Empresarios no creen que nuevo esquema cambiario tenga efectos positivos en la economía

Líderes empresariales del sector privado afirman que la medida llega tarde, en un contexto marcado por una fuerte contracción del PIB y por una hiperinflación que se espera cierre el año en 10.000.000%

La medida del Banco Central de Venezuela (BCV) que autoriza a la banca la compraventa de divisas a través de mesas de cambio, no genera confianza –factor fundamental para recuperar la economía– ni supone un paso importante hacia la reactivación del aparato productivo del país, cuya actividad económica ha caído más de 50% desde que Nicolás Maduro asumió el poder en 2013, aseguraron líderes de gremios empresariales.

La presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, afirmó que la medida no genera la confianza suficiente como para que el intercambio de divisas se traslade del mercado paralelo al oficial. “La mayoría de las transacciones se mueven en el mercado no oficial porque no hay tanta burocracia, ningún tipo de restricción y porque genera mucha más confianza ante el rezago que en algunos momentos ha tenido el Dicom a la hora de hacer efectivos los montos adjudicados. Esa ineficiencia que ha demostrado ser el manejo de la asignación y adjudicación de divisas en estos últimos tiempos es lo que no genera confianza”, señaló.

Fueron más de 16 años de ensayo y error de un sistema de control cambiario que le concedió al Estado la exclusividad en el manejo de las divisas. La extinta Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi), establecida en 2003, dio arranque a la creación a lo largo de los gobiernos de Hugo Chávez y de Maduro de una serie de mecanismos oficiales de asignación de divisas, denunciados por casos de desvío de recursos. Aparentemente, el BCV le puso un freno a la constante renovación del sistema cambiario al emitir la resolución N° 19-05-01, en la que prácticamente informa que decidió dejar a un lado el Dicom y darles primacía a las mesas de cambio.

La líder del sector comercial sostiene que el nuevo esquema cambiario llega tarde, pues fue establecido en un contexto marcado por una fuerte contracción del producto interno bruto (PIB) y una hiperinflación que en marzo registró una tasa interanual de 1.623.656% –de acuerdo con la Asamblea Nacional (AN)– y que se espera que cierre el año en 10.000.000%, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al respecto, Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, sentenció que Maduro “destruyó” la economía venezolana en seis años. “Es responsable de la hiperinflación y del empobrecimiento de los venezolanos. Sobre él reposa todo un prontuario de irrespeto al Estado de derecho y a la propiedad privada, de modo que cualquier cosa que diga o haga no genera confianza”.

Explicó que la autorización de la compraventa de divisas es una medida “momentánea” que no viene acompañada de ninguna otra que incentive la producción o que reduzca la hiperinflación. En pocas palabras, de una política que estabilice las variables macroeconómicas. “Al no haber ninguna otra política que se instrumente, es claro que (la mesa de cambio) es una cosa netamente puntual que no va a traer consigo ningún tipo de recuperación de la economía”, añadió el titular de Conindustria.

El primer vicepresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, coincide con Olalquiaga al expresar que la medida tomada por el ente emisor sería positiva solo si estuviese insertada en un marco de cambio estructural del modelo económico. El empresario se pregunta cómo el Banco Central incentivará al mercado a participar en las mesas de cambio si la capacidad crediticia de la banca se sitúa en su mínimo histórico, consecuencia de un encaje bancario marginal en 100% que imposibilita a las instituciones financieras otorgar créditos.

Los líderes empresariales coincidieron en que la decisión del BCV responde a la medida que en abril aplicó el Departamento del Tesoro al BCV y a la imposibilidad del gobierno de ofrecer divisas por el mermado flujo de caja en dólares producto de la caída de la producción petrolera, que en marzo se situó en 732.000 barriles diarios, y de las sanciones que impuso Washington contra Pdvsa en enero.