Fundaredes denuncia «destrucción masiva» de los parques nacionales
Fundaredes alertó sobre el “grave riesgo” en el que están estos espacios naturales a consecuencia de la minería ilegal que se practica dentro de las áreas protegidas, especialmente los parques dentro del Arco Minero del Orinoco
La ONG Fundaredes denunció en su último informe que los parques nacionales y monumentos del país, presentan una “destrucción masiva”, debido a las actividades extractivistas, la permisividad del Estado y la falta de conciencia ambiental de los ciudadanos.
En el informe, publicado el viernes 20, se detalló que “Venezuela cuenta con 44 parques nacionales, 36 monumentos naturales y 76 parques de recreación distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional, los cuales, a consecuencia del abandono, actividades extractivistas, intereses económicos y la indiferencia estatal, vienen sufriendo un proceso de destrucción masiva”.
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Ante esto, Fundaredes alertó sobre el “grave riesgo” en el que están estos espacios naturales a consecuencia de la minería ilegal que se practica dentro de las áreas protegidas, especialmente los parques dentro del Arco Minero del Orinoco, y responsabiliza directamente al Estado venezolano de estar en complicidad con este tipo de actividades.
Además de la minería ilegal, Fundaredes identificó otras actividades que afectan a las áreas naturales como las construcciones masivas, los efectos segundarios de las actividades industriales, la tala y la quema, al igual que la invasión de tierras y las labores agrícolas.
“Las condiciones en las que se encuentran parques como el Henri Pittier, Sierra Nevada, Canaima, Yapacana, Morrocoy, Los Roques y el Waraira-Repano (El Ávila), dan muestra de los signos de la devastación que han dejado la anarquía y las políticas que mantiene el Estado de evadir sus obligaciones en materia ambiental, lo que ha traído como consecuencia graves y extensos daños al hábitat”, dice el informe.
En este sentido, Fundaredes exhortó al Estado que adopte medidas administrativas, legislativas y judiciales que garanticen la protección de la biodiversidad venezolana y el patrimonio natural.