Fact-checking: Nicolás Maduro y 13 frases problemáticas de su entrevista con Opera Mundi
El 27 de enero de 2025 Nicolás Maduro hizo al menos 13 afirmaciones problemáticas durante una entrevista transmitida en Telesur. Aquí un repaso de esas frases con problemas dichas durante la emisión televisada de más de una hora
Nicolás Maduro brindó su segunda entrevista de 2025 el lunes 27 de enero al periodista brasileño Breno Altman, fundador de la plataforma Opera Mundi, y que fue transmitida por la cadena Telesur. En ella, Maduro se refirió a temas políticos, de seguridad y de economía de Venezuela.
Durante la transmisión tuvo 75 minutos de duración, Maduro reiteró que “la extrema derecha” en Venezuela se ha debilitado y que su proyecto político logró derrotar a “una candidatura montada por el gobierno saliente de Estados Unidos” asociada a unos acuerdos “violados” por la Casa Blanca para impulsar una desestabilización en el país.
A partir de la intervención de Maduro, registramos 13 frases de afirmaciones dadas sin sustento, faltando a la verdad o enmarcadas en algún grado de desinformación:
1- “En el año 17 y 18 sufrimos un bombardeo de misiles, de sanciones, nos hicieron un gran daño económico”.
No ocurrió ningún bombardeo de misiles en Venezuela en los años 2017 y 2018. Tampoco en ningún otro año de la historia contemporánea venezolana.
2- “El país está en paz. La institucionalidad funcionando. Los cinco poderes públicos funcionando. La economía creciendo, recuperándose”
En entrevista concedida el 27 de enero, Nicolás Maduro hizo esta aseveración, la cual resulta discutible. Aquí la desglosamos:
“La institucionalidad funcionando. Los cinco poderes públicos funcionando”. Es cierto que los poderes públicos en Venezuela están funcionando, pero no lo están haciendo con pleno apego a las reglas constitucionales ni de manera óptima.
Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral funciona con un rector principal, Juan Carlos Delpino, habiendo sido destituido luego de denunciar que el 28 de julio de 2024 ocurrió un fraude electoral. Otros dos rectores suplentes renunciaron a tales nominaciones al ser acusados de formar parte de un supuesto plan para desconocer los números anunciados por el Poder Electoral la noche de los comicios presidenciales.
De igual forma, la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas reiteró en agosto de 2024 que las reiteradas violaciones a las garantías procesales en Venezuela exponen un sistema judicial falto de independencia que prolonga las graves violaciones de los derechos humanos contra opositores gubernamentales.
La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, denunció que “la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada”, una situación que pone en peligro “su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales”. Agregó que el gobierno ejerce una “injerencia indebida sobre las decisiones del TSJ a través de mensajes directos a magistrados y declaraciones públicas del presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello”.
Además, destacó que desde la adopción de la Constitución de 1999 al menos una docena de nuevas leyes y resoluciones han afectado a la independencia del sistema judicial y que la independencia del Tribunal Supremo de Justicia se ha deteriorado.
“La economía creciendo, recuperándose”. Ciertamente después de haber salido de una recesión de ocho años que incluyó una hiperinflación de cuatro años, la economía venezolano se ha ido recuperando desde el último trimestre de 2021, tras haber perdido 80% de su tamaño.
Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) previeron un crecimiento de 3% a 5% para Venezuela en 2024. El gobierno de Maduro habla de más de 8%, y sin mostrar los números que lo respalden. El Banco Central de Venezuela no ha publicado datos definitiva de 2024.
3- “En Venezuela se construyó un sistema electoral completamente auditable. ¿En qué lugar del mundo hay un sistema electoral al que se le hacen 15 auditorías? Antes, durante y después del proceso. Solo en Venezuela”
Ciertamente el sistema electoral venezolano es completamente auditable, pero del papel a la realidad hay un trecho que deciden transitar los funcionarios venezolanos. Maduro menciona 15 auditorías, que ciertamente la norma establece. Sin embargo, en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 hubo tres que no se hicieron, incumpliendo lo establecido en el cronograma electoral, y sin justificación hasta ahora por parte de las autoridades del CNE. De esta forma, las auditorías “post-evento” quedaron sin ser realizadas.
