Finalmente se conoce cuánto gana un diputado opositor de la AN-2015
Sí, finalmente alguien de la AN-2015 se atreve a dar un número, luego de cuatro años de silencio, sobre cuánto es el sueldo de un integrante de ese cuerpo. Lo hizo luego de mucha insistencia, de que la pregunta fuera formulada tres veces y tras varias tentativas de escurrir el bulto. Pero lo dijo: entre 1.200 y 1.500 dólares, según la presidenta de Primero Justicia, María Beatriz Martínez
Aprovechando el interés por el monto, le ponemos contexto a esta revelación. Te contamos primero lo que hablaron varios directivos de su partido en una reunión on the record con periodistas el martes 3 de enero, en la que ahondaron sobre sus razones para disolver el gobierno interino que encabezó Juan Guaidó por cuatro años, junto a los diputados de Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y Movimiento por Venezuela.
Los argumentos de los impulsores del fin del gobierno encargado en la Asamblea Nacional electa en 2015 generan más preguntas que certezas. Eso sí, en PJ abren el espacio para hacerlas, como ocurrió en este encuentro.
En este caso, la exposición de razones pasó de lo jurídico a lo político rápidamente, y es en el segundo terreno que se fundamenta con más ahínco la decisión tomada el pasado 30 de diciembre por una gran mayoría de diputados que forman parte de la Asamblea Nacional electa en 2015, que ha extendido su vigencia desde hace dos años y lo hará por tercera vez.
De hecho, Tomás Guanipa lo dice claramente: «Se quiso hacer un tema jurídico de un tema que es netamente político».
De hecho, Guanipa hace un llamado a pisar tierra. «Que Maduro sea ilegítimo no tiene discusión. Lo que no puede existir es un gobierno alterno que no ejerce funciones, que creamos para poder lograr en poco tiempo un cambio y que se fue renovando por la intención de mantener acuerdos y consensos que nos permitieron seguir unidos. Pero desde hace tiempo la discusión de seguir o no con el gobierno interino estaba prácticamente cerrada».
Cese del interinato estaba acordado entre «todos», a según
Tomás Guanipa recordó que en encuentros de la cúpula opositora ya se había acordado que el interinato debía desaparecer. «En enero de 2021 en una reunión en Bogotá donde estuvo la plana mayor de los partidos, hablamos de la necesidad de darle fin a esa etapa y concentrarnos en la fuerza opositora y en hacer unas primarias para tener un liderazgo unitario. Y también cómo tener un proceso de negociación verdaderamente serio, involucrando a nuestros aliados principales (…) Se hace un gran esfuerzo para crear esa alianza de países para promover y exigir elecciones libres, y ese proceso tenía al gobierno interino como una piedra en el zapato porque generaba polémica en esos países».
Agregó que «una de las decisiones que se tomó fue buscar el mecanismo para darle fin al gobierno interino de forma ordenada. La reforma del Estatuto para 2022 redujo el gobierno interino al mínimo, pero en el ejercicio se dictaban decretos, se nombraban autoridades que no son reales (…) Insistir en que debe haber un (poder) ejecutivo es como decir que debe haber un TSJ en el exilio, eso no existe. Hay muchos gobiernos ilegítimos en el mundo que no son reconocidos, pero no por eso se crean gobiernos paralelos».
El exembajador de Guaidó en Bogotá cree que los de la tolda amarilla están haciendo un ejercicio de «realismo político», pues «no existe en la cabeza de los venezolanos un gobierno interino, tampoco en la de los otros países. Lo que sí sigue teniendo legitimidad en el mundo es la AN, porque es el último órgano electo en Venezuela. Tenemos que garantizar que los activos estén protegidos y concentrarnos en lo que somos: oposición al régimen de Maduro».
Pero cualquiera pudiera decir que en la cabeza de los venezolanos tampoco existe una Asamblea Nacional legítima conformada por opositores, sino una real: la que ocupa el Palacio Federal Legislativo y dicta leyes de obligatorio cumplimiento. Matheus lo admitió al reconocer que «es verdad que la legitimidad de esta Asamblea está deteriorada, hay una merma indudable, pero hay un elemento de origen en el voto que es importantísimo».
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¿Sin Gobierno (E) queda vacío el Poder Ejecutivo?
