#ForoTC | Régimen de Maduro «colabora» con la CPI para evitar avance en su investigación
Expertos explican a TalCual cuáles son las implicaciones del informe de la CPI sobre el gobierno de Nicolás Maduro, al cual acusan de ejecutar prácticas violatorias a los derechos humanos de los venezolanos
En diciembre 2020 la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, presentó en su reporte anual los avances del examen preliminar del caso Venezuela I, una investigación iniciada por dicho ente en 2018 para indagar sobre posibles delitos cometidos durante manifestaciones y disturbios políticos en el país. Allí aseveró que hasta la fecha existen fundamentos razonables para pensar que, en efecto, se han cometido crímenes de lesa humanidad, al menos desde 2017.
Como ese, otros informes, entre ellos el de Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela ordenada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas —en donde también se señala a Nicolás Maduro y altos funcionarios de su gobierno como responsables de la ejecución de prácticas violatorias de derechos humanos— han empujado la lucha por la búsqueda de la justicia y reparación para las víctimas.
Representantes del oficialismo ni siquiera quisieron dar una respuesta oficial al ente tras la publicación de ese documento, pues pretende no reconocer ninguna legitimidad de la Misión, y al hablarle se la estarían dando.No así ha sido su respuesta hacia la CPI, pues, de acuerdo con Andrea Santacruz, directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, el régimen de Maduro se muestra como un actor activo y colaborador con este organismo judicial internacional por una sencilla razón: venderle su verdad y convencerlo de que los asesinatos cometidos en Venezuela no forman parte de un patrón o de una política de Estado.
Lejos de ser actos aislados, estos crímenes, según dijo la ONU «se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento y el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno», que señaló directamente a Nicolás Maduro y Néstor Reverol y Vladimir Padrino López.
Para la abogada, el gobierno venezolano busca «victimizarse» para evadir sus obligaciones en materia de derechos humanos, y dice que son víctimas, por ejemplo, de las sanciones estadounidenses. También hay otras intenciones de fondo que, a su juicio, buscan evitar que las investigaciones realizadas por el ente avancen.
«¿Por qué ellos no han reaccionado de forma negativa ante la Corte?, porque tienen la expectativa de lograr que la CPI no avance y actúan como actores activos en el proceso, porque tratan de hacer ver que en Venezuela no ocurren crímenes de lesa humanidad, sino que son hechos aislados», aseveró Santacruz.
En tal sentido, la doctora en Derecho Thairi Moya Sánchez alegó, en el foro de TalCual «Informe CPI, claves para entender cómo actúa la justicia internacional», que el oficialismo ha respondido diferente a la Corte, en comparación con como lo ha hecho con otros entes internacionales, porque sabe que es una organización que tiene la potestad de dictar sentencias y llevar a prisión a los culpables de la comisión de delitos internacionales.
La Corte no entiende de tiempos
Sánchez explicó además que la duración de los exámenes preliminares es algo indefinido, pues así lo establece el ente, a fin de no limitar las investigaciones que lleva a cabo, que implican un arduo trabajo. No obstante, aclaró que sí se establecen lapsos procesales cuando se convierte en un caso oficial, que amerita enjuiciamiento de los investigados. Antes de esto, ni siquiera en las cuatro etapas del examen preliminar, se asignan periodos de «caducidad».
Para ejemplificar cómo funcionan los tiempos para la Corte, recordó entonces el caso de Colombia, país que desde el año 2004 se encuentra en exámen preliminar y en investigaciones referentes a «procedimientos nacionales que abordan la promoción y expansión de los grupos paramilitares; desplazamiento forzoso; delitos sexuales y de género; y los homicidios conocidos como ‘falsos positivos'», que fueron cometidos en dicha nación, según consideración de la Corte.
Sobre eso, Calixto Ávila, actual representante de la ONG Provea en Europa, indicó que el exámen preliminar de nuestra nación va a tomar mucho tiempo. No obstante, la fiscal de la CPI estimó que los casos Venezuela I y II estarían cerrados a mediados del próximo año, entre junio y julio, fecha para la cual está prevista finalice su mandato y asuma un nuevo fiscal.
El también abogado dijo que este proceso que emprendió la justicia internacional no es un carrera de 100 metro en la que hay que llegar de primero. Por el contrario, cree que es un hecho que requiere de la participación de la sociedad civil y de las víctimas, para así alcanzar la verdad y la debida reparación.