Esas tres auditorías pendientes son: la auditoría de telecomunicaciones fase II, la cual cobraba mayor relevancia ante la denuncia del gobierno de un ataque cibernético al sistema que habría sido la causa del retraso del primer boletín.
Tampoco se llevó a cabo la verificación ciudadana (segunda fase) que audita el 1% de las mesas de los centros de votación. Y tampoco se realizó la auditoría de datos electorales (fase II) que estaba prevista para realizarse entre el 5 y 8 de agosto de 2024. Este proceso busca comprobar o descartar suplantaciones de identidad.
4- “El TSJ ha hecho un tremendo peritaje sobre el proceso y se ha demostrado -como en las 31 elecciones que hemos hecho en 25 años, récord mundial-, prevaleció la soberanía popular”
Ante el periodista Breno Altman, conductor de la entrevista, Maduro destacó la labor del Tribunal Supremo de Justicia en el peritaje a las elecciones presidenciales del 28 de julio, como respuesta al inédito recurso contencioso electoral introducido por Maduro. Sin embargo, al aceptar el recurso de amparo, la Sala Electoral usurpó funciones del Consejo Nacional Electoral, ya que el TSJ no tiene competencia para certificar elecciones.
Además, el peritaje fue un proceso poco transparente, pues no se informó de sus detalles, no se mostraron documentos ni se dieron a conocer los elementos estudiados o las personas involucradas en tal actividad. El portal de investigación Armando.info publicó un reportaje sobre cómo habría sido llevado un “teatro” durante las transmisiones televisadas del supuesto peritaje técnico. Además, la sentencia resultante no fue publicada en su totalidad, lo que incluiría la motivación y por tanto más información sobre lo hecho, ni el Consejo Nacional Electoral cumplió con el dictado de publicar la Gaceta Electoral con los resultados de la elección.
Por tanto, no hay manera de comprobar el proceso que el TSJ llevó a cabo. “Nunca se conoció el recurso de Maduro, no se sabe cuál es el objeto del peritaje e incumple los estándares internacionales de metodología. Revisaron cajas que no se sabe qué contienen, no se conoce la cadena de custodia. Y lo más importante es que no se realizó ningún tipo de verificación que sugiera que se está revisando la autenticidad del material que presentó el CNE, que se utilizó el 28 de julio. El TSJ da por bueno que el material y las bases de datos son las que se generaron el 28 de julio”, dijo a CNN, Eduardo Repilloza, director general de la organización civil Transparencia Electoral, en una nota publicada el 22 de agosto de 2024.
De acuerdo con las actas de escrutinio mostradas por la oposición encabezada por María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, la alianza opositora agrupada en la Unidad habría obtenido 67% de los votos, por lo que la validación del TSJ de los resultados anunciados por el CNE la noche de 28 de julio no reflejarían la voluntad popular, como indicó Maduro durante la entrevista.
5- “Ellos el 9 (de enero) pretendían manchar la toma de posesión. Tenían una carta bajo la manga: un autosecuestro de esta señora Machado. Afortunadamente, la PNB cumplió las órdenes de protección de esta persona y la llevaron escoltada y protegida a su casa”
Para desestimar el secuestro de la dirigente María Corina Machado, altos funcionarios del gobierno, medios y usuarios afines al chavismo aseguraron que el “autosecuestro” era parte de una «operación psicológica», cuyo fin era tapar el supuesto fracaso de la marcha opositora. Como evidencia difundieron en redes sociales y también en Telegram una foto de Machado en una moto y un funcionario de seguridad con celular en mano, aparentemente grabándola, al igual que el video de “fe de vida”.
Sin embargo, Human Rights Watch confirmó que la dirigente opositora sí fue víctima de un secuestro el 9 de enero. Juanita Gobertus, la directora para las Américas de la ONG, publicó la verificación en sus redes y corroboró que los hechos ocurrieron tal y como la líder política los relató: miembros de la policía se la llevaron, la obligaron a grabar un video y la liberaron.