La pregunta puede sonar muy loca siendo que Nicolás Maduro despacha desde Miraflores. Pero se trata del marco jurídico que se dieron quienes defendieron la juramentación de Guaidó como presidente encargado en 2019.
Juan Miguel Matheus dijo que «la primera tarea es ser pedagógico para entender que el Estatuto existe en virtud de proteger los activos, pero no porque haya órganos ejecutivos con competencias. Básicamente los objetivos del Estatuto son la reconciliación nacional, el restablecimiento de la Constitución y la democracia y, lo más importante a efectos prácticos, la defensa de los activos. No existen ya competencias ejecutivas«.
Críticos del cese del interinato han dicho que el legislativo opositor quiere instaurar una suerte de gobierno parlamentario, al asumir las responsabilidades que tenía Guaidó. Pero Matheus y Martínez hablan, al contrario, de una Asamblea que queda «prácticamente dormida».
«Lo que la AN tiene que hacer es designar o ratificar a los integrantes del Consejo de Administración y Protección de Activos y no ejercer ninguna otra competencia salvo sus potestades de control parlamentario universal sobre ese organismo, o sobre las juntas ad hoc (de Pdvsa y del BCV, encargadas de velar por Citrgo y por el oro en Inglaterra, respectivamente). No existe gobierno parlamentario, no está planteado asumir competencias ejecutivas por parte de la AN».
Pero, ¿queda entonces un vacío de poder en el ejecutivo al ser Nicolás Maduro un usurpador ilegítimo? ¿Queda acéfala la presidencia?
En el reformado Estatuto para la Transición, que mantendrá vigente a la AN-2015 aunque cese el interinato, se insiste en desconocer la elección de Nicolás Maduro en 2018 y la del parlamento que encabeza Jorge Rodríguez en 2020. «De manera que el Estatuto plantea una situación de usurpación, y la terapia es la lucha por elecciones libres para cesar esa situación», puntualizó Matheus.
Para Martínez, la ilegitimidad de Maduro no la determina que exista una presidencia interina «La presidencia en Venezuela está ejercida ilegítimamente por Nicolás Maduro. Ahora, la cura a esa enfermedad no está en una presidencia encargada».
Matheus consideró, además, que «en dictadura la Constitución es una guía de acción para el restablecimiento de normalidad. En dictadura, dos y dos no son cuatro en la interpretación constitucional».
Se mostró confiado en que los activos en otros países no están en peligro, pues «la institución destinataria del reconocimiento internacional fue la AN», cuyas decisiones serán tomadas como buenas por los demás gobiernos involucrados, como ya ocurrió con Estados Unidos.
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¿Qué hacemos con tanta opacidad?
Guaidó dejará de ser presidente encargado este 5 de enero, y es probable que sea relevado al frente de la AN-2015 que, explican los aurinegros, se mantendrá vigente solo para proteger los activos y tener el control político parlamentario, pero de bajo perfil. «Una Asamblea básicamente dormida«, insistió María Beatriz Martínez.
La AN-2015 ha manejado presupuestos superiores a 100 millones de dólares desde que tiene control de cuentas de Venezuela en la Reserva Federal de EEUU, a través de la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital. Allí se contemplan desde gastos administrativos, pasando por salarios de diputados, hasta los dineros para el programa Héroes de la Salud o para los gastos de litigios en el extranjero, entre otras partidas.
En el caso del presupuesto de 2022, cuando se recondujo el de 2021, si se usó completo, cómo se gastó y quién cuidó que se hiciera de manera correcta es un misterio. El mismo que ha acompañado la gestión del parlamento opositor desde hace cuatro años, marcado por poca transparencia y opacidad en las cuentas, en las acciones y hasta en la asistencia de diputados, el cumplimiento del Reglamento Interior y de Debates y el nombramiento de funcionarios apoyados por todas las bancadas.
De hecho, durante cuatro años de interinato soportado por la AN-2015, hubo poca –pero no ninguna– rendición de cuentas y ningún diputado publicó su informe de gestión. En la decena de casos de presunta corrupción surgidos en el mismo periodo hubo mucho silencio, faltó transparencia y se evidenció resistencia a investigar y sancionar a los señalados de irregularidades. En 2021 Transparencia Venezuela denunció la opacidad del interinato y sus distintas instancias. El informe ordenado para develar la trama de la «operación alacrán» al cierre de 2019 nunca fue publicado.
