Espacio Público denunció en la ONU que el Estado cerró 283 medios de comunicación
La ONG Espacio Público, que defiende el derecho a la libertad de expresión en Venezuela, denunció ante la ONU que entre 2015 y 2022 se registró el mayor número de casos de violaciones a la libertad de expresión de los últimos 20 años
La ONG venezolana Espacio Público denunció en la reunión informativa formal sobre Venezuela del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que entre 2015 y 2022 el Estado venezolano cerró, por acción u omisión, 283 medios de comunicaciónen Venezuela.
De acuerdo con la organización, en los últimos siete años se contabilizó el mayor número de casos de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela de los últimos 20 años. Además, precisó que la mayoría de estas acciones se realizaron a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y aseguró que no existen órdenes judiciales que justifiquen los cierres de los medios de comunicación.
A través de Conatel también se ordenó el bloqueo de 1.300 portales web entre 2016 y 2022, sin órdenes judiciales y «violando el ordenamiento jurídico y el derecho de la población a informarse».
Denunció ante la ONU que 482 personas fueron detenidas arbitrariamente, entre 2015 y 2022, y al menos 86 personas fueron procesadas bajo la “ley contra el odio”. La ONG indicó que la mayoría de las víctimas de estos actos fueron periodistas y trabajadores de medios de comunicación. También se contabilizaron casos de personas criminalizadas por expresarse en redes sociales y trabajadores del sector público que cuestionan la gestión del Estado.
*Lea también: Venezuela salió «trasquilada» en primer día de evaluación del Comité de DDHH de la ONU
Espacio Público hizo énfasis en la opacidad que persiste en los organismos del Estado y su negativa a proporcionar informacion. Denunció que de 77 peticiones de información enviadas en lo que va de año, solo recibieron dos respuestas.
En el primer día del quinto examen del Comité de DDHH de Naciones Unidas sobre el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos en el que se evaluó la situación de Venezuela en esta materia, Espacio Público exhortó al Comité mantener el «escrutinio sobre el Estado venezolano para exigir efectivo cumplimiento de las obligaciones internacionales en derechos civiles y políticos».
Los expertos del Comité realizaron preguntas con respecto al alcance de los estados de emergencia, ataques a defensores de derechos humanos, desapariciones forzadas y torturas, represión en las protestas y ejecuciones extrajudiciales por operativos en zonas pobres, independencia de la Defensoría del Pueblo y efectividad de las políticas anticorrupción.
En la evaluación Venezuela no salió bien parada en varios de los temas que se tocaron. El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, fue quien llevó la vocería principal y acusó la «sensibilidad» de los miembros del Comité al tiempo que descalificó a los expertos.
Ante las descalificaciones la presidenta del Comité de Derechos Humanos, Tania Abdo Rocholl, regañó a Venezuela por utilizar la mayor parte del tiempo asignado para descalificar a los expertos. «Esto no puede ser un diálogo bilateral denunciando a un experto sobre lo que hace tal país, porque así no se trabaja (…) Durante una hora hemos escuchado este tipo de calificaciones y no las vamos a permitir en el siguiente bloque».
