En Nicaragua corre guion de persecución y «terrorismo» contra la disidencia
Organizaciones civiles de Nicaragua acusan al Gobierno de Daniel Ortega de «terrorismo de Estado» en medio de una política sistemática de persecución a la disidencia que ha alcanzado a varios sectores del país. El 23 de marzo, el Gobierno español reportó que ha recibido la solicitud de nacionalidad de 81 de los nicaragüenses expulsados en febrero. A principios de marzo, Ortega se reunió en Caracas con Nicolás Maduro
La Coalición Nicaragua Lucha, integrada por 20 organizaciones opositoras y defensoras de derechos humanos, pidieron el 24 de marzo a la comunidad internacional alzar la voz sobre el «terrorismo de Estado» que vive el pueblo de ese país tras las decisiones del presidente Daniel Ortega y de su esposa, Rosario Murillo.
«Llamamos a los Gobiernos a alzar la voz: ¡Nunca más persecución política, nunca más al terrorismo de Estado!», enfatizó la coalición.
Apelaron al sistema universal de derechos humanos, «cuyas organizaciones e instituciones multilaterales se han visto rebasadas ante un Gobierno sin voluntad de diálogo, ni sentido común».
La Coalición también denunció»la estrategia de autoaislamiento que el Gobierno de Ortega-Murillo pretende concretar en desacato permanente y ante la mirada de instituciones y organizaciones de derechos humanos».
En ese sentido, subrayaron que la reciente etapa del terrorismo de Estado que vive el pueblo de Nicaragua «cobra nuevamente protagonismo tras la criminalización y judicialización de miembros de la Iglesia católica y el clero, la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano, sumado al cierre de emisoras y organizaciones sin fines de lucro».
En febrero pasado, una veintena de exjefes de Estado y de Gobierno que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) emitieron un comunicado en el que reprocharon que la mayoría de los países Latinoamérica, no haya condenado las medidas tomadas por la administración de Daniel Ortega en Nicaragua contra los presos políticos.
Para IDEA fue una medida dictatorial el destierro de 222 personas y la condena contra el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez.
Reunión Ortega-Maduro
A principios de marzo, el gobernante Nicolás Maduro se reunió en Caracas con Daniel Ortega, quien vino al país para los actos oficialistas por los 10 años de la muerte del expresidente Hugo Chávez.
Tras el encuentro, los mandatarios apostaron por «caminar unidos» en «defensa de la soberanía». Desde 2007, ambos gobiernos estrecharon relaciones y se unieron contra el «intervencionismo» de Estados Unidos.
El 22 de marzo, el gobierno de Nicaragua designó a Daysu Torres, exalcaldesa de la ciudad de Managua, como su embajadora ante Venezuela.
«La compañera Daysi Torres, exalcaldesa de Managua, con tanto recorrido victorioso, como comunicadora, vicealcaldesa del campeón, Alexis Argüello, campeón del pueblo, luego como alcaldesa, ha sido ya reconocida por el gobierno bolivariano de nuestros hermanos venezolanos como embajadora, se ha aprobado su plácet» informó Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua.
Las caras de la persecución en Nicaragua
La persecución del gobierno de Ortega contra la disidencia ha tenido varios blancos en el primer trimestre de 2023.
Desterrados. En febrero, más de 300 presos políticos fueron despojados de su nacionalidad. Antes de eso, el 9 de ese mes, 222 de estos ciudadanos ya habían sido deportados a los Estados Unidos y privados de su nacionalidad por el Tribunal de Apelaciones de Managua.
En el grupo figuran, entre otros, los precandidatos presidenciales Cristiana y Juan Sebastián Chamorro, el empresario Pedro Joaquín Chamorro, el líder campesino Medardo Mairena, la defensora de derechos humanos Ana María Vijil y la excomandante guerrillera Dora María Téllez.
Tras la medida, sobre la que Daniel Ortega aseguró no hubo negociación con EEUU, el secretario de Estado, Anthony Blinken, señaló que «marca un paso constructivo para abordar los abusos contra los derechos humanos en el país y abre la puerta a un mayor diálogo entre Estados Unidos y Nicaragua sobre temas de interés».
El 23 de marzo, el Gobierno español reportó que ha recibido la solicitud de nacionalidad de 81 de los nicaragüenses expulsados del país por el gobierno de Ortega. Los desterrados denunciaron que Ortega les suspendió el pago de sus jubilaciones.
Para la Unión Europea (UE) el destierro de los perseguidos es una medida sin sustento: «Estas acciones son injustificables y corren el riesgo de profundizar el aislamiento internacional de Nicaragua».