De igual modo, periodistas de la alianza La Hora de Venezuela hicieron una reconstrucción de los lugares de Caracas que recorrió Machado cuando fue detenida por las autoridades. Mostraron la ubicación de las fotografías que se difundieron ese día e identificaron los puntos exactos en los que fue interceptada y el lugar en el que se grabó el video bajo coacción. El equipo determinó que entre la orden de captura y la contraorden pasaron unos 5 minutos aproximadamente.
De acuerdo con la líder de Vente Venezuela, el ataque comenzó con disparos cerca del distribuidor Altamira. Dijo que durante la emboscada fue “bruscamente arrancada” de su moto y trasladada en otra. Sus captores le indicaron que se dirigían a Boleíta, pero poco después los funcionarios le ordenaron bajarse del vehículo y grabar un video como prueba de vida antes de dejarla ir.
6- «Venezuela importaba el 85% de todos los productos que consumía en su mercado. No producíamos nada. Una economía rentista dependiente. Las sanciones criminales nos llevaron a un punto de no retorno, pero menos mal teníamos un plan: pusimos el acento en proteger la alimentación del pueblo, con el plan de los CLAP. Conformamos 33 mil CLAP»
Maduro hizo un “corta y pega” de unas cifras similares que dio en el discurso de memoria y cuenta de enero de 2024. En aquella ocasión dijo: «Pasamos del 85% de importaciones de todo el alimento al 97% (de abastecimiento con producción nacional)». Ya entonces plataformas de fact-checking habían detectado una narrativa de desinformación, al mezclar indicadores disímiles. En el año 2020, Fedeagro sí calculó que 75% de los alimentos eran importados. Maduro habla de la importación de alimentos en verbos en pasado, pero las evidencias indican que (en mayor o menor medida) Venezuela sigue comprando parte de sus alimentos afuera, como reconoce el propio gobierno.
Acerca del «acento» en proteger la alimentación, se puede recordar lo dicho por el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, luego de recorrer Venezuela en febrero de 2024: «El programa CLAP suscita cada vez más críticas. Entre las que cabe citar la incoherencia en la entrega, la escasa frecuencia del suministro en zonas remotas, así como su falta de valor nutricional y calidad. He oído con frecuencia que se niega las bolsas del CLAP a personas que se consideran críticas, o que expresan opiniones políticas alternativas. Algunos beneficiarios sugieren que las bolsas CLAP son tratadas por las autoridades como una limosna caritativa y no como parte de la liberación del hambre y esto socava la dignidad humana de quienes la reciben. El CLAP se ha convertido en un sistema de clientelismo, porque no aborda las causas profundas del hambre y la malnutrición en Venezuela».
La ONG Ciudadanía en Acción también denunció una disminución cualitativa y cuantitativa de las llamadas «bolsas CLAP» antes de que su director Edison Arciniega fuera forzado al exilio en 2024.
La FAO sí indica que el porcentaje de población en Venezuela con insuficiencia alimentaria ha ido disminuyendo: de 23,9% en el trienio 2018-2020 se pasó a 22,9% (2020-2022) y 17,6% (2021-2023). A pesar de esas estadísticas, Venezuela sigue siendo uno de los cinco países de Latinoamérica y el Caribe en los que se pasa más hambre, solo detrás de Haití, Bolivia, Honduras y Nicaragua.
7- “Venezuela pertenece a los BRICS desde hace 200 años. Esa B alta es de Bolívar. Él soñó con los BRICS, ¿cómo no vamos a ser nosotros los bolivarianos del BRICS? Chávez lo dejó escrito en el plan de la patria 2012: tenemos que ir a los BRICS. Somos parte de los BRICS”
La B alta es por la inicial de Brasil, uno de los países fundadores del bloque junto a Rusia, India, China y Suráfrica; y no se refiere a Simón Bolívar.
