Posible revisión de sanciones desgastadas marca el nuevo panorama económico de Venezuela
Una economía más libre surgió poco después de que se aplicaran unas sanciones que claramente guardan relación con la brutal contracción de la economía venezolana en los últimos años, por lo que economistas debaten si es adecuado flexibilizar estas medidas
Cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la Orden Ejecutiva 13.808, el 24 de agosto de 2017, no solo impregnó su tinta en el documento emitido por el Departamento del Tesoro sino también en las páginas de la historia contemporánea de Venezuela.
Aunque no se notaría de inmediato, ese día marcó un antes y después para la economía venezolana. Especialmente, dio origen a una ola de sanciones, ya no solo contra personalidades de la cúpula gubernamental del chavismo sino dirigidas a la economía del país.
La intención del gobierno estadounidense era clara. Buscaban despojar a Nicolás Maduro y sus aliados de cualquier ápice de gobernabilidad, presionarlos y crear una situación insostenible que los forzara a abandonar el poder o permitir un mecanismo que condujera a un cambio de gobierno.
La frase «todas las opciones están sobre la mesa» se convirtió en una suerte de eslogan en el Despacho Oval. Trump la mencionaba cada vez que hacía referencia a Venezuela. Aunque la interpretación más obvia era dejar latente la posibilidad de una intervención militar armada contra Venezuela, en la práctica se tradujo en un paquete de variadas sanciones que afectaron tanto a funcionarios del oficialismo como a toda la economía venezolana y, por consiguiente, a su población.
Las sanciones alcanzaron un nuevo estadio el 28 de enero de 2019 mediante la emisión de la Orden Ejecutiva 13.850, que restringía las operaciones de Estados Unidos y sus aliados con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y toda la industria petrolera venezolana.
A estas medidas se sumó la posterior Orden Ejecutiva 13.884, que además amenazaba con sanciones a toda aquella persona natural o jurídica que tuviera relación con el Gobierno de Nicolás Maduro o sus colaboradores, lo que alejó a centenares de empresas de las operaciones en suelo venezolano.
Pese a que la vocería desde Washington siempre insistió en que las sanciones no afectaban a la población sino a la casta política que ocupa el poder, es imposible discutir con los datos.
El impacto de las sanciones
Para el economista Luis Oliveros, quien estudió el impacto de las sanciones en un informe publicado para la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), estas medidas no esconden sus intenciones de afectar a la economía del país en las que se aplican.
«Las sanciones están confeccionadas para generar daños en la economía. No lo digo yo, lo dice el Gobierno de EE. UU. y todos los políticos que auparon las sanciones», afirmó.
En efecto, incluso el exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, advertía sobre el efecto de las sanciones de 2019 contra la industria petrolera, ya que habló de la proyección de una pérdida de 11.000 millones de dólares anuales como consecuencia de la reducción de las exportaciones de Pdvsa debido a las sanciones.
Estados Unidos era un cliente fundamental para Pdvsa y, con la práctica desaparición de las exportaciones petroleras, Venezuela perdió un enorme porcentaje de sus ingresos.
Este fue un duro golpe para una economía rentista que toda su historia ha dependido de la importación. De acuerdo con un informe publicado en 2019 por Torino Economics, el 79% de los índices de crecimiento económico desde 1997 han tenido relación con las importaciones.
Con la caída de la producción y exportación petrolera, el Estado perdió su principal mecanismo de captación de divisas. Al perder dinero para financiar importaciones, el impacto lo recibió directamente el crecimiento económico.
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El informe de WOLA calcula que, hasta octubre de 2020, se habrían dejado de recibir unos 30.949 millones de dólares por conceptos petroleros debido a las sanciones, si se toman en cuenta los niveles de producción previos a las medidas y el 1% de contracción productiva mensual que presentaba la estatal antes de ser sancionada.
«Teniendo en cuenta estas cifras, creemos pertinente recordar lo expresado por John Bolton sobre que Venezuela perdería anualmente unos 11.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones petroleras gracias a las sanciones. Sin duda, ese monto tiene sentido si lo comparamos con este escenario», destacó Oliveros.