Ninguno de los partidos que ahora afirman que el gobierno encargado no cumplió sus objetivos reclamó esto antes o ahora.
El asunto no es baladí, especialmente porque la extensión en la vigencia de la AN-2015 para 2023 se hará sin que hasta ahora se sepa cómo manejará el presupuesto de 52 millones de dólares que aprobó. ¿Implica un nuevo desembolso desde EEUU o será reconducido del año anterior? ¿Se mantendrá el programa Defensores de la Democracia, con el cual se asignaron dineros a unos 16.000 mil activistas políticos en 2020, según dijo Alejandro Plaz en 2021? No se sabe si hubo asignaciones en 2021 y 2022.
«La verdad es que desconozco los detalles de la reconducción o no del presupuesto», respondió María Beatriz Martínez. Afirmó que el programa Defensores de la Democracia «va a continuar», pero «tendremos una junta directiva que dará respuestas concretas con respecto esto», en referencia a la que se juramentará el 5 de enero.
A todas estas, ¿cuánto gana un diputado de la AN-2015?
«La verdad es que no manejo el detalle de las cifras. Eso forma parte de una respuesta que debe dar la nueva junta directiva», respondió María Beatriz Martínez cuando fue consultada sobre el salario de ella y sus compañeros.
«Los sueldos de los diputados podría perfectamente buscarlos, no soy una persona muy dada con las cifras. Pero creo que es importante es tener el todo. Eso lo tendremos en los próximos días, el monto de todo lo que cuesta la AN-2015», agregó la presidenta de Primero Justicia.
Luego, tras la insistencia de los reporteros y antes de finalizar la conversación, Martínez atinó a dar alguna cifra: «En lo personal, creo que son 1.500 o 1.200 dólares el sueldo mensual de un diputado, no lo sé. Disculpen la imprecisión». Matheus y Guanipa se mantuvieron en silencio.
Ahora, ¿sin el gobierno interino ahora la AN-2015 sí va a rendir cuentas y ser más transparente?
Martínez recordó que desde 2016 el parlamento del que forma parte pasó varios años sin presupuesto ni administración de recursos (porque era considerada «en desacato» por el Ejecutivo nacional). Forma parte de lo que se ha enfrentado».
A su juicio, «la Comisión de Protección de Activos, que tendrá responsabilidades de administración, debe plantear mucha transparencia y la Asamblea Nacional debe dar a conocer los montos que se manejen presupuestariamente. Desconozco es si parte de ese presupuesto que se aprobó allí, es una parte de un presupuesto reconucido. En todo caso, serán respuestas que debe dar la próxima AN y de parte nuestra habrá la solicitud de que haya rendición de cuentas y transparencia».
De lo jurídico a lo político
Cuando en 2019 se argumentó la usurpación del poder ejecutivo y la ausencia de un presidente electo como fundamento para que la cabeza del legislativo asumiera un interinato, se echó mano del artículo 233 constitucional. Ahora, lo que se dijo públicamente era una exigencia jurídica es considerado por quienes entonces levantaron la mano para apoyarlo como una «estrategia política».
Juan Miguel Matheus, uno de los redactores del original Estatuto para la Transición que sorportó al gobierno encargado, recordó que, revisando el proceso previo a 2019, «ya entonces veíamos lo de ahora: que el supuesto del 233 de la Constitución es que un presidente electo no toma posesión y el presidente de la AN asume la presidencia encargada por 30 días. Ese supuesto no se daba entre nosotros, porque no hay presidente electo. En ese momento hubo una discusión de cómo interpretar pero, más allá del acto formal, lo que prevaleció fue el consenso. Había una unanimidad de los grupos políticos de dar una solución a pesar de las dudas derivadas del artículo 233. Todos teníamos la convicción de que el cambio político estaba a la vuelta de la esquina».
Cuatro años más tarde el también abogado afirmó que la realidad cambió. Sostuvo que la revisión del caso comenzó a darse incluso en 2019 «y especialmente en 2020 cuando se planteó la discusión». Y hace un mea culpa en nombre de su partido por no haber alzado la voz durante tres años y medio: «no salimos a explicar nuestros argumentos para no generar polémica».
Tampoco dejaron de dar su beneplácito. El diputado afirma que fueron «generosos» con Guaidó.
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