Extorsionadores de baños en centros comerciales pueden recibir pena de hasta 15 años
El 11 de febrero fueron detenidos dos integrantes de una mafia dedicada a la extorsión en baños masculinos del Centro Comercial Metrocenter, que se hacían pasar por funcionarios del Sebin. La aprehensión se produjo gracias a la articulación de activistas de la comunidad Lgbti. A los implicados se les acusa de usurpación de funciones, robo y lesiones físicas. El abogado penalista Luis Izquiel advierte que «es muy difícil para los ciudadanos constatar cuándo una persona que se identifica como un funcionario de seguridad del Estado miente o usa credenciales falsas»
Usurpación de funciones, extorsión y hasta agresiones sexuales son algunos de los delitos que se les pueden imputar a los integrantes de las mafias que operan en los baños de hombres de algunos centros comerciales de Caracas. De acuerdo con el Código Penal, hasta 15 años de cárcel puede recibir una persona solo por el delito de extorsión.
Estos grupos intentan seducir sexualmente a los usuarios de los sanitarios, sean o no sean hombres homosexuales y, luego, estos accedan o no a sus insinuaciones, se identifican como funcionarios de seguridad del Estado, los amedrentan y amenazan con llevarlos presos a menos que les den dinero, que de acuerdo a las denuncias puede ser entre $50, $70 y hasta $1.000.
Consultado sobre el delito de usurpación de funciones, que se reporta en el modus operandi de estas redes, Luis Izquiel, abogado penalista, explica a TalCual que al actuar identificándose como funcionarios de seguridad del Estado, estas personas pueden recibir una condena de dos a seis meses de cárcel. La misma pena la puede recibir un expolicía.
Hasta el momento de escribir esta nota, ningún directivo de algún órgano de seguridad del Estado ha aclarado si los capturados pertenecen o no a sus filas. Tampoco han orientado a la ciudadanía sobre cómo actuar ante estos casos, sobre todo si se toma en cuenta lo complejo que es determinar cuándo una persona que se identifica como funcionario miente.
El uso de un uniforme policial cuando no se es funcionario es considerado como delito en el Código Penal. «Es difícil para un ciudadano común identificar si una persona que muestra estas insignias es o no realmente un funcionario», advierte Izquiel.
El abogado señala que es probable que existan personas o negocios que se dedican a hacer estos uniformes y hasta insignias. Añade que, en Venezuela, las identificaciones de cuerpos policiales y de inteligencia son cambiadas «a cada rato» lo que confunde más a las personas. Apunta que el tema es tan complejo que existen reportes de alcabalas falsas que han montado personas con uniformes similares a los que usan los organismos de seguridad del Estado.
Extorsión
El 11 de febrero fueron detenidos dos hombres en los baños del Centro Comercial Metrocenter, en el centro de Caracas, pertenecientes a una de estas mafias. La aprehensión se produjo por la articulación de un grupo de activistas de la comunidad Lgbti, que un día antes recibieron dos denuncias distintas por estas agresiones. Los aprehendidos, que usaron el modus operandi antes descrito para extorsionar, fueron presentados ante tribunales y quedaron detenidos.
Richelle Briceño, abogada y activista de la comunidad Lgbti, informa a TalCual que los aprehendidos permanecen en el centro de detención preventiva de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de la parroquia Catedral de Caracas, mientras transcurre el lapso de 45 días reglamentarios de averiguaciones.
*Lea también: Heterosexuales no se salvan de las mafias de extorsión en baños de centros comerciales
Detalla que ambos sujetos quedaron detenidos por haber sido capturados in fraganti y que por el momento se les acusa solo de robo, lesiones físicas y usurpación de funciones. Dice que la comunidad se mantendrá ejerciendo presión sobre el caso para que se agregue el delito de extorsión y de asociación para delinquir o agavillamiento, debido a que «ese conjunto de personas se ha puesto de acuerdo para perpetrar estos delitos».
El artículo 16 de de Ley Contra el Secuestro y la Extorsión establece que «quien por cualquier medio capaz de generar violencia, engaño, alarma o amenaza de graves daños contra personas o bienes, constriña el consentimiento de una persona para ejecutar acciones u omisiones capaces de generar perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero, o para obtener de ellas dinero, bienes, títulos, documentos o beneficios serán sancionados con de diez a quien años».
Izquiel, profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), apunta que en el eventual caso de que estas mafias se identifiquen como funcionarios y además usen armas en el falso procedimiento, violarían la Ley de Regulación de las Armas, que establece como ilícito su porte.
