Familias rotas: la otra condena de los hijos migrantes venezolanos
La detención arbitraria, deportación desde Estados Unidos a El Salvador y posterior encarcelamiento de inmigrantes venezolanos ha forzado la separación de padres de sus hijos, dejando a decenas de niños y niñas en condiciones de precariedad e indefensión. Las historias de dos niñas afectadas por esta fractura, una lactante migrante con una enfermedad crónica (de un año) y otra dejada atrás en Venezuela (de seis años), exponen el impacto de políticas que criminalizan la migración y vulneran múltiples derechos
Por: Redacción Historias que laten y TalCual para #LaHoraDeVenezuela
Desde hace más de tres meses, Wilmary Arévalo no sabe nada de su esposo Keivis Vásquez, un joven barbero de 22 años oriundo de Falcón. La última vez que hablaron fue el 2 de marzo de este año, justo antes de que él se entregara voluntariamente al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos para solicitar deportación voluntaria a Venezuela.
Pero nunca llegó a tal destino. Keivis fue enviado por las autoridades estadounidenses al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, acusado sin pruebas de pertenecer al Tren de Aragua, con el argumento de tener tatuajes.
Wilmary, una migrante venezolana de 19 años de edad, quedó sola con la hija de ambos en Canadá, una bebé que tiene un año y nueve meses llamada Kylie Wuillianny, quien padece diabetes insípida, enfermedad renal crónica que impide a su cuerpo retener líquidos.
Al tiempo que la niña depende de un tratamiento médico para sobrevivir, su padre está encarcelado en un centro de máxima seguridad creado para pandilleros de alta peligrosidad en un país que desconocen.
—Lo único que hizo Keivis fue luchar por nosotras —dice Wilmary.
Para un niño o niña en su primera infancia, perder el contacto con su padre tiene un efecto definitivo en su desarrollo y bienestar emocional. ¿Qué significa que de la noche a la mañana un padre desaparezca de la vida de una hija?
Esto le sucede a Kylie (de 1 año) y a Darbelys (de 6 años).
La no separación de las familias es un mandato en el derecho internacional. Los expertos, psicólogos y especialistas en derechos de la infancia, reiteran en que el interés superior del niño debe prevalecer en todas las decisiones que tome un Estado y afecten a los niños en su dinámica familiar. Migrar es un derecho, destacan al ser consultados sobre este tema, y bajo ningún principio se debería criminalizar a un migrante.
Por ello el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, bajo la nueva administración de Donald Trump, es un tema que preocupa y alerta en una región convulsionada y donde cientos de miles de personas se desplazan a diario por el continente americano en el intento de mejorar sus condiciones de vida.
Las niñas Kylie y Darbelys no han vuelto a ver a sus papás desde que hace meses ambos fueron deportados desde Estados Unidos y encarcelados en El Salvador. En estos dos casos, se vulnera su derecho a la familia y a mantener contacto con sus progenitores.
Migrar en busca de salud
La diabetes insípida impide que el organismo controle adecuadamente los líquidos y hace que los riñones produzcan más orina de lo normal, lo que provoca una constante sensación de sed y puede llevar rápidamente a una deshidratación severa.
Para tratar esta condición, la pequeña Kylie necesita un tratamiento que consta de dos medicamentos diarios y visitas frecuentes a los especialistas, cuyo costo alcanza los 4.000 dólares al mes. Fuera de Canadá, el tratamiento es aún más costoso.
—Aquí en Canadá me ayudan con todo lo relacionado a la salud de la niña. Sin eso, no podríamos sobrevivir —cuenta Wilmary Arévalo, quien vive en Niágara Falls (Ontario), junto a su madre, padrastro y hermana de nueve años de edad, a donde llegaron buscando trabajo y mejores condiciones de vida como migrantes luego de una estancia breve en Estados Unidos.
