Funcionarios de la Dgcim amenazan a familiares de presos políticos: «Vamos por ustedes»

Una fe de vida es lo que exigen los familiares de los funcionarios militares que permanecen detenidos en la sede de la Dgcim. Una «requisa» en las celdas terminó en el hurto de las pertenencias de todos los detenidos 

No permitir visitas, ni llamadas, ni fe de vida se ha vuelto una práctica común para el régimen de Nicolás Maduro, para con los familiares de quienes permanecen detenidos en las distintas cárceles creadas solo con fines políticos.

La sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ubicada en Boleíta, Caracas, no escapa de estas medidas. Y la noche del sábado 13 de julio fue el escenario para que familiares de los funcionarios militares, que allí se encuentran recluidos, denunciaran posible aislamiento y torturas.

“El cuarto de los locos” lleva por nombre uno de los lugares a los que habría sido trasladado el capitán de navío Luis Humberto de la Sotta, así lo denunció su madre Sara de la Sotta quien aseguró que la orden se llevó a cabo como medida de represalia, por haber protestado para exigir que el equipo de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachellet ingresara a la sede.

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Por su parte la periodista Mariana Reyes informó a través de su cuenta en Twitter que otro de los funcionarios que habría sido aislado sería el teniente coronel Ruperto Molina, información que fue confirmada por la esposa del funcionario Keyla Flores.

En este sentido, Reyes agregó que varias celdas fueron requisadas y parte de las pertenencias como: colchones, sábanas, cepillo de dientes, medicamentos y ropa habrían sido robadas. Las visitas fueron suspendidas en el turno de la tarde y se les negó el ingreso de la comida a los familiares.

Pero las acciones no terminaron allí y los familiares de los funcionarios que se encontraban en las inmediaciones de la sede, esperando por una fe de vida, fueron amenazados, “vamos por ustedes” fue el mensaje que recibieron desde el interior de la Dgcim.

Caso Molina:

Molina fue detenido el 18 de mayo en la Base Aérea El Libertador de Palo Negro, estado Aragua y acusado de presunta rebelión y traición a la patria sin tener las pruebas.

Al 8 de junio el funcionario militar tenía ya 21 días sin comunicación con sus familiares o defensores. En la audiencia de presentación, efectuada el martes 22 de mayo en los tribunales militares, lo imputaron por los cargos de: traición a la patria, motín, rebelión, e instigación a la rebelión y contra decoro. Se declaró inocente.

Evitar más víctimas: 

El diputado de la Asamblea Nacional (AN) y embajador de Venezuela ante el Grupo de Lima, Julio Borges, rechazó que se aíslen a los funcionarios militares detenidos en la Dgcim y pidió a la comunidad internacional presionar al régimen de Maduro para evitar que más militares mueran “producto de la tortura”.

En este sentido, Borges responsabilizó al Gobierno de lo que pueda ocurrirles, “la comunidad internacional debe actuar para evitar más víctimas de la tortura. Cuba ha construido un sistema de tortura muy sofisticado en los organismos de inteligencia venezolanos, el mundo debe presionar para que este sistema sea desmontado”, sostuvo.

Reiteró que el informe presentado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, debe ser utilizado para que se haga justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro.