, según diversas fuentes acreditadas. Desde febrero de 2017, Moreno es el máximo responsable del alto tribunal del Estado caribeño. Oficiales de los servicios de Inteligencia de dos países narran a este diario que Raúl Gorrín incluyó a Maikel Moreno como beneficiario de sus negocios para que contribuyera a sobreseer cualquier causa judicial contra él y sus socios. Incluso, le regaló una mansión en Italia, según relatan esas mismas fuentes. No ha sido posible contrastar la información con el presidente del Tribunal Supremo.

El sancionado Moreno

El Consejo Federal suizo sancionó a Moreno y otros dirigentes del Ejecutivo de Maduro en marzo de 2018. Sobre el presidente del Tribunal Supremo, en concreto, señaló que congeló sus fondos en el país helvético “por haber facilitado y apoyado las acciones y políticas del Gobierno que han socavado la democracia y la ley y el orden en Venezuela, y es responsable por acciones que han usurpado la autoridad a la Asamblea Nacional”. Es decir, esto prueba que Maikel Moreno tiene también capitales y dinero en Suiza. El Departamento del Tesoro estadounidense y la Unión Europea ya le habían impuesto sanciones anteriormente por haber usurpado el poder democrático de la Asamblea Nacional en Venezuela.

El Gobierno de Maduro ha firmado un contrato marco con el bufete Lupicino International Law Firm para litigar en favor del Estado venezolano en el tema de las sanciones internacoinales a las que se ve actualmente expuesto, como en la Unión Europea, Estados Unidos y Naciones Unidas. La firma matiza que el acuerdo marco fue convenido «para dar servicio exclusivamente en sanciones internacionales al Estado venezolano hasta el final de 2019» y sostiene que el acuerdo aún no ha entrado en vigor.

«Maikel Moreno es un delincuente por la infinidad de denuncias que hay en relación a su comportamiento y que son abrumadoras: extorsión, cobros de dinero para sacar sentencias según ciertas conveniencias (…) Llegó a suspender el concurso de Miss Venezuela para otorgárselo a su socio y jefe, a Gorrín, para que Globovisión asumiera la franquicia de Miss Universo», aseveró en una rueda de prensa el magistrado del Tribunal Supremo en el exilio Christian Zerpa. Lo dijo desde Orlando el pasado mes de enero

A propósito de lo explicado por el magistrado Christian Zerpa, Globovisión organizó el concurso Miss Venezuela 2014. La ganadora del certamen fue Debora Menicucci, nacida en Caracas en 1991 de familia originaria de Italia, justo el país donde Gorrín compró una villa para Maikel Moreno. ¿Con quién se casó esta Miss Venezuela en 2015? Obvio, su marido es el presidente del Tribunal Supremo.

A ese respecto, la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, afirma lo siguiente a este diario: “Efectivamente, Maikel Moreno es socio de Gorrín en diversos negocios. Él actúa como testaferro de Moreno, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. A través de Gorrín, ellos hacen operaciones financieras para lavar capitales producto de la corrupción y de negocios ilícitos”.

Luisa Ortega fue apartada por el Gobierno de Maduro como fiscal general en agosto de 2017. Ella lo tiene claro, no permitían que investigase la corrupción del chavismo. “Procesamos varios casos de corrupción en Venezuela. En 2014 intentamos privar de libertad a la ministra de Salud, Nancy Pérez Sierra, pero pusieron todos los obstáculos para que no se admitiera la causa. También lo hicimos con el ministro de Alimentación, Carlos Alberto Osorio, y contra varios dirigentes de PDVSA, sin embargo, los delincuentes acababan siempre absueltos”, explica Ortega, atribulada por vivir exiliada en Colombia.

Esa situación la animó a investigar desde el Ministerio Público a supuestos corruptos sin entregar el resultado de las indagaciones a los tribunales de Caracas porque conocía de antemano que iban ser censuradas. De esa forma, explica a El Confidencial, los desmanes de Raúl Gorrín y la red clientelar que operaba a favor de personalidades como Maduro y su esposa los denunció directamente a la autoridades estadounidenses en 2016. Desde entonces, tres causas llevadas en Florida atribuyen a Gorrín y sus compadres esquemas de corrupción y de blanqueo de capitales por valor de miles de millones de dólares.

El Departamento de Tesoro ha sancionado por esos motivos a Gorrín y a gran parte de su familia y socios, incluido al propio Nicolás Maduro. El pasado mes de noviembre, el testaferro del propietario de Globovisión en Estados Unidos, Alejandro Andrade, fue condenado a 10 años de prisión por corrupción internacional y blanqueo de capitales. Andrade colaboró con la justicia norteamericana para rebajar su condena y testificó contra Gorrín y varios altos funcionarios y políticos de peso de Venezuela.

En julio de 2018, un auto de acusación del Tribunal del Distrito Sur de Florida acusó a Nicolás Maduro, a sus hijastros o «chamos» y a Raúl Gorrín, entre otros, de haber participado en una trama de corrupción por la que se desviaron 1.200 millones de dólares entre diciembre de 2014 y mayo de 2015. Ese capital, proveniente de la estatal petrolera Pdvsa, habría sido blanqueado en diferentes países, entre ellos, Estados Unidos, Suiza o Panamá. Los hijastros del presidente de Venezuela recibieron del entramado unos 159 millones de euros y Raúl Gorrín más de 68 millones, siempre según el auto de acusación.