A propósito de eso, dijo Santacruz que el hecho de que en Venezuela no existiera un sistema judicial imparcial, no independiente, podría acelerar los procesos penales en la organización, mas estuvo de acuerdo con lo que todos dijeron: el exámen avanzará lentamente.
«Venezuela no es el único país de la región con un examen preliminar en curso. También está Colombia y, creo, México. La justicia tardía no es justicia, pero en Venezuela, para las víctimas, que no tienen la posibilidad de verla plasmada (en referencia a la reparación), creen y esperan por la justicia internacional», expresó.
Detrás de ellos irá la justicia
Si bien el abogado Ávila explicó que, por ser una Corte con competencia a nivel global, algo que le dificulta condenar a todos los crímenes que les compete revisar, esta se concentra en condenar a los principales responsables, como por ejemplo quienes tenían control de un territorio cuando ocurrieron los hechos, también puede caer el peso de la ley en particulares que no sean funcionarios.
En Venezuela, de acuerdo con Francisco Cox, uno de los tres expertos que encabeza la Misión de Verificación de Hechos comisionada por la ONU, se logró determinar nombres de efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) que están involucrados en los crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014, en la investigación que realizaron entre el 2 de diciembre de 2019, hasta semanas ante del momento de la publicación del informe (septiembre 2020). Pero no sólo ellos podrían ser juzgados.
«Ese tipo de responsabilidad no solo se deriva de normas legales que, por ejemplo, en un momento dado atribuyan el mando sobre tropas o fuerzas policiales o individuos particulares, en el caso de un ministro. También crímenes cometidos por personas que no necesariamente cumplen una función o están en un cargo previsto en una Constitución de un Estado son sancionados», señaló Ávila, refiriéndose a los «colectivos», grupos afectos al chavismo que han perpetrado hechos violentos en contra de los ciudadanos, en reiteradas ocasiones.
Al respecto, comentó que la Corte Penal Internacional tendría que ver si estructuras de colectivo podrían desarrollar o ser parte de una política de Estado que tiene como fin atacar población civil, e investigar cuál fue la influencia en su actuación de los más altos responsables.
El mismo Cox, en una entrevista para TalCual aseguró que habían determinado que en Venezuela una de las dos políticas de Estado que les daban motivo suficiente para considerar que se cometen crímenes de lesa humanidad en el país era «la represión silenciamiento y aplastamiento de la oposición».
Testigos y víctimas desprotegidos
Para Santacruz, Tarek William Saab, el fiscal general que fue designado por la Asamblea Nacional Constituyente, y el gobierno de Maduro en general, invitó al equipo de la CPI al país, porque actualmente existen restricciones por la pandemia y no hay las condiciones dadas para que el ente pueda aceptar visitar el país. No obstante, cree que en caso de que aceptara, los riesgos para las víctimas son altos.
«El sistema de la corte penal no sería tan efectivo para el cuidado de las víctimas. Hasta el momento su testimonio es confidencial (…) pero qué pasaría si la Corte viniera?», preguntó.
ONG que denuncian la violación de derechos humanos en Venezuela, entre ellas Provea, Cofavic, y el Cepaz, se incluyeron en uno de los informes de la ONU por ser víctimas de represalia del Estado venezolano, y fue presentado en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos. De esa forma, según Calixto Ávila, esas organizaciones podrían ser testigos o testimonios de un crimen de persecución hacia un grupo de personas o personas con identidad propia que son perseguidas por el Estado venezolano. Esto, ante los ojos de la CPI, también engrosan el expediente que se está armando sobre el caso del gobierno de Nicolás Maduro, puntualizó Moya Sánchez.
Actualmente, la Corte Penal Internacional tiene una oficina de atención a las víctimas. De hecho, habilitó también en su página web oficial una espacio en donde los afectados se pueden contactar directamente con investigadores asignados, para hablar sobre el caso, pero primero deben enviar una series de documentos para hacer la solicitud formal.
Para ver este foro completo sobre las implicaciones del informe de la Corte Penal Internacional sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, así como la violación flagrante a los derechos humanos, un tema ya documentado por TalCual en su serie audiovisual La República que tortura, puede pulsar el siguiente link.