Si bien es cierto que el Plan de la Patria 2013-2019 menciona entre sus objetivos “establecer una alianza con el grupo de países BRICS”, Venezuela todavía no es miembro en plenitud ni socio del bloque económico.
Hasta la fecha solo hay nueve miembros oficiales del grupo BRICS: los citados Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, además de Etiopía, Egipto, Emiratos Árabes Unidos e Irán.
De acuerdo con Celso Amorim, asesor presidencial para asuntos internacionales del presidente Lula da Silva, Brasil impidió la incorporación de Venezuela a los BRICS en 2024 debido a que Nicolás Maduro “abusó de la confianza” del mandatario brasileño al incumplir la promesa de presentar las actas oficiales de los resultados electorales que le darían la reelección.
De la cumbre de 2024, celebrada en Kazán (Rusia), se desprendió oficialmente que otros 13 países se unieron como «partners» (socios) de los BRICS, pero hasta el momento no son miembros en plenitud: Cuba, Bolivia, Nigeria, Malasia, Kazajistán, Indonesia, Argelia, Bielorrusia, Vietnam, Tailandia, Turquía, Uganda y Uzbekistán.
8- «Definimos los motores económicos y con las condiciones macroeconómicas que creamos, fuimos avanzando y ya tenemos 15 trimestres de crecimiento de economía real»
La cifra de los presuntos 15 trimestres (seguidos) de crecimiento de la economía (PIB, Producto Interno Bruto) se basa en estimaciones del BCV, una institución cuya independencia y rigor resultan cuestionables. Es cierto que esas son las cifras oficiales. Sin embargo el principal emisor de estadísticas independientes, la ONG Observatorio de Finanzas (creado en tiempos de la Asamblea Nacional 2016-2021) lleva otras cuentas y registró un par de caídas del PIB en los dos primeros semestres de 2023.
Por otra parte, el concepto mismo de «crecimiento» es debatible en un proceso como el que ha vivido Venezuela desde que comenzó a gobernar Maduro. Para tener un punto de comparación: tomando en cuenta cálculos del experto Asdrúbal Oliveros, en 1999 la economía del país equivalía a una manzana (poco menos de $100.000 millones). Para la época de mayor bonanza petrolera con Hugo Chávez (primera década del siglo XXI), había crecido a cuatro manzanas. Pero ya con Maduro, entre 2014 y 2019, la economía decreció a menos de media manzana, una de las peores recesiones del mundo en la época moderna. Para 2024, se estima que el PIB volvió a parecerse apenas al de 1999 (una manzana). Lo más apropiado es hablar de recuperación o rebote, más que de un auténtico crecimiento con relación a comienzos de siglo.
9- «Las sanciones criminales contra la industria petrolera nos hicieron perder el 99% de los ingresos en divisas. Pasamos de $56 mil millones de ingresos un año a 700 millones el otro año»
Estas cifras ya han sido presentadas por el oficialismo —siempre con ligeras variaciones— en el pasado, y han sido verificadas por fact-checkers de Venezuela, dando como resultado que se trata de afirmaciones engañosas, pues la caída de ingresos del país comenzó varios años antes de las sanciones internacionales.
En este caso Maduro no mencionó años específicos, pero pudiera referirse al período 2014-2015 cuando se registró una caída importante de aproximadamente 65% de los ingresos petroleros (no de 99%). “Los resultados nada tenían que ver con supuestas sanciones contra Venezuela, sino con los factores precio (la caída de la cotización de la canasta petrolera) y producción, ya en franco declive”, se ha determinado al respecto. Las sanciones económicas contra Venezuela por parte de Estados Unidos comenzaron en 2017 y se extremaron en enero de 2019, lo cual dificultó mantener niveles de producción que ya venían en declive antes de esas medidas coercitivas.
10- “¿Cómo se puede llamar a alguien que intente matar al presidente? ¿Preso político? Están convictos y confesos. ¿Cómo se puede llamar a los que atacan un cuartel militar con bombas en la madrugada? ¿Cómo se puede llamar a los que destruyen una unidad de salud, una escuela? ¿Cómo se puede llamar a los que intentan derrocar un gobierno a la fuerza? ¿Cómo se puede llamar a los que llaman en rrss a quemar y matar seres humanos? ¿Cómo se puede llamar a los que mataron a 27 personas entre el 29 y 30 de julio, porque eran chavistas o parecían chavistas?”