En términos de Producto Interno Bruto (PIB), se evidenció una contracción del 35% en 2019, primer año de las sanciones contra Pdvsa, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Durante 2020, en plena crisis económica mundial por la pandemia de covid-19, se produjo otra caída del 30%.
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En los casi ocho años de recesión, desde 2013, se estima que el PIB se ha reducido más del 80% y las caídas más brutales se han producido desde las primeras sanciones de Estados Unidos.
Ante estas cifras es imposible negar que, aunque es cierto que las sanciones no impiden directamente la importación de alimentos y medicinas al país —como asegura el gobierno de Nicolás Maduro—, sí se traducen en menos dinero para comprar esos bienes.
Así lo argumenta el economista especialista en la industria petrolera, Francisco Monaldi, al afirmar que la contracción de la producción de Pdvsa sí tuvo un impacto significativo en la economía venezolana, pese a que es difícil determinar qué porción de esta caída corresponde a las sanciones.
«La caída de la producción de petróleo sin duda ha tenido un impacto muy significativo en la contracción de la economía nacional ¿Qué proporción de esa caída en las exportaciones petroleras con impacto al PIB tiene que ver con las sanciones? Es difícil de establecer con claridad, pero no hay duda que las sanciones desde el 2019 han tenido un impacto importante», sostuvo.
Todos estos factores han ocasionado que la crisis económica se acentúe y repercuta en la emergencia humanitaria compleja que viven los venezolanos. Por estos motivos, algunas voces dentro del Gobierno de Estados Unidos plantean la posibilidad de flexibilizar las sanciones.
Una etapa de revisión
Con la llegada de un nuevo presidente a la Casa Blanca, la conversación sobre las sanciones se reactivó. Los análisis de internacionalistas, politólogos y economistas apuntaban a un cambio de postura por parte de Washington, debido a la visión de que Trump tenía una política mucho más férrea ante el gobierno de Maduro, mientras que Joe Biden podría ser más flexible.
Con esta idea en mente, voceros del chavismo dejaron en claro su atención de retomar el contacto con el gobierno estadounidense y negociar un posible cese de las sanciones. El presidente de la Asamblea Nacional (AN) administrada por el chavismo, Jorge Rodríguez, reveló el oficialismo tenía la intención de reestablecer una relación comercial con Estados Unidos.
«Queremos lo que históricamente Venezuela y Estados Unidos siempre han hecho: buenos negocios. El mundo entero está esperando que el nuevo presidente asuma la presidencia en Estados Unidos. Esperamos que ese evento incluya el abandono de aquello que ha hecho tanto daño al pueblo venezolano y ha sido completamente improductivo», expresó en una entrevista para Associated Press a inicios de años.
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Sin embargo, no pasó demasiado tiempo antes de que la administración de Biden reconociera su apoyo a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y expresara su rechazo hacia el régimen de Maduro. Sobra detallar que, en efecto, las sanciones contra la economía venezolana no se retiraron, o al menos no frontalmente.
Los meses recientes han dejado ver una política de flexibilización de las sanciones, aunque de manera reducida. La primera muestra de estas prácticas se produjo a inicios de febrero, cuando la OFAC emitió la licencia 30A que exime de las sanciones a algunas transacciones necesarias para la operatividad de puertos y aeropuertos, e incluyó una autorización especial para el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA) a retomar su operatividad.
Posteriormente, en junio, la OFAC autorizó envíos de gas licuado de petróleo, conocido como propano, a Venezuela. Sin embargo, impide que Pdvsa acuerde «cambios» por petróleo, sino que impuso como condición pagos en divisas.
Pocos días después, el gobierno estadounidense anunció que estaban permitidas las transacciones referentes a la entrega de insumos para combatir la covid-19 en Venezuela, como mascarillas, ventiladores, tanques de oxígeno, pruebas de despistaje, material hospitalario o vacunas.
