Exdiputado Walter Márquez ya remitió caso de Apure a la Corte Penal Internacional
Márquez había dicho que es necesaria una acción conjunta entre Colombia y Venezuela para buscar terminar la situación que agobia a Apure
El exdiputado de la Asamblea Nacional y director general del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), Walter Márquez, informó que su equipo consignó el fin de semana ante la CIDH y la Corte Penal Internacional (CPI) las denuncias de la población de La Victoria en Apure, quienes aseguran que se han cometido «crímenes atroces» contra la ciudadanía.
Márquez, que visitó la zona colombiana de Arauquita, conversó con los venezolanos desplazados que están en los albergues dispuestos y afirmó que en los combates protagonizados por la Fuerza Armada Nacional y los grupos irregulares, no hubo una preservación del Derecho Internacional Humanitario, refirió este lunes 12 de abril el portal Radio Fe y Alegría.
El exdiputado viajó el miércoles 7 de abril al departamento de Arauca, en Colombia, con el fin de investigar «directamente» los crímenes de lesa humanidad y violación de DDHH que se registran en la zona a raíz del conflicto armado que se evidencia en la población apureña de La Victoria desde hace varios días entre la Fuerza Armada Nacional y grupos irregulares.
De igual forma, Márquez visitó la Fiscalía de Colombia para exhortar a esa instancia investigar los hechos ocurridos y remitir el caso a la Corte Penal Internacional.
A medio día miércoles llegamos vía aérea a Arauca para investigar directamente crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos contra población venezolana colombiana en la Victoria alto apure Venezuela.Luego visitamos a fiscalía a quien EXHORTAMOS INVESTIGAR y remitir a CPI. pic.twitter.com/sPuRmqYKB3
— Walter Márquez (@walter_marquez) April 7, 2021
Márquez viajó al departamento de Arauca luego que alertara el martes 6 de abril que se están cometiendo «crímenes de guerra» y de «lesa humanidad» en sectores del Alto Apure como La Victoria y en sus alrededores, al igual que se violan los convenios internacionales, lo que deriva en la violación de los DDHH de la población civil atrapada en el conflicto armado registrado desde hace varios días en la zona.
Márquez, de acuerdo al diario La Nación, indicó que tanto la Fuerza Armada Nacional como la disidencia de las FARC están obligadas a respetar el derecho internacional humanitario y que por tanto, «el saqueo o pillaje, el ataque directo contra la población civil son crímenes de guerra. El asesinato o ejecución extrajudicial contra familias en el sector de El Ripial también es un crimen de guerra, haber atacado templos cristianos y haber perseguido a líderes religiosos igualmente es un crimen de guerra”.
Dijo que eventos como detenciones arbitrarias, la destrucción de casas y el deplazamiento forzoso de más de 5.000 personas a la población colombiana de Arauquita, necesitan una acción conjunta entre Colombia y Venezuela para evitar que exista una escalada de violencia que acentúe la crisis humanitaria que afecta la zona fronteriza.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, aseveró este martes 6 de abril en Unión Radio que fue designada una «comisión especial» para atender la situación en el municipio Páez del estado Apure, que está presidida por el defensor en la entidad y funcionarios en la capital del estado.
Agregó que a los detenidos durante los sucesos irregulares se les hicieron entrevistas y antes de ser presentados se determinó que no hubo vínculo con los hechos, al tiempo que subrayó que están velando por el «resguardo seguro» de aquellos que se vieron obligados a salir de sus hogares y que están en Colombia.
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Recientemente, el Gerente de Fronteras de Colombia, Lucas Gómez, informó que buscan los mecanismos para regularizar a los desplazados que en los últimos días han llegado a Arauquita y manifestó que aquellos que manifiesten en quedarse viviendo en Colombia, «estamos mirando la fórmula para que eventualmente pueda acceder al Estatus de Protección Temporal“.
Por otro lado, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, insistió en que la culpas de los enfrentamientos que desde hace 15 días mantiene la Fuerza Armada Nacional (FAN) con guerrilleros colombianos en la zona fronteriza de Apure son imputables al gobierno de Iván Duque.
Informó que el gobernante Nicolás Maduro ordenó diseñar planes de seguridad para garantizar el orden interno en Apure. De esta manera, anunció la creación de una Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Especial Temporal y una brigada para fortalecer la frontera venezolana en el Alto Apure.
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Hasta el 1 de abril el Ministerio de Defensa venezolano había informado de nueve «terroristas» y cuatro uniformados fallecidos, así como más de 30 detenidos.
La administración de Nicolás Maduro culpa al presidente colombiano, Iván Duque, de descuidar los 2.200 km de frontera y permitir la expansión de grupos armados.
Pero Colombia y la oposición venezolana aseguran que Caracas pretende con esta ofensiva ayudar a guerrilleros disidentes colombianos en la lucha que libran con otra facción por el control del narcotráfico. Ambos grupos se marginaron del pacto de paz de 2016 con las extintas FARC.