«Los crímenes cometidos contra estas personas no deben quedar impunes, y sus derechos deben ser restituidos a la mayor brevedad posible. En Nicaragua sigue habiendo personas encarceladas y torturadas por pensar distinto, sigue habiendo personas que conviven a diario con el temor de ser arrestadas, juzgadas y sentenciadas sin ninguna garantía legal y procesal. El régimen de Nicaragua sigue siendo ajeno a los principios de la democracia y el respeto a los derechos humanos, y tenemos que seguir denunciando sus atropellos», enfatizó la Organización de Estados Americanos (OEA).
Al mismo tiempo, la OEA apuntó que la decisión judicial contra los 94 disidentes fue similar a la acusación: carece de hechos concretos imputados a estas personas.
«Lo que aquí se castiga con la privación de la nacionalidad y otras sanciones (entre otras, la confiscación de bienes) no es otra cosa que la crítica continuada a la dictadura de Ortega/Murillo por parte de estos ciudadanos».
Contra la Iglesia. El 17 de marzo, monseñor Marcel Diouf, encargado de negocios de la Nunciatura en Managua, se trasladó a Costa Rica luego de la solicitud del gobierno de Ortega de cerrar la sede diplomática.
La ruptura de relaciones diplomáticas se produjo después de que el papa Francisco expresó su preocupación por la condena a monseñor Rolando Álvarez.
«Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige Nicaragua (Daniel Ortega). Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio», expresó Francisco.
El 10 de febrero, Álvarez fue condenado, un día después de que negase formar parte del grupo de 222 presos políticos excarcelados y desterrados.
Aunque el prelado no fue desterrado, el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) también lo despejó de su nacionalidad. Se le sentenció por los delitos de traición a la patria, obstrucción de funciones, agravada desobediencia en perjuicio de la sociedad nicaragüense y difusión de noticias falsas.
El 14 de febrero, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) expresó su solidaridad con la Iglesia de Nicaragua, tras los ataques y la condena a 26 años de prisión contra monseñor Rolando Álvarez, quien se negó a abandonar el país por las presiones del régimen de Daniel Ortega.
La administración de Ortega también ha expulsado a varios sacerdotes y otros religiosos de Nicaragua, como la congregación de las Hermanas de la Caridad.
Ataque al empresariado. A principios de marzo de este año, el gobierno de Ortega y Murrillo canceló la personería jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y de 18 cámaras del sector privado por supuesto incumplimiento de sus obligaciones conforme la ley, ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, del Ministerio de Gobernación; todos bajo el control del presidente.
El presidente de Cosep, Michael Healy, su vicepresidente Álvaro Vargas y el expresidente José Adán Aguerri forman parte del grupo los 222 presos políticos desterrados a EEUU.
Las fricciones entre el gobierno de Nicaragua y el empresariado aumentaron desde 2018, cuando la directiva del Cosep repudió la matanza, respaldó el paro nacional, y declaró que Ortega debía renunciar a la Presidencia de la República. Esto se tradujo en la suspensión del Modelo de Diálogos y Consensos, con los que el sector privado llegó a cogobernar el país centroamericano durante una década.
Además, Ortega canceló la personalidad jurídica de la Asociacion de Bancos Privados (Asobanp).
Cierre de ONG. También en febrero, un mes negro en Nicaragua, el Gobierno clausuró otras 25 organizaciones no gubernamentales, con lo cual se elevaron a a 3.273 las organizaciones ilegalizadas.
El argumento del Ministerio de la Gobernación fue que las ONG estaban en abandono «y tener entre 2 a 15 años de incumplimientos de sus obligaciones conforme a las Leyes que los regulan».
Contra la prensa. El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN). informó en febrero que al menos 22 periodistas nicaragüenses, críticos con el régimen de Daniel Ortega, han sido declarados «traidores a la patria y despojados de su nacionalidad».
«Entre el grupo de 317 personas despojadas de su nacionalidad y de todos sus bienes totalizan más de 20 periodistas y personas dedicadas a la comunicación y dirección de medios de comunicación independientes», denunciaron.
Universidades canceladas. El Gobierno de Nicaragua, mediante el Ministerio de Gobernación, canceló el 14 de marzo otras dos universidades privadas: la Universidad Panamericana de Nicaragua (UPAN) y la Universidad del Pacífico (UNIP), ambas registradas como asociaciones. La medida incluyó el decomiso de bienes e inmuebles.
Con esto se contabilizan 21 universidades ilegalizadas desde diciembre de 2021, incluidas siete de origen extranjero.
*Lea También:Gobierno de Nicaragua quita la pensión a los opositores que fueron desterrados
