FundaRedes denunció militarización y arresto de mineros en Tumeremo, estado Bolívar
A través de sus redes sociales, FundaRedes indicó que llegó a Tumeremo un contingente de la FAN que empezó a militarizar la zona. Al parecer, unos 30 mineros fueron arrestados de manera arbitraria al ser presuntamente vinculados con grupos armados irregulares
La ONG FundaRedes denunció el viernes 28 de octubre que en la localidad de Tumeremo, en el estado Bolívar se registró la llegada de un contingente de vehículos y efectivos militares luego que en la jornada previa se evidenciara que un contingente de la Fuerza Armada Nacional tomando esa zona y desplazar a los mineros artesanales.
En los videos publicados por FundaRedes en sus redes sociales, se ven aviones Sukoi sobrevolando ese sector del estado Bolívar y en las fotos, la presencia de funcionarios castrenses. Reportó la presunta comisión de atropellos y allanamientos irregulares contra la población de Tumeremo, así como habrían arrestado a 30 mineros sin que se conozca dónde están.
Según dijo a esta ONG el vocero de los consejos comunales en Tumeremo, Luis Caraballo, es falso que los mineros arrestados sean parte de grupos armados irregulares y que exigen explicaciones a la administración de Nicolás Maduro del por qué de estas operaciones en esa zona de Bolívar.
*Lea también: FAN neutraliza otro avión por supuesto narcotráfico y contabiliza 32 derribos
Esta situación, al parecer, ya pasó en la zona de Imataca, en el municipio Sifontes, entre el 17 y 19 de octubre. En esa oportunidad, los mineros fueron víctimas de robo, quema de campamentos y de una iglesia cristiana que funcionaba en ese sector por parte de la Fuerza Armada Nacional.
Esto obligó a que más de 1.000 mineros tuvieran que salir del lugar y ahora unos 200 están refugiados en las montañas a 10 horas de Imataca. Aseguran que pagan sus impuestos a la Corporación Venezolana de la Minería (CVM).
FundaRedes indica que el Estado justifica sus actividades porque ejecutan la operación Autana 2022, que tiene como objeto principal el combate de los denominados «grupos Tancol» y advierte que entre el 14 y 18 de agosto pasó algo similar.
Se registran denuncias de allanamientos y atropellos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado sin la debida orden judicial, al mismo tiempo se presume que 30 mineros de la localidad de Imataca habrían sido detenidos desconociéndose su paradero pic.twitter.com/ygS52NvUj4
— FundaREDES (@FundaREDES_) October 28, 2022
Aunado a los anteriores hechos que evidencian abuso de poder, aviones de combate de la FANB sobrevuelan Tumeremo e ingresan de tanquetas de guerra a esta población, con el fin de desplazar a mineros artesanales de estas zonas auríferas, vulnerando sus derechos fundamentales pic.twitter.com/I7fk1euPeN
— FundaREDES (@FundaREDES_) October 28, 2022
Situación que obligó al desplazamiento de más de 1.000 mineros. Al menos 200 se encuentran refugiados en zonas montañosas aproximadamente a 10 horas de Imataca, encontrándose mujeres y niños sin condiciones para resguardarse de las hostilidades de un terreno de este tipo
— FundaREDES (@FundaREDES_) October 28, 2022
La justificación por parte del Estado ante este atropello, es que estas acciones se amparan en la operación Autana 2022, con el objetivo de combatir y desarticular a los Grupos Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol)
— FundaREDES (@FundaREDES_) October 28, 2022
Habitantes de las poblaciones de Tumeremo y El Dorado han decidido salir a las calles a manifestar su rechazo a esta violación de DD.HH. y a exigir justicia ante las autoridades.@lacarolarojas_
— FundaREDES (@FundaREDES_) October 28, 2022
La ONG Fundaredes publicó un informe a mediados de julio respecto al deterioro que, según su información, han registrado en el Arco Minero del Orinoco en materia ambiental, enfatizando que más de 1.200 hectáreas de selva virgen en el estado Bolívar -cerca de la frontera con Brasil- se han visto afectadas por la acción de la minería ilegal, desforestación y la tala indiscriminada.
Según el dossier elaborado por Fundaredes, esa zona mencionada está sufriendo «una agresiva, irracional y desordenada explotación» por parte del Estado, que usa el Arco Minero del Orinoco para buscar cubrir el déficit en los ingresos por concepto de renta petrolera, fallas en las industrias básicas y lo que consideran como erradas políticas económicas.