Con estos precedentes, se instaló en agosto una mesa de diálogo entre el chavismo y la oposición mayoritaria encabezada por Guaidó. El gobierno de Maduro ha resaltado que su principal objetivo es abogar por la derogación de las sanciones de Estados Unidos.
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En este sentido, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony J. Blinken, y el ministro canadiense de Asuntos Exteriores, Marc Garneau, presentaron un comunicado conjunto en el que declararon que sus respectivos gobiernos están dispuestos a «revisar» las sanciones aplicadas a Venezuela, siempre en función de los avances significativos en la negociación.
Esta declaración de intenciones da pie a un panorama interesante para una economía venezolana libre de sanciones, pero ¿realmente tendría un impacto positivo el retiro de estas medidas?
Con o sin sanciones, recuperación cuesta arriba
Hasta el razonamiento lógico más simple indicaría que, si las sanciones ocasionaron tantos problemas para la economía venezolana, el fin de estas medidas conduciría a un proceso de recuperación.
Sin embargo, también parece haber una relación directa entre las sanciones y el cambio de políticas del gobierno chavista que dio paso a una mayor libertad económica, a través del fin del control cambiario y el cese de una guerra sin cuartel del Ejecutivo contra la empresa privada.
Una flexibilización de los controles que el oficialismo aplicaba al sector productivo y comercial privado parecen haber cambiado la realidad de la economía nacional. El desabastecimiento se solucionó, la hiperinflación desaceleró su ritmo y Venezuela podría acabar el año con un registro de crecimiento de su economía por primera vez en casi ocho años.
Predecir el comportamiento del oficialismo es un reto que ni siquiera los mejores analistas políticos pueden superar, por lo que no se puede descartar que su accionar ante el posible retiro de las sanciones podría consistir en retomar sus políticas de control, lo que a juicio de Francisco Monaldi repercutiría de forma negativa en el avance que ha tenido la actividad económica del país.
«Varios economistas argumentan que la liberalización de la economía que se ha efectuado ha sido porque esas sanciones redujeron la caída de ingresos. Construir un escenario alternativo implica tomar en cuenta que, quizás, seguirían todos esos controles y eso tendría un impacto negativo en la economía», advirtió.
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Por su parte, Luis Oliveros desestima que esta recuperación de la economía experimentada en los últimos dos años sea tal y atribuye esta sensación a una «economía de burbujas» en la que prela el comercio, pero no el crecimiento real. En este sentido, considera que el retiro de las sanciones es fundamental para el devenir económico de Venezuela.
«Si no se retiran las sanciones, Venezuela no va a mejorar desde el punto de vista económico. Lo que podemos es seguir teniendo esta economía de burbujas, donde un sector comercial crece un poco y algunos restaurantes mejoran sus facturas; una economía de muchas desigualdades y gran pobreza», subrayó.
Luis Oliveros desestima una recuperación sostenible de la economía venezolana sin el levantamiento de las sanciones
Problemas como la escasez de combustible, la precaria producción nacional que se rinde ante un aumento de las importaciones y donde la hiperinflación se mantiene como una realidad que afectará a todos los venezolanos que ganen en bolívares, no se solucionarían a pesar de que las «burbujas» se mantengan.
«La capacidad de crecimiento va a ser poca y no será sostenible. Será bastante volátil», advirtió Oliveros.
Por eso considera que la flexibilización de las sanciones debe ser uno de los puntos a tratar en México, siempre orientadas en que dejen de impactar de forma negativa a la población venezolana, principal víctima de estas medidas.
Francisco Monaldi coincide en que una verdadera recuperación económica necesitará inversión, lo que implica irremediablemente inversión extranjera, un elemento con el que sería sumamente difícil contar si Venezuela sigue sometida a sanciones.
Desde el chavismo se intenta impulsar la Ley Antibloqueo como un mecanismo para la captación de capitales, pero como instrumento jurídico carece de confianza y legitimidad para tener una aplicación extensa.
En su lugar, una solución podría ser una reforma de la Ley de Hidrocarburos, que genere condiciones más atractivas para los inversores. Incluso el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, estaría considerando esta opción, pero sería difícil de aplicarse una estrategia de estas características sin un levantamiento de las sanciones.
