En Caroní quieren echar mano de la minería para «oxigenar» las arcas del Ayuntamiento
Tito Oviedo figura como administrador principal de la empresa y el decreto se emitió sin estudio de factibilidad económica ni de impacto ambiental, y no precisa en qué área se extraerán los minerales
Texto: Laura Clisánchez / Correo del Caroní
El alcalde del municipio Caroní pretende echar mano de la minería para oxigenar las arcas del Ayuntamiento. Con ocho votos a favor de los ediles del Polo Patriótico, la Cámara Municipal de Caroní aprobó este 15 de junio la creación de la empresa Ecominería Caroní, S.A. para la exploración, extracción y explotación a cielo abierto y minería subterránea de oro y otros minerales.
El decreto se aprobó sin previa revisión exhaustiva de los concejales, sin estudios de factibilidad económica y de impacto ambiental. Y no precisa si el oro y otros minerales serán extraídos en Caroní o en otros municipios. Solo precisa que la sociedad nace para “contribuir con el ingreso municipal” bajo la tutela del alcalde Tito Oviedo.
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La bancada de la oposición (tres ediles) se abstuvo y salvó el voto por el daño ambiental que va a implicar, la falta de transparencia del decreto y el conflicto de competencias según lo establecido en la ley: es el Gobierno nacional, y no estadal o municipal quien, a través del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, tiene competencia absoluta sobre la extracción de minerales de acuerdo con lo establecido en el artículo 302 de la Constitución.
Ecominería Caroní tendrá licencia para la comercialización, compra y venta de minerales metálicos y no metálicos, material aurífero, insumos e implementos mineros, productos procesados y por procesar de la actividad minera y la importación y exportación de productos mineros procesados o no.
Amparándose en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, sobre el poder que tiene la municipalidad para la creación de instituciones autónomas, Roberth Rivas, concejal y vicepresidente de la Cámara Municipal manifestó durante su derecho de palabra que: «Este es un pueblo minero, es necesario que legalicemos la compra de mineral aurífero en este municipio, porque es una zona minera y tenemos que legalizar la minería. Venimos con la firme intención de avanzar y seguir consolidando respuestas inmediatas para nuestro pueblo».
Sin fundamento
Por 50 años prorrogables, la compañía podrá ejercer la minería directamente con recursos propios o a través de empresas privadas por medio de alianzas estratégicas, tal como funciona en el Arco Minero del Orinoco (AMO).
Aliana Estrada, presidenta de la Comisión de Ambiente, Ecología y Desarrollo Agrario del Concejo Municipal de Caroní, señaló durante su derecho de palabra que el decreto se emitió sin previo estudio de factibilidad económica de la empresa, sin estudios de impacto ambiental y sin que quede claro cuántos empleos va a generar o a cuál órgano estará adscrita.
Destacó que el capital de la compañía es de apenas 10 mil dólares. «Esta empresa que se está ofertando tiene una factibilidad económica en entredicho. ¿Cómo es que están creando una empresa minera para satisfacer sus necesidades sociales cuando hoy sabemos que el capital de la empresa es menor que la maquinaria que se requiere?», cuestionó Estrada.
La bancada de la oposición sostiene que la empresa carece de seguridad jurídica y solidez, además de que no hay garantías de que sea sustentable.
«La ley minera nacional prohíbe que los estados y los municipios se encarguen de la extracción minera (…) Aparte de eso, toda la extracción minera que se da en el estado Bolívar es ilegal. Nosotros debemos garantizar la seguridad jurídica y solidez de la empresa, su dinamismo, sostenibilidad, permanencia, equidad, para garantizar una justa distribución de las riquezas, y nada de eso está fundamentado», concluyó.
«La bancada de la oposición no votará por este delito ambiental»
Aida González, vicepresidenta de la Comisión de Ambiente, Ecología y Desarrollo Agrario, argumentó que Caroní es uno de los municipios con mayor cantidad de comercios -y altas tasas de impuestos sobre actividades económicas- y potencial turístico, cuyos ingresos no se ven reflejados en mejoras para la municipalidad.
«¿Por qué decidieron la creación de una empresa ecominera en un municipio como este, donde los ingresos son grandes y no son transparentes? Tendremos destrucción del ambiente sin tomar en cuenta que este municipio ya tiene ingresos, ¿dónde están esos ingresos? Resulta que el municipio está de mal en peor», cuestionó aludiendo a los 450 mil dólares que fueron aprobados en la cámara el mes de marzo, para mejoras en el municipio y para el funcionamiento de Supraguayana.
«Este es otro barril sin fondo (Ecominería Caroní, S.A.), al año van a pedir un crédito adicional o a crear otra empresa porque esta no les resultó», zanjó.
«Esto demuestra la incapacidad de gobernabilidad que tiene el ciudadano alcalde, sencillamente está quebrado», expuso durante su derecho de palabra el concejal de oposición Eduardo Rodríguez.
Rodríguez denunció que el proceso de presentación del decreto carece de transparencia y que a los concejales no se les envió la opinión del contralor y síndico procurador, tal como establece la legalidad del protocolo.
Minas para cada Gobernación
La actividad minera legal –y mayoritariamente ilegal– se extiende paso a paso por todos los municipios del estado Bolívar, con el auspicio del Estado.
En 2019 Nicolás Maduro hizo pública la asignación de minas de oro productivas para cada Gobernación y otras entidades públicas, siempre que no estuviesen encabezadas por políticos de la oposición. La adjudicación de estos yacimientos también se ejecuta en completa opacidad.
