FundaRedes condena «silencio permisivo del Estado» ante acción de grupos irregulares
FundaRedes, en su informe de 2021, condena el silencio del Estado en medio del conflicto en el Alto Apure, en la frontera con el Arauca colombiano, silencio que continúa hasta la fecha. La ONG documentó 439 muertos en 317 presuntos enfrentamientos en la frontera venezolana, y subrayó que la zona fronteriza es territorio de violación de derechos humanos
De acuerdo con FundaRedes, el 2021 fue el año en que se incrementó la conflictividad y la violencia fronteriza, especialmente, en el estado Apure, donde, desde marzo de ese año, se mantienen los enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional (FAN) y la guerrilla colombiana.
Este es uno de los aspectos destacados por la Organización No Gubernamental (ONG) en su informe anual, difundido el 30 de marzo. Señala FundaRedes que en la zona fronteriza, además de los enfrentamientos armados, tiene lugar una redistribución de redistribución de las estructuras irregulares de poder, pugnas por el control del territorio, recursos y rutas para el comercio ilícito y el narcotráfico.
Un elemento sobre el que FundaRedes hace foco es el relativo al silencio del Estado en medio del conflicto en el Alto Apure, en la frontera con el Arauca colombiano, silencio que continúa hasta la fecha, por cuanto solo se conoce, básicamente, la información que el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofan), a cargo del general en Jefe Domingo Hernández Lárez, divulga a través de sus redes sociales. Para la FAN, el combate es contra los grupos Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos (Tancol).
«Hay un silencio permisivo del Estado venezolano ante las acciones de Grupos Armados Irregulares (GAI), y su actuación en asociación con los cuerpos de seguridad para la apropiación y control de territorios estratégicos para el desarrollo de actividades ilícitas», puntualizó FundaRedes en el informe.
En ese sentido, en el informe, que fue presentado por Clara Ramírez, Gerente de Documentación y Derechos Humanos de FundaRedes, la ONG señaló que tales actuaciones ponen en peligro inminente a la población, «quienes producto de esa dinámica envolvente, terminan como nóminas de los GAI, mafias y bandas que conspiran contra la vida, seguridad, bienestar y libertad, quedando como víctimas de los grupos criminales que pretenden reducirlos a condiciones de servidumbre, o esclavitud moderna en medio de una balcanización».
Este cuestionamiento sobre el silencio del Estado también fue señalado por el coordinador de Exigibilidad de Provea, Marino Alvarado, quien sostuvo que, hasta ahora, no se ha informado al país el estatus de la investigación sobre la masacre de El Ripial, en el Alto Apure, en la que resultó muerta una familia en 2021.
Desde el 21 de marzo @FundaRedes visibilizó todo lo que sucedía en zonas como La Victoria, El Ripial, Tres Esquinas, Arenales, y constantemente denunciamos vulneraciones a los DDHH de víctimas que principalmente era la población civil#InformeFundaRedes2021
— FundaREDES (@FundaREDES_) March 30, 2022
«En el caso del conflicto en Apure se llevó a cabo la ejecución extrajudicial de cinco personas por funcionarios de fuerzas de investigaciones especiales, testigos señalan que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) son responsables”, expresó Alvarado.
El 21 de marzo, FundaRedes informó que, a un año del inicio del conflicto en Apure, se registra el desplazamiento forzado de más de 6000 personas hasta las zonas de Arauca y Arauquita, en Colombia.
#21marzo No podemos decir que hace un año fue el conflicto armado en el estado #Apure hoy, se cumple un año ininterrumpido de conflicto donde la población civil incluyendo niños, mujeres y comunidades indígenas han sido las principales víctimas de grandes violaciones de #DDHH pic.twitter.com/YmKJxozcqr
— Clara Ramírez (@Ramirezclara) March 21, 2022
FundaRedes sostuvo que los Grupos Armados Irregulares (GAI) también despliegan sus operaciones en la zona del Arco Minero.
«44 pueblos originarios que habitan en Venezuela, así como algunas etnias semi nómadas han sido despojadas de sus territorios y caído en un absoluto abandono por parte del Estado venezolano, encontrándose expuestos a las violentas acciones de los GAI, quienes ejercen sus acciones delictivas a lo largo del Arco Minero, controlando el paso de personas y mercancías, utilizando estos espacios para el tráfico ilícito de combustibles, minerales derivados de la explotación irracional del suelo, como oro, diamantes y coltán», señaló la organización.
La ONG documentó 439 muertos en 317 presuntos enfrentamientos en la frontera venezolana durante 2021. Esta cifra, indicó FundaRedes, representa 45 % del total de las víctimas de homicidio en los seis estados fronterizos: «Casi la mitad de ese tipo de muertes violentas fue causada por funcionarios que deben velar por la seguridad de la población y cumplir con los procedimientos formales que establecen las leyes».
FundaRedes repudia violación de DDHH
En el informe de FundaRedes se señala que la zona fronteriza es un terreno donde se ha visibilizado la violación de los derechos humanos, dentro de los que destaca el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, y el derecho a no ser sometido a detención arbitraria, desaparición forzada, tratos crueles, inhumanos, degradantes o tortura.
«El derecho a la propiedad es permanentemente violado en el corredor fronterizo, por los grupos armados irregulares, tomando extensiones de terreno que se han convertido en pistas clandestinas, convirtiéndolo en un gran espacio de llegada y salida de vuelos ilegales que movilizan toneladas de droga hacia Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos y Europa, pistas que suman un total de 70 aproximadamente identificadas por FundaRedes y denunciadas ante el Ministerio Público», resalta el informe.
La organización también puntualizó el trabajo de seguimiento y documentación que, en el año 2021, tuvo un revés con la detención del director de FundaRedes, Javier Tarazona (aún en prisión), y de los activistasRafael Tarazona, y Omar de Dios García.
«El monitoreo constante no está exento de riesgos, siendo el más palpable, la detención arbitraria de activistas de la organización en los meses de marzo y julio pero que aún se mantiene la del director de FundaRedes Javier Tarazona quien, julio de 2021, vive el calvario de haber sido sometido a un encarcelamiento injusto y el desarrollo de un proceso de criminalización judicial, carente de elementos probatorios en su contra”, puntualizó Clara Ramírez.
En junio de 2021, Javier Tarazona denunció que «Apure es epicentro de miedo y desplazamientos forzados, el frente décimo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARCV) amenaza a población del Ripial y La Capilla para que se retiren de estas zonas toda vez que hay nuevamente presencia de la FAN lo que representaría un nuevo conflicto».
