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Espacio Público: En 2022 aumentó el cierre de emisoras y zonas silenciadas en el país



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emisoras radio Espacio Público emisora
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Luisa Quintero | mayo 3, 2023

El director de Espacio Público explicó que algunos dueños de emisoras, debido a las restricciones institucionales, tienden a no denunciar con la esperanza de que les retornen la señal radioeléctrica. «El debilitamiento de los medios de comunicación es una política deliberada del Ejecutivo para construir miedo»


La ONG Espacio Público presentó este miércoles 3 de mayo su informe anual 2022 sobre la situación de la libertad de expresión e información en Venezuela, en el que se documentó el aumento del cierre de emisoras de radio y las «zonas silenciadas» dentro del país.

Durante la presentación del informe, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la ONG detalló que el año pasado se registraron 227 casos de violaciones, que se tradujeron en 468 denuncias.

Esta es la cifra de casos más baja desde 2003, dijo Carlos Correa, director de Espacio Público. También comentó que, si bien disminuyeron las denuncias, el año pasado aumentó la ocurrencia de casos mucho más graves, como el cierre de 81 emisoras de radio en todo el país.

Ese cierre de emisoras se intensificó en el último trimestre del año. Durante los meses de septiembre y octubre, los registros alcanzaron su punto más alto (30 y 46, respectivamente), debido a las acciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

*Lea también: CNP: en el país hay una política de Estado contra periodistas para generar censura

Funcionarios de Conatel alegaron que las radios operaban de manera clandestina tras no tener su estatus legal apegado a la ley; sin embargo, Espacio Público destacó que Conatel  incumple su mandato principal de regulación «al mantener en incertidumbre jurídica a la mayoría de las emisoras durante varios años».

Correa también explicó que algunos dueños de emisoras, debido a las restricciones institucionales, tienden a no denunciar con la esperanza de que les retornen la señal radioeléctrica.

«El debilitamiento de los medios de comunicación es una política deliberada del Ejecutivo para construir miedo», aseveró el director de Espacio Público.

#InformeVE2022 | Registramos castigos gubernamentales que funcionan como ejemplo para imponer la censura; entre ellos el cierre de Candela 92.9FM en San Carlos, estado Cojedes; los ataques y bloqueos a portales informativos; y las restricciones de acceso al papel prensa pic.twitter.com/XKhfs8I2Rs

— Espacio Público 🗣️ (@espaciopublico) May 3, 2023

Por su parte, Misle González, oficial de programa de medios de Espacio Público, señaló que en 2022 se documentó que en 13 estados del país no hay distintos medios de comunicación que promuevan líneas editoriales diversas, en comparación a las 10 entidades identificadas en 2019.

Estas «zonas silenciadas», como las denomina la ONG, son espacios donde la censura y autocensura priman sobre el derecho de todas las personas a acceder a la información. 

González explicó que la imposición del silencio en la cobertura informativa, afecta la diversidad de contenidos fundamental para la toma de decisiones de la población.

Imagen

Por ejemplo, en Barinas hay 71 emisoras activas y 16 de ellas tienen temática religiosa (cristianas, adventistas y protestantes). El resto son estaciones de corte comunitario públicos y privados identificados con línea oficial. Esta situación se replica en Cojedes, Delta, Guárico y Portuguesa.

En Falcón, 36 medios activos, con predominio de emisoras de radio, tienen línea editorial pro gobierno. También hay seis medios independientes que tienen presencia digital. Mientras que en Mérida las estaciones radiales no ofrecen información u opinión, solo contenido musical y de entretenimiento.

Este comportamiento de medios activos, afirmó González, corresponde a la existencia de represión para silenciar las voces plurales. 

Medios censurados

De acuerdo con los datos de la organización, los medios de comunicación fueron las principales víctimas y alcanzaron un total de 114 registros (37%), seguido de periodistas y reporteros, con 75 víctimas (25%), y la ciudadanía en general (24%).

Las denuncias de censura ocuparon el primer lugar (199 incidencias), lo cual equivale al 43% de violaciones registradas. Además del cierre de emisoras de radio, se contabilizaron apagones eléctricos y fallas del servicio de internet que limitaron la búsqueda, acceso o difusión de información por parte de la población, así como la labor de los medios de comunicación.

#InformeVe2022 | #Conatel figura como el principal victimario en el cierre de más de 80 emisoras de radio en #Venezuela, durante el 2022. pic.twitter.com/KWJv7t3RmG

— Espacio Público 🗣️ (@espaciopublico) May 3, 2023

Espacio Público también documentó 17 detenciones arbitrarias, 11 de éstas vinculadas a la  llamada Ley contra el Odio. Un ejemplo de ello fueron los arrestos de Olga Mata y Florencio Gil Mata, a quienes se les abrió proceso penal por una sátira difundida por Tiktok.

Tendencia del 2023

Desde enero hasta el 25 de abril de 2023, la organización registró  55 casos que derivaron en 108 violaciones a la libertad de expresión en el país: 15 en enero, 16 en febrero, 16 en marzo y ocho en abril.

En los primeros cuatro meses de 2023, las denuncias por censura (26) ocuparon el primer lugar, seguida por los registros de intimidación (22), amenaza (16) y hostigamiento judicial (12); mientras que las violaciones con menor frecuencia fueron el hostigamiento verbal (11), las restricciones administrativas (10), la agresión (7) y el ataque (1).

Marysabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio Social, dijo que esto representa una reducción de 20% respecto a los casos del mismo periodo de 2021. “La reducción de casos no se corresponde a un cambio de políticas estatales (…) Los patrones clásicos de restricciones los seguimos viendo”.

Destacó el caso del medio Palpitar Trujillano, cuya sede fue atacada por sujetos no identificados, lanzaron piedras contra la sede y cortaron la fibra óptica; así como la suspensión del programa Arbenis con el Pueblo, en el estado Lara, que hacía denuncias de las comunidades.

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