La niña de un año ha sido hospitalizada varias veces desde que nació. Sus riñones no funcionan por sí solos, solo funcionan con el tratamiento, explica su madre. Aunque ha mostrado mejoría en los últimos meses, sigue dependiendo de los medicamentos y los controles médicos frecuentes.
—Cada dos meses tenemos citas. No puedo pensar en salir de Canadá mientras ella no esté completamente bien —afirma.
La diabetes insípida no tiene cura, pero puede ser controlada con tratamiento de por vida.
Keivis Vásquez había trabajado en Canadá, sin embargo, no hablar inglés ni francés le dificultaba conseguir empleo.
Tras el empeoramiento de la situación económica, el joven decidió viajar de retorno a Estados Unidos en noviembre de 2024, con el objetivo de buscar mejores oportunidades laborales para mantener a su hija y a su pareja.
—Yo no me moví de Canadá porque aquí me ayudan con todo lo de la niña, el tratamiento me lo dan gratis, o no podríamos mantenernos —explica Wilmary.
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Familias rotas
Se calcula que suman al menos 200 casos de padres separados de sus hijos menores de edad entre los detenidos en Cecot, según datos y estimaciones de reportes de Human Rigth Watch, Instituto Cato y ACLU.
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Desde la detención con posterior deportación y encarcelamiento de Keivys en El Salvador, la familia quedó aún más vulnerable. La joven madre no puede trabajar porque debe cuidar a la niña y depende, completamente, del subsidio estatal para costear el alquiler y los gastos básicos mensuales.
—Me dan 1.000 dólares para mí y 600 dólares para el arriendo. Con eso compro las cosas de la bebé —dice Wilmary.
La detención y deportación de Keivis Vásquez ocurrió en medio de la endurecida política migratoria del gobierno de Donald Trump, que ha deportado a miles de ciudadanos migrantes en Estados Unidos a sus países de origen y enviado a un grupo de migrantes venezolanos a la cárcel de Cecot en El Salvador, sin tener registros delictivos o antecedentes penales.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una organización que defiende los derechos y libertades individuales en Estados Unidos, considera ilegales estas detenciones, así como la invocación por parte de la administración de Trump de la antigua Ley de Enemigos Extranjeros para deportar y encarcelar inmigrantes. Por esta razón demandó al gobierno norteamericano y ganó el fallo ante un tribunal federal.
—Nadie puede ser privado de libertad sin el debido proceso legal, sin darles la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración o un tribunal federal, mucho menos de ser deportado, encarcelado o aislado en una prisión que es un gulag en un tercer país —afirmó Lee Gelernt, abogado de ACLU.
Según su familia, Keivis no tiene cargos en Venezuela, ni en Ecuador —a donde migró por primera vez— ni en Canadá.
—La acusación del gobierno de Estados Unidos se basa solo en sus tatuajes. Tiene el nombre de la niña, la fecha de nacimiento, una cruz, una corona y una cita bíblica. Eso no lo hace un delincuente —insiste Wilmary.
La periodista venezolana Ronna Rísquez, autora del libro El Tren de Aragua: la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina y experta en el tema, asegura que según sus fuentes policiales y su propia investigación los tatuajes no son un símbolo o marca distintiva que indique pertenencia a una banda venezolana y mucho menos evidencia en estos casos de una membresía en el Tren de Aragua.
La familia se enteró de que Keivys estaba en el Cecot el 31 de marzo, cuando las autoridades anunciaron un segundo traslado de venezolanos desde Estados Unidos a El Salvador.
—Me metí en TikTok y veo que habían deportado a nuevos venezolanos. Me puse a ver el video y lo vi a él. Lo reconocí de una vez, me puse a llorar, me desesperé. Fue una noticia muy fuerte —recuerda entre lágrimas.
Desde entonces, ni ella ni su hija han vuelto a saber de Keivys Vásquez.
No apareció en el último video difundido por Estados Unidos tras una visita de funcionarios del gobierno norteamericano a la mega cárcel.
—Este caso es desestructurante. Ya la migración pone sobre el grupo familiar una exigencia de recursos emocionales bastante elevada, pero la detención arbitraria de un padre proveedor en un lugar donde pensabas que se respetaba el Estado de derecho no hace sino agravar todo el panorama y tiene un efecto traumático. Es un proceso muy doloroso, complejo y confuso que quiebra a una familia —explica Abel Saraiba, psicólogo y coordinador adjunto de Cecodap, una organización que trabaja por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Wilmary Arévalo está incluida en dos grupos de WhatsApp con familiares de los otros venezolanos deportados a El Salvador. Recientemente, les pidieron enviar una carta para los detenidos, aunque desconoce cómo la harán llegar, debido a que aún están incomunicados en esa prisión sin acceso a visitas ni abogados.
—Él está con los mismos abogados que contrató el gobierno venezolano, en ese mismo proceso —dice Wilmary, quien explica que además han tenido problemas para tramitar los antecedentes penales debido a un error en la cédula de identidad de Keivis.
—Gracias a Dios, la niña está muy bien, se está recuperando, pero todo ha sido muy difícil. Todas las noches lloro. Estoy en depresión, he bajado de peso, he dejado de comer. Estoy muy delgada —relata Wilmary— Aun así, no he buscado ayuda psicológica. Por ahora, no estoy lista.
Dice que no teme ser deportada desde Canadá, pues su situación es distinta a la de Estados Unidos. Su hija es canadiense por nacimiento además de venezolana por tener padres venezolanos, y aunque ella no reside en situación regular, posee un documento de identidad que le permite moverse dentro de ese país.
—Sigo confiando en mi Dios y pidiéndole que lo mantenga fuerte y que llegue el momento de que lo liberen. No dejo de pensar en él —dice Wilmary.
Recuerda con dolor el caso de Maikelys Espinoza, la niña separada de sus padres en Estados Unidos, y aunque le generó pesar, asegura que no teme que le ocurra algo similar.
—Aquí eso no se ha visto.
El mayor anhelo de Wilmary es tener de nuevo a su familia unida.
—Si mi hija se cura y le quitan el tratamiento, me regresaría a Venezuela. Si eso no pasa, seguiré aquí en Canadá. Solo quiero justicia. Keivis no es un delincuente, lo único que hizo fue luchar por nosotras —reitera.
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NNA deportados o repatriados
Más de 693 niños, niñas o adolescentes migrantes han llegado a Venezuela en vuelos de deportación desde Estados Unidos o de repatriación desde México u Honduras, algunos de ellos no acompañados, de un total de más 5.600 venezolanos que han retornado al país desde febrero de este año tras un acuerdo entre los gobiernos de EE.UU y Venezuela, según cifras del MIJP (Ministerio de Interior, Justicia y Paz) suministradas en reportes o comunicados oficiales a través de su canal de Instagram.
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La mañana del 31 de mayo de 2023 Darwin Hernández Carache se despidió de su esposa Aida Díaz y de su pequeña hija Darbelys de 4 años de edad, en su residencia en Valencia, Carabobo, en la región central de Venezuela. Las abrazó fuerte y las besó a ambas, cuenta Aida.
Darwin salió rumbo a Estados Unidos con el claro propósito de buscar trabajo para ayudar a su familia.
—Se fue por la situación país y para darle una casa a la niña —dice Aida de 31 años, una enfermera de profesión, egresada de la Universidad de Carabobo.
Darwin dejó atrás a su familia e hizo su viaje por vía terrestre. A pesar de los riesgos atravesó a pie la Selva del Darién entre Colombia y Panamá, luego recorrió cada uno de los países de Centroamérica y México hasta llegar finalmente a la frontera con Texas. Un mes y medio le llevó hacer la travesía, pero el 15 de julio de 2023, en su primer intento de entrar a Estados Unidos al cruzar el Río Grande fue detenido por una patrulla fronteriza, rechazado por las autoridades migratorias norteamericanas y devuelto a México.
A Darwin lo trasladaron en un operativo coordinado por funcionarios mexicanos del Instituto Nacional de Migración hasta Villahermosa, Tabasco, ciudad fronteriza con Guatemala. Allí permaneció cerca de tres meses, pero no desistió.
—Él averiguó mejor cómo entrar legalmente a Estados Unidos. Como tenía sus papeles en regla y su idea era ir a trabajar temporalmente para enviarnos dinero y ahorrar, entonces aplicó al CBP One para hacer las cosas bien —cuenta Aida.
La CBP One es una aplicación móvil que permitía a las personas que buscaban ingresar a Estados Unidos programar una cita con autoridades migratorias para hacer la solicitud en un puesto de entrada terrestre de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection, CBP por sus siglas en inglés).
Entre 2023 y 2024, cerca de 1 millón de extranjeros en su mayoría inmigrantes sin visa, entraron a Estados Unidos utilizando esta alternativa según datos del Departamento de Seguridad Nacional de ese país. Darwin fue uno de ellos.
Al esposo de Aida le fue asignada su cita el 3 de octubre de 2023 en un puesto fronterizo de control migratorio en Texas. Después de su entrevista estuvo detenido durante 24 días en un centro del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Hidalgo, Texas. Luego fue liberado y obtuvo un permiso de estadía temporal en Estados Unidos por dos años.
—Apenas logró su objetivo desde Hidalgo se fue a Chicago, Illinois, donde empezó a trabajar —dice Aida.
El primer empleo que consiguió Darwin en Chicago fue recogiendo nieve durante el invierno. En la primavera, por recomendación de conocidos, se mudó a Raleigh, capital de Carolina del Norte. Allí, le dijeron, había menos migrantes, por lo tanto, menos competencia para conseguir un buen trabajo.
En Raleigh comenzó a laborar en una compañía de entregas de comida a domicilio como empleo fijo y ofreciendo sus servicios de barbero de manera independiente. Alquiló una casa. Comenzó a enviar dinero a su esposa mes a mes. El plan comenzaba a dar resultados.
—Desde que llegó a Estados Unidos no hubo ni un día en el que Darwin no me llamara por WhatsApp o le hiciera una videollamada a Darbelys. Él es un papá presente y muy cariñoso. Ese contacto es vital para mi hija —asegura Aida.
El permiso de estadía temporal de Darwin vence a finales de agosto de 2025. Le había comentado a su esposa que su intención era aprovechar al máximo su permanencia en Estados Unidos para ahorrar y regresar a Venezuela en septiembre de este año con algo de recursos para emprender.
Pero la noche del 8 de febrero de 2025, los planes de Darwin quedaron truncados.
—Fue detenido en una redada de ICE. Ahí empezó la pesadilla —dice Aida.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) allanaron esa noche una casa en Raleigh, Carolina del Norte, locación donde se grababa un video musical. Darwin Hernández estaba allí porque había sido contratado como barbero, según Aida.
Durante dos días no tuvo noticias de su esposo. El 10 de febrero se comunicó con Aida, le dijo que desconocía lo que sucedía, pero que los agentes de ICE le afirmaron que revisarían su documentación y en unos días quedaría libre. Eso no ocurrió.
Fue trasladado a un centro de detención de ICE en Georgia, luego enviado a otro centro de detención de ICE en Texas, donde permaneció casi un mes. El 15 de marzo llamó a Aida y le dijo que sería deportado a Venezuela, pero esto tampoco sucedió.
El nombre de Darwin estaba entre los deportados por el gobierno de Donald Trump a El Salvador la madrugada del 16 de marzo, junto a otros migrantes venezolanos, 238 en total según la lista publicada por CBS, quienes fueron encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad en el país centroamericano.
