Este hombre inspira la lista negra del chavismo, por Teodoro Petkoff
La Fiscalía General de la República ha decidido imputar al abogado Carlos Ayala Corao en relación con los sucesos de abril de 2002. Eso nos hace recordar que cuando este editorialista sugirió la creación de una Comisión de la Verdad, después del golpe de abril de 2002, el fiscal Isaías Rodríguez llamó telefónicamente para pedir que convenciéramos a Carlos Ayala de que aceptara formar parte de esa comisión y si la memoria no me falla, creo que hasta sugirió que Ayala la presidiera. Tan en alta estima lo tenía Isaías. Ahora el mismo Fiscal decide imputar a Carlos Ayala Corao.
El Fiscal no ignora que Ayala fue el 11 de abril, junto con otros defensores de Derechos Humanos, a la Disip para proteger a Tarek Williams Saab y exigir su liberación y que permaneció durante cinco horas ante la sede de la policía política, como consta en el informe de la Comisión Parlamentaria Especial para investigar los sucesos de abril de 2002, sin recibir, por cierto ninguna información sobre la situación del diputado Saab. Pero, no obstante, esto, que la Fiscalía conoce, ahora lo imputa.
Tampoco ignora el Fiscal que Carlos Ayala no sólo no tuvo nada que ver con el inefable decreto de Carmona sino que lo impugnó abiertamente, expresando su desacuerdo absoluto con ese documento.
Entonces, ¿por qué se imputa a Carlos Ayala Corao? No encontramos otra explicación que la Fiscalía, ahora que Isaías Rodríguez ha decidido asumir el rol y la personalidad de Joe Mc Carthy, pretende torpedear el esfuerzo de Carlos Ayala en su rol de activista y defensor de Derechos Humanos. Isaías, por lo visto, pretende dar su contribución original a la canallesca línea de apartheid político inaugurada por la infame lista de Tascón. Ayala es imputado para intimidar a otros. Porque, como están las cosas, ya la imputación por sí sola ha sido transformada en sanción. Como Mc Carthy en Estados Unidos, en el tiempo de ratas que vivió aquel país cuando el siniestro y enloquecido senador campeaba por sus fueros con su “lista negra”, ahora también entre nosotros, el destino de muchos adversarios del gobierno está escrito en la canallesca lista negra de Tascón. Carlos Ayala, desde luego, figura en ella, pero, además, su labor de jurista, como asesor de las organizaciones de Derechos Humanos, su prestigio como tal en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hacen que se le vea como una piedra en el zapato que debe ser anulada. Probablemente le dictarán prohibición de salida del país, con lo cual impedirían su comparecencia ante la Corte Interamericana. Ayala es un activista de los Derechos Humanos y nadie debería sentirse más obligado a salir en defensa de él que el antiguo activista de Derechos Humanos Tarek Williams Saab. No sólo por agradecimiento, sino por un elemental sentido de justicia.
Pero el caso de Ayala no es único. Forma parte de una práctica sistemática del gobierno, de segregación y discriminación política de sus adversarios, no sólo anticonstitucional sino inhumana, que nos proponemos denunciar en serie, a partir de mañana, en esta página, con los casos dramáticos de venezolanos que han sido víctimas del macarthismo chavista.