El experto en temas de seguridad ciudadana insta a las personas que se hallen en estas situaciones a no acceder a los intentos de extorsión, sean o no (los victimarios) funcionarios. Lo primero que se recomienda es que, pese a la sensación de nerviosismo que se pueda generar en una situación de extorsión, tener claro si no se ha cometido ningún delito.
Luis Izquiel, abogado penalista
Acusaciones en los baños
En todos los casos registrados, y de los que TalCual ha tenido conocimiento, los supuestos funcionarios amenazan a los ciudadanos acusándolos de cometer «actos lascivos» en sitios públicos. Sin embargo, de acuerdo con el Código Penal los actos lascivos son «aquellos hechos dirigidos a despertar la lujuria (apetito desmesurado de los placeres sexuales), pero sin llegar al acceso carnal».
La norma señala que la víctima y el victimario puede ser hombre o mujer y que la acción debe estar dirigida a despertar la lujuria de la víctima y que «no debe existir intención de realizar el acto carnal, ya que si así fuera y no llegara a consumarse, se configuraría la tentativa de violación».
Es decir, el argumento que presentan estos supuestos funcionarios es errado. En todo caso, el abogado Luis Izquiel añade que el Código Penal venezolano precisa en el artículo 382 del título octavo, capítulo I de los delitos de violación, de la seducción, de la prostitución o corrupción de menores y de los ultrajes al pudor lo siguiente:
Artículo 382.- Todo individuo que, fuera de los casos indicados en los artículos precedentes, haya ultrajado el pudor o las buenas costumbres por actos cometidos en lugar público o expuesto a la vista del público será castigado con prisión de tres a quince meses. El que reiteradamente o con fines de lucro y para satisfacer las pasiones de otro, induzca, facilite o favorezca la prostitución o corrupción de alguna persona, será castigado con prisión de uno a seis años. Si este delito se cometiere en alguna persona menor, la pena se aplicará entre el 65 término medio y el máximo.
Tras viralizarse la desarticulación de la mafia de extorsión en Metrocenter se hicieron públicas otras denuncias. La organización no gubernamental (ONG) Género Conciencia, apuntó que han tenido reportes de víctimas de extorsión en Parque Central, Parque Los Caobos y El Calvario (municipio Libertador del Distrito Capital).
Algunos reportes obtenidos por el activismo dan cuenta de que en estos espacios la extorsión la han hecho personas que se identifican y portan el uniforme de cuerpos policiales.
Sobre estas denuncias, Izquiel señala que en caso de ser realmente funcionarios policiales, se les podría sancionar por faltas administrativas. No están exentos de que les caigan penas por violar la Ley Contra la Corrupción porque extorsión.
Homofobia de Estado
También se ha podido conocer que estas mafias tienen años activas. En 2022 fue desmantelado un grupo que operaba en los baños del Centro Comercial Sambil, en el municipio Chacao del estado Miranda, relata a TalCual la abogada y activista Lgbti Richelle Briceño, quien también detalló que este grupo usaba el mismo modus operandi aunque era menos violento que el de Metrocenter.
Para Briceño, la homofobia de Estado ha hecho que este tipo de mafias operen deliberadamente y se expandan, debido a que pese a que existen denuncias de vieja data —»porque tienen años operando ahí»— ningún organismo de seguridad inició una investigación o ejerció una respuesta para frenar estos actos delictivos.
«Toda vez que las personas cuando acuden al sistema de justicia se encuentran con la ridiculización y revictimización y les dan largas a estas denuncias», recalca Briceño.
La abogada y activista Richelle Briceño
La abogada agrega que aunque la comunidad Lgbti es el objetivo principal de estas mafias, también han sido víctimas hombres heterosexuales que, tras negarse a las insinuaciones sexuales de estos grupos, son amedrentados y maltratados psicológicamente con la excusa de ser funcionarios. Basándose en relatos de víctimas, en muchos casos por no haber testigos y estar en vulnerabilidad, acceden a pagar vacunas porque los acusan (con el argumento de ser funcionarios) de portar sustancias ilícitas.
Por la inacción de las autoridades, Briceño asegura que la comunidad Lgbti ha tenido que articularse para capturar a estas mafias. Recalca que esta es una reflexión que no puede pasar por debajo de la mesa porque el activismo es el que ha terminado haciendo las labores de inteligencia que debería realizar el Estado.
