Varios países piden indagar más tras informe sobre tortura y ejecuciones en Venezuela
En el informe de la Misión Independiente de la ONU, presentado en días pasados, se vincula a Maduro con crímenes de lesa humanidad
Nueve países y la Unión Europea solicitaron que se realicen investigaciones internacionales tras las denuncias contenidas en el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, un mandato del Consejo de Derechos Humanos, luego de que dicha instancia vinculara a altos funcionarios venezolanos con delitos de lesa humanidad en el país.
La petición de estos países se dio durante la 45 sesión del Consejo de Derechos Humanos, donde se presentó formalmente los resultados de esta Misión establecida en 2019 sobre el país. También coincidieron en la necesidad de que el Estado venezolano investigue de manera independiente las denuncias contenidas en el informe y detenga las prácticas identificadas como lesivas a los DDHH.
El representante de la Unión Europea ante el Consejo de DDHH de la ONU resaltó que las conclusiones de la Misión de Determinación de Hechos corroboraron «nuestras sospechas de que en Venezuela se cometen violaciones y crímenes contra la población de manera sistemática, lo que es un crimen de lesa humanidad».
Por ello instó a Venezuela a colaborar con la Misión, de la cual pidieron se prorrogue su mandato, y continuar su relación con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
Dicha petición fue respaldada por la representante de Perú, a nombre del grupo de Lima, que además dedicó palabras de apoyo a familiares y víctimas por brindar sus relatos a la Misión, y reiteró que al país «debe regresar el Estado de Derecho para que pueda haber justicia».
La representanción de Liechtenstein pidió al gobierno venezolano seguir las recomendaciones del informe, cooperar con la Misión y permitirle el ingreso al país para seguir investigando otros hechos, cuestión que fue respaldada por Alemania, quien dijo que «el reporte es muy claro» sobre la responsabilidad de ciertos funcionarios en delitos y la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos en el país.
Mientras, el representante de Eslovenia -uno de los países que reconoce a Guaidó como mandatario interino- pidió al Estado venezolano se detengan estas prácticas y adopten las recomendaciones del informe, además de investigar las denuncias de violaciones a derechos humanos.
También solicitaron que se tomen las medidas necesarias para liberar a todos los presos por razones políticas y detenidos de forma arbitraria. «La extensión de la Misión es importante para investigar estos hechos» resaltó el embajador esloveno.
Portugal se unió a las voces en rechazo a la falta de cooperación de las autoridades venezolanas con la Misión, y reiteró la petición de que se mantenga la cooperación de Venezuela con la Alta Comisionada Michelle Bachelet, así como que se permita la Misión.
La representante de Brasil aseveró que el informe demuestra la responsabilidad de mando de Nicolás Maduro sobre este tipo de delitos, algo que alarma «profundamente a Brasil pero no nos sorprende, corrobora lo que escuchamos todos los días de miles de venezolanos que relatan estas violaciones a los derechos humanos».
Por esto solicitó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a que «considere la necesidad de las víctimas que se haga justicia inmediatamente. Demorar la justicia es denegarla», además de pedir que se profundicen investigaciones sobre las violaciones al contexto democrático, especialmente este año, «en un contexto de corrupción y crimen trasnacional».
Ecuador solicitó que se realicen investigaciones «rápidas, imparciales y exhaustivas para que los autores rindan cuentas ante la justicia», al tiempo que reiteraron que «la necesidad de una transición pacífica, democrática y ordenada como una vía de lograr una convivencia para todos los venezolanos».
La representanción de Francia recordó al gobierno venezolano que, «como miembro del Consejo debe respetar los tratados internacionales sobre derechos humanos. Solicitamos poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, detenciones forzadas y torturas».
También hicieron un llamado a la creación de un espacio humanitario en Venezuela, con el objetivo de dar atención a las personas más vulnerables.
Mientras que Bélgica manifestó estar «particularmente preocupados por las muertes cometidas por el Cicpc y las FAES. Llamamos a las autoridades venezolanos a realizar investigaciones transparentes sobre las muertes cometidas por estas fuerzas. También solicitamos monitorear las precarias condiciones de presos en El Helicoide y Plaza Venezuela».
Solo Cuba y Etiopía rechazaron el informe presentado por la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela. En representante cubano aseveró que tanto el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como otros mecanismos estaban siendo utilizado «para continuar la guerra no convencional contra este país» para justificar una «agresión militar» en territorio venezolano.
Cuba además rechazó el diálogo interactivo, «las sanciones y la guerra no convencional contra Venezuela con la cual les han robado millones de dólares en bancos en el exterior».
