Exembajador de España en Venezuela será juzgado por presunto fraude fiscal
La Fiscalía Anticorrupción exige multas millonarias para Alejo Morodo, hijo del exembajador de España Raúl Morodo, por una suma de 3,7 millones de euros y una multa de 3,8 millones de euros para la esposa de este, Ana Catarina Varandas. La multa solicitada para Morodo es de 378.700 euros
Este lunes 14 de octubre, el exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo se presentará ante la Audiencia Nacional española por supuesto fraude fiscal de las ganancias de casi 4,5 millones de euros obtenidos por su hijo, Alejo Modoro Cañeque, tras negocios con la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) entre 2013 y 2014.
La Fiscalía Anticorrupción de España pide una pena de tres años y medio de cárcel para el exembajador y de ocho años y medio para su hijo y su nuera.
Además, exige multas millonarias para Morodo Cañeque por una suma de 3,7 millones de euros y una multa de 3,8 millones de euros para su esposa, Ana Catarina Varandas (3,8 millones). La multa solicitada para Morodo es de 378.700 euros.
De acuerdo a la acusación, se les juzga por supuestamente haber ocultado al Ministerio de Hacienda el presunto cobro de unos 4,5 millones de euros de PDVSA mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal contraídos con la petrolera venezolana entre 2012 y 2015, momento para el cual Modoro ya no encabezaba la embajada, reseña Infobae.
Asimismo, el dinero se blanqueó mediante una presunta trama de sociedades creadas por el hijo, su esposa y dos socios venezolanos, entre los cuales se encuentra Juan Carlos Márquez, quien fue hallado ahorcado en su domicilio en Madrid después de prestar declaración en la Audiencia Nacional por estos hechos. Este deceso se consideró un suicidio.
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La Fiscalía Anticorrupción explicó que Alejo Morodo usó las «relaciones entabladas por su padre con altos cargos de Venezuela durante los años 2004 a 2007 en los que ejerció el cargo de embajador de España» para iniciar «una supuesta relación contractual con la empresa pública venezolana PDVSA para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional que se extendió hasta el año 2014», indica EuropaPress.
«Con el fin de defraudar a la Hacienda Pública española, consciente de que la debida tributación de esas rentas por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) le supondría un considerable desembolso económico, decidió interponer tres sociedades instrumentales para que facturaran formalmente esos supuestos servicios, eludiendo así tributar sus rentas por el IRPF para hacerlo con el menor tipo impositivo que le ofrecía el Impuesto de Sociedades», sostiene el Ministerio Público español.
Con información de Infobae y EuropaPress
