Forense ratificó en juicio torturas contra el capitán Acosta Arévalo
Por el asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo están siendo juzgados los efectivos militares Ascanio Antonio Tarascio y Estiben Zarate Soto, adscritos a la Dgcim. La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia cuestionó si la cadena de mando será juzgada en este caso
El médico forense que firmó la autopsia del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, asesinado en junio de 2019 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ratificó las torturas que sufrió el militar durante su detención y que derivaron en su muerte.
Según la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, en la audiencia realizada el miércoles 27 de octubre, el forense fue uno de los seis testigos citados por el Tribunal 12 en funciones de Control.
«El forense hizo una descripción exhaustiva en sala sobre las 38 lesiones que presentó el cadáver del militar, torturado hasta morir. Detalló cada una de las lesiones y sus consecuencias. Explicó cómo fueron causadas las lesiones y con que objetos fueron causadas», dijo la Coalición.
El forense hizo una descripción exhaustiva en sala sobre las 38 lesiones que presentó el cadáver del militar, torturado hasta morir.
Detalló cada una de las lesiones y sus consecuencias. Explicó cómo fueron causadas las lesiones y con que objetos fueron causadas.
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— Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (@Coalicion_ddhh) October 29, 2021
Entre las lesiones se evidencia que el militar sufrió golpes con un objeto cilíndrico, presumiblemente un tubo, así como marcas que sugieren descargas eléctricas, además de fracturas en las costillas y en uno de sus tobillos.
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Todas estas torturas han sido denunciadas por sus familiares y abogados. También quedaron evidenciadas en La República que tortura, un especial de TalCual, y un informe de Amnistía Internacional sobre las razones del deceso de Rafael Acosta Arévalo.
La Coalición también detalló que fueron llamados a declarar cuatro médicos que suscribieron un informe que se realizó en el hospital militar Carlos Arvelo, el día antes de la muerte del militar. «Ese día, el capitán Acosta fue trasladado a ese hospital con múltiples traumatismos. Fue atendido y aunque reflejaron los golpes en el informe, a criterio de estos médicos, no había necesidad de hospitalizarlo. Estás lesiones coinciden con las que aparecen después en el informe forense».
Por el asesinato del capitán Acosta Arévalo están siendo juzgados los efectivos militares Ascanio Antonio Tarascio y Estiben Zarate Soto, adscritos a la Dgcim. La ONG cuestionó si la cadena de mando será juzgada en este caso.
Este año, el tribunal ordenó el pase a juicio luego de que, en octubre de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia anuló la acusación hecha por el Ministerio Público contra los funcionarios de la Dgcim. El TSJ alegó que en el proceso judicial se registraron actuaciones que atentaron contra el derecho a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, y a los derechos de la víctima del delito.
Ese mismo octubre, el fiscal impuesto por la extinta constituyente, Tarek William Saab, admitió que se había realizado una nueva imputación, está vez reconociendo la intencionalidad del homicidio y la tortura. La anterior acusación de «homicidio preterintencional con causal» exculpaba a los presuntos torturadores, como lo denunciaron activistas de derechos humanos e incluso un exfiscal del MP.
Rafael Acosta Arévalo fue detenido en buenas condiciones físicas el 21 de junio de 2019 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por su supuesta vinculación con el fallido alzamiento militar del 30 de abril de 2019.
Tras estar desaparecido forsozamente por varios días, su abogado cuenta que al llegar al juzgado el 29 de junio presentaba evidentes signos de tortura y murió unas horas después en el Hospital Militar, sin siquiera haber sido presentado ante el tribunal.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció ese año que, según las informaciones recibidas, el militar había sido torturado de tal forma que provocaron lesiones irreversibles.
Su caso también fue denunciado por la Misión de Verificación de Hechos, un mandato del Consejo de DDHH de la ONU sobre Venezuela. Además, forma parte de las acusaciones hechas contra Nicolás Maduro y funcionarios de su gobierno por presuntos crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional.
