Fiscalía, sin pruebas, extiende por un año la investigación contra Luis Carlos Díaz
«El despacho está muy ocupado para dar una respuesta al caso» fue el argumento presentado por la Fiscalía para justificar la ausencia de respuestas a la defensa del periodista
El periodista Luis Carlos Díaz será investigado durante un año más por la Fiscalía a pesar de no contar con pruebas que respalden las acusaciones que le adjudican a más de nueve meses de haber iniciado el caso.
La jueza Yislent Infante Medina tomó esta decisión durante una audiencia oral realizada este 9 de diciembre, solicitada por la defensa de Luis Carlos Díaz.
La ONG Espacio Público solicitó el 12 de noviembre que se realizara esta audiencia para determinar el tiempo que el Tribunal otorgaría a la Fiscalía para presentar la conclusión de la investigación, debido a que culminó el plazo de ocho meses establecido por la ley y, al no existir pruebas, quedaría demostrada la inocencia del comunicador.
Las irregularidades marcaron la jornada. Aunque la audiencia debe celebrarse a más tardar 10 días tras realizar la solicitud, en este caso la cita se otorgó 28 días después. Además, no se cumplieron las formalidades legales.
Según Espacio Público, la Fiscal auxiliar, Mercedes Cabrita, expuso sus argumentos «como si se tratara de una conversación fuera de un Tribunal». Por otra parte, la defensa alegó que no se han presentado pruebas que sustenten el caso, a lo que la Fiscalía respondió que «el despacho está muy ocupado» para dar respuesta a la investigación contra el periodista.
«Este argumento no es válido para que en nueve meses no haya habido respuesta a Díaz ni a su defensa; la negligencia e inconvenientes en el Poder Judicial no pueden ser una razón para la violación de derechos humanos, pues el Estado tiene la obligación de velar por la protección de estos derechos y es el responsable de ejercer las medidas necesarias para que se respeten, en cumplimiento de la Constitución Nacional, las leyes, y los acuerdos internacionales», denuncia la ONG.
Díaz fue acusado de instigación pública y fue detenido durante un día, después de que el presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, publicase un video manipulado para argumentar que tuvo participación en el «ataque» al sistema eléctrico nacional que, según el oficialismo, provocó los apagones de marzo.
Yislent Infante Medina es la cuarta juez que lleva el caso, desde que iniciara en marzo de 2019. Hasta el momento, el proceso de asignación de jueces para el caso ha sido opaco, y se desconocen las razones para los cambios.
Mientras no se esclarece el caso, Díaz se debe someter a medidas cautelares de presentación, prohibición de salida del país y de declarar a los medios sobre su caso. Esto lo implica un «castigo sin investigación y sin sentencia contra un defensor de derechos humanos», denuncia Espacio Público.