Organizaciones internacionales y de la sociedad civil denunciaron que las detenciones durante las protestas postelectorales se dieron sin órdenes judiciales ni pruebas contundentes de que los manifestantes estuvieran cometiendo algún delito.
De acuerdo con la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, las detenciones de al menos 150 menores de edad fueron ejecutadas sin órdenes judiciales y sin que existiera flagrancia.
“Al ser detenidos, los niños y niñas no estaban participando en protestas, pacíficas o violentas. En uno de los casos, la detención se produjo en el marco de una redada indiscriminada en la que también se detuvo a personas adultas que circulaban por la calle cerca de donde se estaba llevando a cabo una manifestación”, indica el informe publicado en octubre de 2024.
También el documento sobre represión postelectoral de la Misión de Determinación de Hechos, publicado el 17 de septiembre, registró esta irregularidad: “En los casos posteriores a las elecciones presidenciales, la misión investigó el caso de dos niñas de 15 y 17 años que fueron detenidas durante las protestas, aun sin haber participado en ellas. Los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que las detuvieron las golpearon, les tiraron del pelo, las tildaron de “perras guarimberas” y a una de ellas la tocaron entre las piernas por encima de su ropa. Posteriormente fueron trasladadas al comando de la Guardia Nacional Bolivariana, donde fueron golpeadas y humilladas”.
La ONG Foro Penal reportó que las autoridades condenaron anticipadamente a los detenidos, clasificándolos como “terroristas” y, por lo tanto, violando la presunción de inocencia –contemplada numeral 2 del artículo 49 de la Constitución–. Tampoco se les respetó su derecho a la defensa privada, sino que se les impuso un defensor público. Y en casi la totalidad de los casos, las audiencias de presentación se realizaron en los mismos centros de reclusión y no en los tribunales.
Por otra parte, la iniciativa Monitor de Víctimas registró que las muertes en eventos postelectorales ocurrieron por armas de fuego, con funcionarios de la Fuerza Armada Nacional venezolana como los mayores victimarios, seguidos por integrantes de grupos colectivos: “Diez de estos casos se le atribuyen a miembros la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB): siete del Ejército, dos de la Guardia Nacional y uno mixto, en donde supuestamente participaron en un homicidio junto a policías”.
Asimismo, la gran mayoría de las víctimas mortales de aquellos eventos reclamaban contra el presunto fraude electoral del 28 de julio y no eran chavistas.
Hasta el 30 de enero de 2025, el Ministerio Público no ha emitido información específica sobre presuntos responsables por las muertes de los individuos, ni mostrado elementos de investigación o experticia sobre las armas usadas para causarlas; tampoco se ha sabido de pesquisas al respecto incluyendo planimetrías. No existen tampoco acusados por caso, más allá de señalamientos generalizados.
11- “La sayona (como el oficialismo se refiere a María Corina Machado) convocó a grandes marchas. En todo el país ya se sabe que no superaron las seis mil personas. Yo di la orden de protegerlos. Los protegió la PNB y la GNB. Pública y notoria la protección que se les dio”
En Valencia, Maracay, Nueva Esparta y Zulia efectivos de la Guardia Nacional, junto con colectivos, reprimieron e intentaron disolver las manifestaciones de la oposición del 9 de enero, según reportó Crónica Uno.
Una mujer que se encontraba en el segundo piso del centro comercial Parque Aragua, en la avenida Bolívar de Maracay, fue herida de bala luego de que motorizados encapuchados dispararon hacia el establecimiento.
Igualmente, ciudadanos intentaron reunirse en lugares como la plaza San Juan y la plaza del Estudiante de Maracay, pero motorizados y funcionarios los dispersaron con bombas lacrimógenas.
