Familiares de presos políticos exigen derecho a visitas ante la Defensoría del Pueblo
Familiares de presos políticos solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo para que les restituyan el derecho a las visitas y se les garantice un trato humano, el derecho a la salud y a la presunción de inocencia
Familiares de presos políticos que se encuentran incomunicados en las cárceles de El Helicoide y El Rodeo I exigieron ante la Defensoría del Pueblo que se les restituya el derecho a la visita.
Este martes 11 de febrero, un grupo de familiares acudió a la sede principal de la Defensoría del Pueblo en Caracas para solicitar una audiencia con el titular de este organismo, Alfredo Ruiz. Como en otras oportunidades, no fueron recibidos por las autoridades. No obstante, se apostaron a las afueras de la sede en la avenida Urdaneta de Caracas para demandar ser escuchados.
Andreína Baduel denunció que su hermano Josnars Baduel, quien se encuentra en el Rodeo I, está incomunicado y aislado «de manera indefinida» como castigo por una protesta que iniciaron los presos políticos por las condiciones inhumanas de reclusión el pasado mes de diciembre, pero la represalia fue extendida por las denuncias que han hecho los familiares sobre la situación.
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Hasta el momento son 19 presos políticos recluidos en el Rodeo I que tienen las visitas suspendidas, mientras que en El Helicoide hay 14 prisioneros, entre los que se encuentran el concejal Jesús Armas y los diputados a la Asamblea Nacional 2015, Freddy Superlano, Biagio Pilieri y Americo De Grazia.
Preocupación por estado de salud de detenidos
Aurora Silva, esposa de Superlano, denunció que su esposo lleva 196 días aislado e incomunicado. Declaró que en los últimos dos meses no ha podido ver ni constatar el estado de salud de su esposo. “No sé si mi esposo está siendo torturado físicamente y por eso no me dejan verlo”, expresó.
“Exigimos que la Defensoría se aboque y cumpla con lo que está presentado en la Constitución nacional de la República. Y que se otorguen los derechos fundamentales a nuestros familiares. Mi esposo tiene 196 días en un aislamiento prolongado”, detalló Silva.
Los familiares entregaron un documento exigiendo que se garantice el derecho a visitas, trato humano, derecho a la salud y a la presunción de inocencia. Para el grupo, es deber del defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, garantizar el respeto a los derechos humanos e intervenir para prevenir abusos y violaciones a los derechos fundamentales.
En el escrito, detallan que los derechos de los presos políticos están amparados tanto por las leyes como por el Código Orgánico Penitenciario de Venezuela e instrumentos internacionales como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.
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