La defensa de Valero
Jorge Valero, embajador del régimen de Nicolás Maduro ante el Sistema de Naciones Unidas, insistió este miércoles 23 de septiembre que el informe presentado por la Misión de Verificación de la ONU fue «pagado por Estados Unidos». En ese sentido, solicitó que se haga una contraloría para saber cómo se gastaron los recursos de esta misión que solo consultó ONG «que han atentado contra la estabilidad» del país.
“(EEUU pagó) $3 millones para posicionar el informe y dañar las relaciones con otros países y la cooperación con la oficina de Michelle Bachelet. Despilfarran el dinero de la ONU haciendo un trabajo fantasma», destacó la mañana de este miércoles 23 de septiembre en Ginebra.
En ese sentido, dijo que la realización de este tipo de informes lo que hace es «despilfarrar» el dinero de las Naciones Unidas cuando debería haber un fortalecimiento de la resolución con la Alta Comisionada de DDHH del organismo, Michelle Bachelet.
Recalcó que la justicia venezolana ha tomado cartas en el asunto, ya que los funcionarios que han cometido este tipo de delitos han sido sancionados debidamente y la Fiscalía actuó con «diligencia», recordando además que Maduro firmó un «indulto» a finales de agosto que benefició a 110 personas.
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Aprovechó para denunciar que existen «planes intervencionistas y terroristas» como lo ocurrido en mayo en las costas de Chuao y Macuto y dijo que ese informe es una visión del Grupo de Lima que «ha parido un «Gedeón político».
Jorge Valero, representante de Maduro en Consejo de Derechos Humanos ONU, denuncia “planes intervencionistas y terroristas” contra Venezuela por el informe de la Misión de Determinación de Hechos, donde se documentaron violaciones de derechos humanos. #JusticiaParaVenezuela pic.twitter.com/xOBlq4tZJi
— PROVEA (@_Provea) September 23, 2020
«Venezuela es un país soberano que avanza hacia la justicia social, por el camino de la paz y reitera su plena voluntad de continuar estrechando los lazos de cooperación y asistencia técnica con la Oficina de la Alta Comisionada», dijo.
Resultados de la Misión
Antes de la intervención de Valero, la jefa de la Misión de Verificación de la ONU, Martha Valiñas, quien junto a su equipo de trabajo presentó un informe el 16 de septiembre en el que vinculó al mandatario venezolano Nicolás Maduro, junto a varios ministros de su gabinete y las fuerzas de seguridad con crímenes de lesa humanidad, resaltó que actuaron «con independencia e imparcialidad» para elaborar el documento y señaló que el análisis hecho a los casos fue complementado con análisis legal, lo que les llevó a concluir lo dicho en días pasados.
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«Nos llevó a tener motivos razonables para creer que estas violaciones fueron cometidas como parte de una linea de conducta generalizada y sistemática y de conformidad con políticas de Estado y que por esa razón, constituyen crímenes de lesa humanidad», declaró Valiñas.
En ese sentido, indicó que tanto autoridades de «alto nivel» de las fuerzas de seguridad, de los cuerpos de inteligencia y de la administración de Maduro, «que ejercen autoridad y control» sobre ellas, adoptaron dichas políticas y contribuyeron a implantar procedimientos no permitidos y que resultó en la comisión de estas transgresiones.
#23Sep Marta Valiñas, jefa de la Misión de verificación de la ONU, recomendó que “las autoridades venezolanas pongan fin de inmediato a las graves violaciones de derechos humanos que hemos documentado y que garanticen la justicia para las víctimas”. #TVV #TVVNoticias pic.twitter.com/P9mt3AP61z
— TVV Noticias (@TVVnoticias) September 23, 2020
Recordó que el «estándar de prueba» bajo el que se rigen para hacer el informe, «es más bajo que aquél necesario para condenar a una persona a un proceso judicial», por lo que son las autoridades competentes las que deben determinar las responsabilidades individuales con la legislación pertinente.
Martha Valiñas indicó que una de las recomendaciones es que se ponga de inmediato un punto y final a las violaciones de DDHH que se cometen en Venezuela y que las autoridades realicen una rendición de cuentas de aquellos responsables. Además, deben garantizar justicia a las víctimas, reparaciones de daños, protección y asistencia.
Pide que el Estado venezolano coopere con la oficina de la Alta Comisionada «así como cualquier otro órgano nombrado por este Consejo», ya que «no existen antagonismos entre estas labores». En ese sentido, manifestó que es «imperativo» hacer las investigaciones y que se juzguen a los responsables de las violaciones a los DDHH.