En la concentración de la avenida Bolívar de Carabobo también lanzaron gases lacrimógenos. Asimismo, efectivos de los cuerpos de seguridad amenazaron y reprimieron a los manifestantes que asistieron al llamado a concentración en la plaza de la República de Maracaibo. La mayoría eran personas de la tercera edad.
12- “Logramos movilizar (el 9 de enero) más de dos millones y medio de personas. Las calles de la Gran Caracas y de todo el país apoyaron la paz”
Varias figuras vinculadas con el oficialismo, y ahora incluso Nicolás Maduro, han afirmado que millones de personas salieron a las calles en apoyo a su juramentación como presidente electo de Venezuela. Esta afirmación es cuestionable si se compara con actos políticos y que han sido emblemáticos en el país.
Un video publicado por la cuenta @anonymous_hat2 evidencia la baja asistencia registrada en uno de los puntos de concentración de la «Gran Marcha por la Paz», frente al centro comercial Líder en Caracas, durante la mañana del 9 de enero. Más tarde, otros videos muestran una mayor cantidad de personas marchando en este tramo, pero, de acuerdo con la evidencia fotográfica disponible, no es posible afirmar que participaron “millones de personas”.
Para respaldar esta versión, sería necesario contar con tomas aéreas, como las que se difundieron en marchas emblemáticas, entre ellas el cierre de campaña de Hugo Chávez en 2012 en Caracas. Otra movilización con registros similares es la del 10 de marzo de 2020, anunciada por Diosdado Cabello, entonces presidente de la ANC y actual ministro de Interior, Justicia y Paz, en respuesta a una convocatoria del opositor Juan Guaidó. Una grabación de drone de ese día muestra a cientos de personas apoyando la actividad del oficialismo.
La falta de tomas aéreas que permitan verificar la magnitud de la movilización del 9 de enero deja poca evidencia de que el chavismo haya reunido a “millones de personas”, como afirmó Nicolás Maduro. Además, las imágenes disponibles muestran concentraciones focalizadas, lo que refuerza las dudas sobre la veracidad de esa cifra.
13- “Nosotros tenemos ya firmado contrato por 52 mil millones de dólares de inversión en los 13 motores de desarrollo”
Los datos disponibles sobre cuántos son los motores de desarrollo propuestos por el gobierno de Nicolás Maduro han variado en los últimos años. El tema se empezó a introducir desde el año 2016. Una nota de prensa del Partido Socialista de Venezuela (PSUV) explica que el 20 de enero Maduro presentó el Plan 50 y 9 motores de desarrollo económico para un “nuevo modelo productivo” en el país.
El mandatario mencionó los motores de Hidrocarburos, Petroquímica, Agroalimentario, Minería, Telecomunicaciones e Informática, Construcción, Industrial y Turismo.
Tres años después, en 2019, durante una conversación con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, Maduro ajustó la cifra y afirmó que había «definido 16 motores de desarrollo basados en la realidad económica del país».
En 2023, la cifra de los motores económicos saltó de 16 a 18, de acuerdo con una declaración ofrecida por el diputado de la Asamblea Nacional venezolana (AN), Julio Chávez. La información fue reseñada por el medio afín al gobierno Venezuela News el 4 de septiembre.
El dato fue reiterado por Maduro el 21 septiembre de 2023 cuando citó los siguientes motores: agroalimentario, farmacéutico, industrial, exportaciones, economía comunal, social y socialista, hidrocarburos, petroquímica, minería, turismo nacional e internacional, construcción, forestal, militar industrial, telecomunicaciones e informática, banca pública y privada, industrias básicas, estratégicas y socialistas, automotriz, criptomonedas y emprendimiento productivo.
Ahora, en 2025, Nicolás Maduro informó que aprobó la reorganización y simplificación de los motores productivos de 18 a 13 con la finalidad de “acelerar el crecimiento de la economía venezolana”. Los medios del Estado lo presentan como un ajuste, pero la falta de transparencia sobre los detalles y las razones de la medida generan incertidumbre, mientras la opacidad persiste.
Aquí puede ver la entrevista completa:
