Fedecámaras: Retiro de sanciones no mejorará la economía si no hay reformas jurídicas
Una serie de propuestas se acumulan en las gavetas del Palacio Legislativo, pendientes que han dejado las conversaciones con la empresa privada. Fedecámaras destaca la necesidad de una ley de protección de inversiones que podría estar «encaminado» a ser sancionada
El cierre de año trae consigo un panorama movido para la economía venezolana que, en los nueve meses previos, ha padecido un retroceso frente al leve repunte experimentado en 2022.
La empresa, con expectativas de crecimiento para este año, sufrió el impacto de un menor consumo como consecuencia de una brutal pérdida del poder adquisitivo del venezolano, sumado a los insuficientes avances en materia jurídica y a unas sanciones que, aunque cumplan una función política, acaban perjudicando a capitales privados. A pesar de todos estos contratiempos, se pronostica un contexto diferente para los últimos meses del año y el venidero 2024.
Las expectativas están centradas en un aumento de salario para la administración pública, avances en el Foro de Diálogo Social, una comunicación más fluida entre Gobierno y privados, pero especialmente una revisión en la política de sanciones financieras por parte de Estados Unidos.
La historia sancionatoria que inició en 2017 con la Orden Ejecutiva 13.808 y que se recrudeció en 2019 con la Orden Ejecutiva 13.850 podría llegar a su fin gracias a acuerdos políticos negociados entre las administraciones de Nicolás Maduro y Joe Biden.
Semanas de comunicación entre Caracas y Washington culminaron en un reinicio del diálogo entre chavismo y oposición, con un memorándum de compromiso firmado en Barbados que contempla la cesión de garantías electorales por parte del gobierno venezolano de cara a las presidenciales de 2024 a cambio de un relajamiento de sanciones financieras, las cuales se produjeron esa misma noche con el levantamiento de restricciones a las industrias petrolera, gasífera y minera.
Uno de los actores beneficiados con este acuerdo es el empresariado venezolano, que ha insistido durante años en la necesidad de revisar el marco sancionatorio y el sobrecumplimiento de sanciones, tal y como recalcó el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras), Adán Celis, tan pronto como asumió el cargo a finales de julio.
«Ningún país quiere estar sancionado. Nosotros evidentemente pedimos que las sanciones se levanten. Eso no ha hecho sino empobrecer al país», decía en una entrevista para Circuito Éxitos a finales del julio pasado.
En este contexto de negociación política orientada a la flexibilización de las sanciones financieras, TalCual conversó con Celis para ahondar en su posición sobre el retiro de las medidas de Washington y los efectos que podría tener en la economía.
—¿Cómo perjudican las sanciones financieras al empresariado venezolano?
—La gente piensa que las sanciones son únicamente para gente del Gobierno, pero no. Hay algo llamado «sobrecumplimiento de sanciones» que nos afecta.
Al estar sancionado el Banco Central de Venezuela (BCV), afecta el sistema de pago tan necesario para las importaciones y exportaciones, por lo que se hace engorroso cualquier tipo de transacción financiera que deba hacer el empresario.
También repercute en el cierre de cuentas bancarias de nuestras empresas en el exterior, porque los bancos no quieren tomar riesgos.
De igual forma, las sanciones hacen que nuestros puertos sean inseguros, por lo que los fletes son superiores a los de otros puertos.
Todo eso va incrementando los costos de producción y comercialización, por lo tanto, muchas de esas sanciones terminan significando que los productos sean más caros.
En general, vemos cómo las sanciones han ido afectando de forma directa al sector privado. Todo el venezolano que trabaja aquí sabe la necesidad que tenemos. Ya van más de siete años y lo que hemos conseguido es que se pierdan empresas e inversiones.
—¿Han sentido que las sanciones se han relajado en los años recientes?
—Únicamente en el sector petrolero, con la entrada de esas licencias que han permitido a Chevron operar, lo que ha aumentado su producción. Eso tendrá su efecto, pero el resto seguimos en la misma situación.
Estas sanciones lo que dan es inseguridad y temor al inversionista a la hora de invertir en Venezuela.
—¿Entonces es positivo para el empresario venezolano el levantamiento de las sanciones financieras?
