Exembajador de España en Venezuela es acusado de sobornar a exfuncionario de Pdvsa
El exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo es acusado de blanquear en ese país unos cuatro millones de euros que habrían sido extraídos ilícitamente de Petróleos de Venezuela
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de España publicó un informe en el que se acusa al exembajador de ese país en Venezuela Raúl Morodo de pagar comisiones a René Arreaza, mano derecha de José Vicente Rangel, quien fue vicepresidente del país entre 2003 y 2007, para lograr contratos con Petróleos de Venezuela.
Según el diario El Mundo, el informe señala que la familia Morodo contó con la colaboración de Arreaza en las negociaciones con el gobierno venezolano y sus autoridades, y detalla que el exalto cargo fue coordinador de Vicepresidencia y mano derecha de Rangel.
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Morodo fue embajador en Venezuela entre 2004 y 2007, durante la gestión del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, aliado del chavismo.
El exfuncionario español es acusado de blanquear en España unos cuatro millones de euros que habrían sido extraídos ilícitamente de Petróleos de Venezuela.
El 20 de mayo de 2019, cuatro personas relacionadas con el caso fueron detenidas, entre ellas Alejo Morojo, hijo del exembajador. Estas capturas se realizaron en el contexto de una investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción.
El saqueo a Pdvsa lo investigan en Portugal, Andorra y España, además de Estados Unidos, que tienen en el punto de mira a decenas de ciudadanos venezolanos por supuestamente lavar cientos de millones de euros obtenidos de sobornos cuando desempeñaban cargos en empresas públicas bajo la presidencia de Hugo Chávez.
La policía antiblanqueo de capitales, la UDEF, no detuvo a Morodo, a pesar de figurar entre los investigados por presumirse que era uno de los cabecillas de la trama, debido a su avanzada edad de 84 años. Este caso se conoce como Caso Morodo u Operación Nafta. El sumario del caso acreditó un supuesto saqueo de 30 millones a la petrolera estatal venezolana PDVSA, tal como habrían afirmado las autoridades suizas a la Audiencia Nacional.