«Incluso si se cambiara la ley con la Asamblea Nacional actual, dados sus temas de legitimidad, sería cuesta arriba aplicarla sin que haya un cambio que lleve a la flexibilización significativa de las sanciones. El Aissami está intentando hacer las cosas que habría que hacer, en el sentido de atraer inversión extranjera, pero no creo que en estas condiciones pueda lograr mucho», destacó Monaldi.
Francisco Monaldi recalca que se necesita una descomunal inversión para recuperar el potencial de la industria petrolera
Se calcula que se necesitaría de una inversión de entre 80.000 y 100.000 millones de dólares para intentar recuperar la industria petrolera nacional, además de tiempo para aplicar los correctivos necesarios. Atraer ese tipo de inversión es prácticamente imposible con sanciones.
«Con sanciones es muy difícil atraer inversión extranjera. Habría mucho miedo. Vendrían cosas muy puntuales, que no generarían el impacto económico que podrían generar las inversiones en sectores importantes como el petrolero. Pensar que Venezuela puede desenvolverse y generar crecimiento económico con sanciones, que puede mejorar de manera importante para todos, experimentar un crecimiento inclusivo, es imposible», insistió Luis Oliveros.
El que se fue a la villa…
Aunque coincide en que las sanciones han afectado a todos los sectores de la economía venezolana, el economista Víctor Álvarez hace énfasis en los mecanismos que ha encontrado el Gobierno para responder a las sanciones.
En junio de 2020, con el impacto de las sanciones y la crisis por covid-19, Venezuela extrajo la cantidad más baja de petróleo en 77 años. Por aquel entonces, llegó al piso de 353.000 barriles por día (bpd).
Un año después, hasta agosto de 2021, la producción se encuentra en un estimado de 520.000 bpd. Todavía está muy lejos del millón y medio de bpd que Maduro prometió recuperar, pero es un indicativo de que Venezuela ha recuperado mercado.
Y es que nuevos actores o incluso viejos conocidos han hecho acto de presencia para tomar los espacios abandonados por proveedores y clientes estadounidenses y europeos que han abandonado el mercado por temor a las sanciones de Washington.
«A medida que las compañías estadounidenses y europeas se vean obligadas a retirarse debido a las sanciones, la China National Petroleum Corporation (CNPC), Rosneft, Gazprom y otras petroleras de Irán o India encontrarán espacios vacíos y oportunidades de negocios en la industria petrolera venezolana», razona Álvarez en su informe semanal titulado Sanciones Económicas y Destrucción de las Cadenas de Valor.
Mientras que Pdvsa, obligada por las sanciones, pierde cada vez más activos internacionales, como ocurrió con la venta de su participación en Refinerías Dominicanas (Refidomsa) o la reducción accionaria de Pdvsa en la sueca Nynas, progresivamente llegan más actores internacionales a tomar espacios en Venezuela.
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Para allanar el terreno ante esta posible dinámica del mercado petrolero venezolano, el Gobierno trabaja en una adecuación del marco legal a través de la AN administrada por el chavismo.
El cambio que se plantea implica que los socios privados de Pdvsa puedan financiar hasta el 100% de las operaciones y comercializar libremente todo el petróleo que logren extraer, para que Pdvsa pueda desentenderse del capital.
«Sería una especie de concesión no declarada en el que la inversión que se requiere para extraer el petróleo de los yacimientos la haría totalmente el inversionista privado, quien asumiría el riesgo y control de las operaciones de exploración, extracción y comercialización», detalló Álvarez.
Así navega el barco de la producción petrolera nacional, desprendiéndose del rasgo estatista que siempre defendió y entregándose a los capitales extranjeros, pero sin un rumbo definido y a la merced de unas sanciones que podrían retirarse en el mediano plazo.
Hasta entonces, la incertidumbre se mantendrá en torno al accionar del gobierno de Maduro y especialmente a los acuerdos que logren cerrarse en la mesa de negociación de México en materia de economía y sanciones.