—Las sanciones financieras debían flexibilizarse, pero también debe haber un cambio en el marco jurídico, que ofrezca garantías y condiciones a la inversión privada, con reglas de juego claras, que faciliten las inversiones. Y, por supuesto, más libertad económica.
Es una combinación entre sanciones y marco jurídico, que debe pasar de ser sancionatorio a motivar a la inversión. Si mezclamos esas dos cosas, vamos a tener la solución, una Venezuela más productiva.
—En materia jurídica, se han acercado al Gobierno para hacer solicitudes ¿Qué pendientes quedan ante la Asamblea Nacional?
—Hay que empezar a desmitificar el tema de los encuentros entre el Gobierno y los empresarios. En todo país del mundo es absolutamente normal que se produzcan esos encuentros. Vamos en esa dirección, cada vez son más fluidos, siempre con base en el respeto y el reconocimiento entre las partes. En esa dirección hemos ido llevando estos encuentros, con algunos avances.
Tenemos la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales con participación del sector privado y el Estado Mayor contra el Contrabando. Ha habido algunas medidas, pero falta más.
Estamos pidiendo una ley de protección de inversiones y tenemos entendido que eso puede estar caminando. Algunas leyes requieren modificación o eliminación, como la Ley Orgánica de Precios Justos, que no se justifica en estos momentos; también la simplificación de trámites para crear nuevas empresas y sincerar todo el tema de fiscalizaciones que, en muchos casos, son extremas.
También deseamos que se adelanten temas como la transferencia de casi 800 empresas que están en manos del Estado, que pasen a un proceso de licitación o de administración conjunta con el sector privado.
—¿Cómo avanzan las discusiones con el Gobierno sobre esas 800 empresas?
—Hay conversaciones y estamos insistiendo en esa idea. Yo estoy convencido de que iremos a ese proceso. Tenemos los listados y estamos listos para empezar ese proceso de concertación con el sector público para buscar una solución.
Aquellas empresas que fueron expoliadas deben volver a sus legítimos dueños, otras que están en manos del Estado y sean ineficientes, que pasen a un proceso de licitación transparente para que puedan participar inversionistas nacionales y extranjeros, para que el Estado pueda tener un mejor retorno de la inversión que se haga en esas empresas, que aporten al fisco y no le resten recursos al Estado.
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—Otro de los grandes pendientes es el salario. A inicios de mes tenía que llevarse a cabo la cuarta sesión del Foro de Diálogo Social para continuar las discusiones y se suspendió ¿Cuál es el estado de esa negociación?
—Lamentamos que se haya tenido que reprogramar, pero hubo algunas reuniones bilaterales con los trabajadores y con el Gobierno. Se fijó una fecha para la primera semana de febrero del año que viene.
Estamos a la expectativa de que se siga avanzando en todos los temas, que se haga seguimiento a la comisión de encuesta y a las recomendaciones del consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Desde Fedecámaras seguimos apostando al diálogo, a estos encuentros que deberían hacerse sin la mediación de la OIT.
Para nosotros es importante que llegue este experto de la OIT, que se le permita la presencia en Venezuela. Sería un facilitador, una persona que estaría incentivando al diálogo, por lo que sería muy importante que se logre concretar y que este funcionario de la OIT pueda venir al país.
—Esta instancia acumula ya más de 18 meses desde su instalación ¿Considera que se han producido avances en las discusiones?
—El simple hecho de que estemos conectados y conversando es un avance, pero por supuesto que hace falta mucho más.
Tenemos que apuntar ahora a que las conversaciones sean fluidas, que no necesitemos a terceros para reunirnos y que se cumplan los acuerdos fundamentales, que se produzcan reuniones para la discusión salarial, se continúe en la implementación de la fórmula para calcular el salario mínimo y que haya convivencia sin intervención hacia empresarios y líderes sindicales.
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—¿Qué expectativas tiene Fedecámaras con respecto al salario mínimo legal, tanto por parte de privados como de la administración pública?
—El decreto del salario mínimo es potestad del Gobierno nacional. Cuándo, cómo y cuánto es potestad del Ejecutivo.
