Encadenados: homofobia estatal pelotea exigencia de la comunidad Lgbti
Activistas de la comunidad Lgbti exigen al Estado venezolano la aplicación del artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil para el cambio de nombre de personas trans e intersex, la derogación del artículo 565 del Cogido Orgánico de Justicia Militar para la despenalización de la homosexualidad en las Fuerzas Armadas y que se debata Proyecto de Ley del Matrimonio Civil Igualitario introducido por iniciativa popular en el año 2014
«Doblegarnos no es una opción», dice sentado en una silla de ruedas y encadenado a un banco frente a la Defensoría del Pueblo, Javier Ávila, uno de los tres activistas por los derechos de la comunidad Lgbti que desde el lunes 20 de noviembre se mantienen en protesta para exigir al Estado y todas sus instituciones diligencia en la atención y respuesta a los temas en materia de derechos humanos solicitados por este sector de la población.
El desinterés del Estado para atender las exigencias que urgen a la comunidad sexo-diversa se nota a leguas. El peloteo viene de todos lados, desde el Poder Ejecutivo, que a pesar de considerarse «inclusivo» no ha implementado políticas públicas para atender los problemas de la comunidad Lgbti; desde el Poder Judicial, que no ha respondido a demandas en las que se denuncia la falta de acceso al cambio de nombre por razones de género, establecido en el Código Civil; y también por parte de la Asamblea Nacional, señalada desde el activismo de estar en omisión legislativa por no someter a discusión el anteproyecto de Ley de Matrimonio Igualitario, que hace ocho años más de 21 mil personas pidieron fuese discutido.
«Ellos (los funcionarios del gobierno) están tratando de excusar la falta derecho que tenemos y la falta de respuestas del Estado», comenta Javier Ávila.
El activista asegura que él, al igual que sus compañeros, están dispuestos a permanecer encadenados y en protesta «el tiempo que debamos estar, hasta recibir una respuesta contundente».
La declaración de Ávila es una respuesta a un escueto comunicado, leído la tarde del 23 de noviembre en las adyacencias de la sede de la Defensoría, ubicada en el centro de Caracas, por el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, lleno de promesas, pero también de imprecisiones en cuanto a los tiempos de actuación y respuestas.
Ruiz aseveró que los activistas han sido atendidos por funcionarios de su despacho y reprochó que nunca se le hizo llegar un comunicado impreso, pese a que las exigencias de la comunidad son prácticamente las mismas, desde hace al menos 13 años.
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Kody Campos es otro de los activistas que se mantiene encadenado «por tiempo indefinido» en la sede de la Defensoría. Exige que se instale una mesa entre el activismo y los funcionarios del Estado para presentar cara a cara las peticiones.
«Sabemos que la Defensoría no puede legislar porque lo hace la AN, nosotros queremos fechas claras de cuándo es que se sentarán los movimientos sociales con estas instituciones que han tenido omisión por muchos años», menciona Campos.
Campos recuerda que el Tribunal Supremo de Justicia tiene hasta 18 años de retardo en demandas por solicitudes de cambio de nombre en los documentos de identidad. La AN tiene ocho años de mora y el Consejo Nacional Electoral 13 años.
Rechaza que el defensor Ruiz intente invalidar los reclamos y actuaciones que la sociedad civil organizada ha mantenido por años. Desmiente a Ruiz y asevera que han enviado comunicaciones por medio de uno de sus directores, identificado como Edward Terrada y no recibieron respuestas.
«No queremos estar encadenados y arriesgar nuestra integridad. Este es el último recurso para que nos atendiera. Vino una comisión de diputados enviada por la direccion de la AN, dijeron que harían unas mesas de trabajo, pero ahora no es hoy (23 de noviembre) sino el viernes (25 de noviembre). Queremos que se le de la seriedad y no banalicen el tema», reclama.
Kody Campos
¿Qué exige la comunidad Lgbti?La comunidad exige lo siguiente:
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«El activismo ha agotado la vía administrativa y judicial. Llevamos años haciendo marchas, llevando cartas, haciendo peticiones a la AN, al TSJ y al CNE. Venezuela es uno de los 68 países donde se criminaliza la homosexualidad con prisión de uno a diez años», explica a TalCual el activista Kody Campos.
Recuerda que en septiembre del 2021, la AN se hizo una reforma al Código Orgánico de Justicia Militar y el Parlamento ratificó el artículo 565 que permite que homosexuales en la FAN sean perseguidos, expulsados y detenidos. Rememora sobre este mismo punto que el TSJ tampoco ha hecho nada para promover su nulidad pese a que se han interpuesto demandas con este motivo.
«La AN hizo una comisión para atendernos y en esa comisión se dijo que se darían un derecho de palabra. No lo hicieron. Ningún activista ha podido entrar y hablar frente al foro político más importante», agrega.
Al preguntársele sobre si cree que los estigmas religiosos son los que mantienen estas iniciativas en el congelador, al menos en el Poder Legislativo, menciona que para nadie es un secreto que dentro del Parlamento hay diputados que promueven «leyes Catar» para perseguir a la comunidad, entre ellos el diputados oficialista Franklyn Duarte y Maribel Castillo, quien ha referido las terapias de conversión a la comunidad en televisión nacional.
Contra los crímenes de odio
En 2021, más de 16 personas gays, lesbianas y trans fueron asesinados por su orientación sexual o expresión de género. Activistas de distintas ONG protestaron en octubre de ese años frente a la sede del Ministerio Público para exigirle al organismo que investigue los crímenes de odio contra personas de la comunidad.
«La omisión también es discriminación, por lo tanto, le exhortamos en su carácter de fiscal general, así como a las máximas autoridades de este órgano de administración de justicia, a fijar posición pública sobre estos hechos y asumir el compromiso de hacer una investigación exhaustiva que permita el alcance de la justicia para las víctimas y sus familiares”, reclamaron los integrantes de distintas ONG y la Alianza Lambda de Venezuela.
En América Latina y el Caribe solo 11 países tipifican responsabilidades penales por delitos motivados por la orientación sexual. Venezuela no es uno de ellos, en realidad en el país la homofobia institucionalizada engaveta los casos de violencia contra la comunidad Lgbti.
Este es otro de los puntos medulares que desde el activismo Lgbti se exige. Sobre el tema, Paul Marticci, fundador de Trascendiendo Frontera, reclama, también encadenado a un banco frente a la Defensoría del Pueblo, que por la falta de atención a estos casos no hay estadísticas ni cifras medianamente reales sobre las víctimas de estos crímenes.
“En el caso de las chicas trans son crímenes muy violentos. Su identidad no es respetada en medios de comunicación, no se reconoce su nombre autopercibido. Hemos perdido hermanas víctimas de la transfobia y cuando se reseña en medio lo que ocurrió no se respeta la identidad y esto dificulta a las organizaciones cuantificar las denuncias”, señala.
Los tres activistas Lgbti coinciden en que «la comunidad no pide ni más ni menos». Llaman a organizaciones, defensores de derechos humanos y la sociedad civil a sumarse a la exigencia.
«Esta es la misma lucha que tienen las mujeres por el reconocimiento de sus derechos y la que se ha tenido en el mundo en rechazo a la discriminación racial. No hace falta ser gay o bisexual para reclamar igualdad o respeto a los derechos fundamentales», mencionan.
