Funcionarios despojan vivienda a víctimas de estafa inmobiliaria
Eduardo Velázquez inició en 2007 el proceso de compra un apartamento para su esposa y su hija, la constructora se fue del país sin terminar las obras y el caso lo asumió Indepabis, luego de lo cual continuó con los pagos del crédito hipotecario respectivo, le entregaron las llaves en 2017, pero no pudo protocolizar el documento y ahora aparecen nuevos dueños de su vivienda sin que se le haya notificado ni devuelto su dinero
Que estafen a alguien con su vivienda que ha ido pagando con el esfuerzo de muchos años es una afrenta muy grave, pero que luego de eso autoridades que estaban llamadas a protegerte te vuelvan a estafar es el colmo de la bajeza.
Esto fue lo que le pasó a Eduardo Velázquez, C.I. 9.970.631, quien comenzó a pagar para su esposa Marisela Amundaray, C.I. 14.033.825, un apartamento en el desarrollo urbanístico Conjunto Residencial La Tahona desde 2007 a la empresa Construcciones Edivial S.A., que le fue adjuicado a través de una cuota de participación mientras avanzaban las obras.
Junto a otros 17 propietarios, Velázquez denunció en 2010 a la constructora mencionada por unos incrementos de los pagos mensuales encima de lo pactado que les estaban cobrando; el caso formó parte del escándalo de las estafas inmobiliarias, que varias constructoras perpetraron contra ciudadanos en diversos desarrollos urbanísticos de Caracas y el interior del país.
El propio presidente para entonces, Hugo Chávez, se refirió al tema y nombró al del Conjunto Residencial La Tahona entre los casos de víctimas de estafa inmobiliaria. En su Aló Presidente número 367, del 14 de noviembre de 2010, el mandatario solicitó a su equipo atender y proteger a las víctimas.
Compromiso de pago y entrega de la vivienda
El caso se asignó a Indepabis, ente con el que la Constructora Edivial firmó un acuerdo para culminar las obras y responder a los propietarios, pero posteriormente sus dueños se fueron del país sin haber cumplido.
Una junta interventora del Ministerio para la Vivienda obtuvo seguidamente la tutela de la administración y operación de los desarrollos habitacionales, que fueron intervenidos en 2011, hasta que, en 2013, los asociados suscribieron un compromiso de pago con el Banco Occidental de Descuento y se reanudaron las obras.
Velázquez cumplió con todas las mensualidades establecidas en el convenio; en 2017 le fue solicitado (al igual que a los otros propietarios) un pago adicional y se le entregó la llave de su y apartamento en obra limpia, y a partir de ese momento comenzó a acondicionar el inmueble para que su esposa y su hija fueran a vivir en el mismo.
Ministro conoce sobre el caso de la vivienda
Parecía que la pesadilla había terminado, pero no había hecho más que comenzar. Ese mismo año se les invitó a protocolizar el documento de compra venta, pero por un problema de salud no pudieron asistir en la fecha indicada, algo que consideraban no generaría problema alguno pues posteriormente se les indicó que lo podrían hacer ante el ministerio de Hábitat y Vivienda.
Velázquez fue invirtiendo para que el apartamento tuviera las condiciones necesarias para habitar en él, y cumplió con el pago del condominio respectivo, sin embargo, no pudo conseguir la manera de poder acometer la protocolización del documento de compra venta ante el ministerio de Hábitat y Vivienda.
Ante la imposibilidad de establecer comunicación para proceder a la protocolización, Velázquez y su esposa se dirigieron en abril de 2021 al ministro de Hábitat y Vivienda para el momento, Ildemaro Villarroel, quien les indicó que los remitiría con su equipo técnico.
Funcionarios aprovechadores
Fueron llamados por el mayor Robin Guevara, integrante del equipo de Villarroel, quien los citó a una reunión el día siete de abril en la sede de la Inmobiliaria Nacional.
Al encuentro asistió la ingeniero Daniser Roa, para la fecha directora general de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, quien aseguró que revisaría el caso porque desconocía el mismo.
La bomba estalló una semana más tarde, cuando Velázquez se entera que en el archivo de Registro de El Hatillo aparece un oficio donde se le revoca la opción de compra y venta de forma unilateral, documento que aparece firmado nada menos que por Daniser Roa, la funcionaria que había asegurado desconocer el caso.
Días más tarde al apartamento de Velázquez y su esposa le fue cambiada la cerradura, por lo que no pudo ingresar, al acudir al departamento de seguridad se le indicó que una persona presentó documentos protocolizados con fecha de abril de 2019 y septiembre de 2019, que certificaban compras del inmueble, el cual, según anunció la nueva propietaria, sería vendido nuevamente.
La primera compradora aparece con el nombre de Carla Ortiz Vidal, mientras que la segunda como Carmen Croes, quien es la persona que actualmente tiene las llaves de la propiedad.
A la espera de actuación por parte del Ministerio Público
Esto llevó a Velázquez y su esposa a acudir al Ministerio Público, donde hicieron la denuncia el 28 de abril del presente año. El caso lo lleva la Fiscalía 47, donde la pareja asegura les han atendido diligentemente.
Velázquez le hace un llamado al Fiscal General, Tarek William Saab, para que investigue el caso sobre este despojo del que están siendo víctimas y se respete su derecho a la vivienda y los pagos que han realizado por su inmueble.
Él se pregunta cómo es que unos funcionarios que fueron llamados a proteger a las víctimas terminan perjudicando a éstas. Resalta que por el inmueble, sumando todos los pagos realizados por más de 10 años, canceló el equivalente a la cifra de $30.000, mientras la supuesta propietaria que aparece en el documento protocolizado, aparece pagando $400 por la propiedad, lo que en su opinión demuestra la irregularidad que hay en todo el asunto.
Insiste en que, si hubo una decisión de no protocolizar la propiedad, lo conducente es la devolución de la suma pagada por el mismo, pero que en este caso le han dejado sin la propiedad y sin el dinero cancelado.
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