Lo que cabe destacar es que el sector privado está haciendo un gran esfuerzo en este sentido. Cumplimos con el aumento del cestaticket de $40, que fue un porcentaje importante de incremento que tuvimos que dar.
Hay que reconocer a todos los empresarios del país que a pesar de todos los problemas que estamos teniendo a nivel de servicios públicos, de impuestos, de caída de la demanda, de la inflación; el empresariado privado del país está haciendo un gran esfuerzo y cumpliendo con sus obligaciones.
La recuperación del salario de los venezolanos pasa fundamentalmente por atracción de inversiones. La única forma en la que suba el salario es que haya más inversión en el país para que el recurso humano tenga más oportunidades. Eso pasa con la combinación de factores importantes, como lo es la necesidad de un acuerdo político en el país. El tema sancionatorio está atado a eso.
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—El sector privado ha hecho énfasis en las oportunidades que ofrece el comercio exterior ¿Cómo ha sido el acercamiento de Fedecámaras con actores en el extranjero?
—Desde Fedecámaras estamos abocados a eso. En el pasado trajimos una misión de empresarios franceses que estuvieron aquí, se reunieron con el Gobierno y la sociedad civil. Ahora estamos trabajando en nuevas visitas.
Estuvimos en Colombia y en Centroamérica, y vienen próximas visitas a otros países buscando traer nuevas misiones empresariales que vengan a ver la realidad de Venezuela.
Somos un país con problemas, pero no hemos desaparecido del mapa, los estamos resolviendo y hay todavía oportunidades para la inversión.
El trabajo de Fedecámaras es seguir incentivando que vengan inversiones, tanto nacionales como extranjeras, al país. Vamos a ser obstinados en eso, a seguir buscando que Venezuela vuelva a estar en la mira de los países del mundo como país receptor de inversiones.
—En lo interno, la junta directiva de Fedecámaras ha tenido una agenda ocupada con visitas al interior del país ¿Cuáles son los objetivos de ese trabajo gremial?
—Seguimos con nuestra política de acercarnos a los empresarios. Eso tiene varias aristas, como el acercamiento con los líderes empresariales en las regiones, para llevar un mensaje de esperanza y optimismo; pero también, oír los problemas que tienen nuestros empresarios, ver cómo podemos servir de caja de resonancia que tiene que haber para llevar sus mensajes.
Queremos ver en el sitio los problemas que tienen, especialmente en materia de servicios públicos y concretamente el sector energético. Es necesario que haya un cambio en la política energética del país, que se le permita participar al sector privado. También tenemos el problema del combustible, que cada vez se acrecienta más, queremos que se pueda abrir al sector privado la importación y distribución de combustible.
Hemos hablado del «modelo Chevron», que no es otra cosa más que el encuentro entre el sector público y el privado para producir. Queremos que se lleve a otros sectores del país. Creo que sentándonos y buscando soluciones, dejando el pragmatismo a un lado y pensando en la gente, podemos avanzar.
—Fedecámaras planteó el año pasado el programa «Prospectiva 2023», con una visión a futuro ¿Cómo avanza el país hacia esa meta?
—Ese trabajo fue producto del encuentro y la opinión de nuestros empresarios a nivel nacional en más de 22 mesas de trabajo en Fedecámaras. Es un plan hecho por empresarios, no por economistas.
Recuperar Venezuela no es tan lento como recuperar a un país que siempre ha sido pobre. Tenemos la ventaja de tener una gran cantidad de activos en el país. Venezuela tiene infraestructura, represas, tendido eléctrico, carreteras; allí es donde entra la renovación.
La inversión tecnológica es fundamental porque tenemos más de 15 años de rezago. El Estado no tiene recursos para eso, por eso hay que conseguir recursos a través de las inversiones que se realicen en el país, pero tiene que haber un cambio de toda la estructura.
El país rentista tiene que pasar a ser un país productivo y debe haber una concepción distinta de parte de todos los venezolanos. Ya no es pegarse al Gobierno y ver qué sacamos, sino que el país ofrezca las condiciones necesarias para desarrollarse. Eso implica que el modelo de controles tiene que pasar a ser un modelo que motive la inversión.