Darwin y los demás deportados fueron acusados de ser terroristas y delincuentes, miembros de la banda criminal Tren de Aragua. También de ser migrantes indocumentados en situación irregular en Estados Unidos y que representaban un peligro para la seguridad de esa nación.
—Los agentes de ICE intentaron que Darwin firmara un documento en inglés en el que reconociera que pertenecía al Tren de Aragua. Él me dijo que escribió en español “No, no pertenezco al Tren de Aragua” —cuenta Aida.
Para este reportaje se verificó que Darwin Hernández no tiene antecedentes penales en Venezuela, y que ingresó legalmente a Estados Unidos a través de CBP One por autorización de ICE con un permiso que le permitía residir y trabajar en ese país.
Una investigación de ProPublica, The Texas Tribune, Alianza Rebelde Investiga y Cazadores de Fake News comprobó que el gobierno de Donald Trump conocía que la mayoría de los venezolanos enviados a El Salvador no tenían condena por crimen alguno en Estados Unidos según registros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y que sus vinculaciones al Tren de Aragua se hicieron sin rigor.
Un informe del Instituto Cato reveló que al menos 50 de los detenidos y deportados venezolanos a El Salvador ingresaron legalmente a Estados Unidos con permiso previo del gobierno estadounidense, no violaron ninguna ley migratoria y fueron separados forzosamente de sus esposas e hijos.
Darwin es uno de esos casos.
—Que Dios te bendiga y te cuide, fue lo último que le dije el sábado 15 de marzo. Desde entonces ni la niña ni yo hemos podido hablar más con él —relata Aida.
Darbelys, quien ya cumplió seis años, le pregunta diariamente a su mamá dónde está su padre. Ambos generaron un vínculo muy estrecho. Darwin cuidaba de su hija los días de la semana en los que a Aida le correspondía hacer guardia como enfermera en la Maternidad del Sur de Valencia.
—Él es su todo. A pesar de que estaba lejos, siempre hablaban a diario, pero ahora no, él desapareció. La ausencia del papá enfermó a mi hija de depresión —cuenta Aida.
Llanto diario, dificultad para conciliar el sueño, desánimo, pérdida de apetito, mirada de tristeza y ansiedad son los síntomas que detectó Aida en Darbelys.
—El no poder oír o ver a su papá le afectó tanto que la niña desarrolló una bronconeumonía, así fue diagnosticada por una médica pediatra. Estuvo a punto de ser hospitalizada, tuve que dejar de trabajar por un tiempo y olvidarme de las guardias de noche para cuidarla.
La niña no sabe que su padre está detenido en una prisión en El Salvador sin ninguna comunicación con su familia. Aida decidió aplicar una estrategia similar a la película italiana “La vida es bella” de Roberto Beningni. Para protegerla le dice a Darbelys que su papá trabaja en una finca lejana donde no hay señal del celular, pero que él está muy bien.
—No quiero que sepa la realidad. Por la noche le leo sus cuentos favoritos para que se duerma, “El rey león” o “El gato con botas”. A veces le pongo mensajes de voz viejos que tengo guardados en el WhatsApp, escuchar la voz del papá le da calma.
Darbelys, quien aprendió a leer y escribir precozmente, redacta con frecuencia cartas dirigidas a su padre, según su mamá. La niña también hace dibujos para su papá casi a diario, por ejemplo, en uno pinta flores y lo que se asemeja a la bandera de Estados Unidos, en otro un corazón violeta. En todos escribe la frase “papá, te amo”.
—El impacto psicológico que tiene una detención arbitraria de un papá en una familia dejada atrás por la migración tiene un efecto devastador para un niño o niña. Perder uno de tus pilares emocionales reafirma el temor de no volver a verle y los deja en una condición aún más vulnerable —explica el psicólogo y coordinador adjunto de Cecodap, Abel Saraiba.
—Contar con la protección y apoyo de la mamá en una experiencia de este tipo es invaluable, es un refugio afectivo. Mi recomendación es que el niño o niña también tenga un acompañamiento psicoemocional de un profesional que le ayude a superar las alteraciones del estado de ánimo y recuperarse —agrega Saraiba.
La familia Hernández Díaz no tiene los recursos para contratar un abogado y estuvieron muy desorientados respecto a qué hacer, por lo que acudieron al gobierno venezolano para pedir ayuda.
El gobierno de Nicolás Maduro rechazó oficialmente la detención de los venezolanos, exigió la excarcelación y repatriación de los presos en El Salvador y en un comunicado precisó “que se criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana” porque “fueron condenados sin el debido proceso”.
El gobierno asumió el caso de manera colectiva a través de la Fiscalía General de Venezuela y la contratación de una firma de abogados en El Salvador que representa al Estado venezolano y a los familiares de los detenidos.
La responsable de la familia de Darwin en las gestiones ante el Ministerio Público es la suegra de Aida, Carmen Carache, quien se traslada desde Valencia hasta Caracas cada vez que debe acudir a una reunión o trámite.
—Yo no puedo, debo trabajar y cuidar a mi hija —comenta Aida, quien desde la detención de Darwin quedó en condición aún más vulnerable al dejar de recibir las remesas que cada mes enviaba su esposo para la manutención de ella y de la pequeña Darbelys porque su sueldo de enfermera apenas alcanza.
Según un informe de Human Rights Watch (HRW), los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador han sometido a los venezolanos deportados y encarcelados a desaparición forzada y detención arbitraria.
—Estas desapariciones forzadas constituyen una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rigth Watch.
En la investigación de Human Right Watch también se precisa que esta acción ha dejado a estos inmigrantes por fuera de la protección de la ley y ha causado a sus familias un dolor inmenso que se traduce en separación de padres e hijos.
Una investigación previa de Human Rigth Watch en conjunto con Texas Civil Rights Project (TCRP) y el Centro Internacional de Derechos Humanos Lowenstein de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale concluyó que en la política de Estados Unidos hay un patrón que vulnera los derechos de los migrantes y somete a las familias a separaciones forzadas que se deben evitar.
—La mayor angustia es no saber nada de él, que esté incomunicado, que mi hija no pueda hablar con su papá. Es una angustia muy dolorosa que se siente en el pecho —insiste Aida.
Carlos Trapani, abogado especialista en derechos del niño y coordinador general de Cecodap, considera que en este caso se debe analizar los derechos de los migrantes bajo la mirada de protección integral del niño o niña.
—La no separación de las familias es un mandato y debe prevalecer el interés superior del niño —afirma Trapani.
La Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado internacional que define las pautas de protección general y el marco regulatorio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el mundo, establece que todo niño o niña requiere una doble protección en el tema de migración, tanto por su condición de niño como por su condición de migrante o hijo de migrante.
El derecho a la familia no solo significa formar parte de un núcleo familiar, también es mantener contacto permanente o regular con los padres aun cuando estén en residencias separadas o en países distintos.
Por su parte, en la Convención de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, se precisa que no solo es migrante quien se va sino también los hijos de migrantes que permanecen en el país de origen y son dejados atrás. La niña Darbelys tiene este perfil y también derechos que la protegen.
—Las detenciones arbitrarias que implican separación de padres de sus hijos son contrarias a los principios generales de protección integral a los niños y vulneran los derechos humanos de los hijos de estos migrantes —subraya Trapani.
—A pesar de todo, tengo mucha fe de que pronto quedará libre. Él se reencontrará con nosotras. Si hay justicia, Darwin regresará a casa —dice convencida Aida.
*Esta investigación es un nuevo capítulo de la serie #HijosMigrantes producido en alianza entre Historias que laten y TalCual en la que indagamos y narramos las historias de estas familias rotas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
