Gobierno retoma cobro de impuestos municipales sin permitir reactivación de la economía

Gremios empresariales afirman que nuevamente el gobierno tomó una medida sin consultar con los sectores productivos del país, que son los principales contribuyentes

El gobierno de Nicolás Maduro quiere retomar el cobro de impuestos municipales a industrias y comercios suspendido el 8 de julio por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por 90 días, sin antes permitir una verdadera reactivación de las fuerzas productivas del país para que las empresas puedan cumplir con estas obligaciones. No el esquema de flexibilización 7+7.

«La Sala Constitucional del TSJ suspendió por el lapso de 90 días la aplicación de cualquier instrumento normativo dictado por los concejos municipales y consejos legislativos de los estados que establezcan algún tipo de tasa o contribución de naturaleza tributaria», decía el comunicado emitido el 8 de julio por el máximo tribunal.

El domingo 9 de agosto la vicepresidente del chavismo, Delcy Rodríguez, anunció que 305 alcaldes, integrados por el oficialista Consejo Bolivariano de Alcaldes, firmaron un acuerdo de «armonización tributaria municipal» a través de la adopción del petro como única unidad de cuenta. La intención de los alcaldes, todos afectos al gobierno de Maduro, es que el TSJ levante la suspensión, informó la funcionaria.

«Me parece inconveniente que aunque el régimen no ha decidido que pueda haber actividad comercial, permita que se cobren impuestos. Yo creo que tiene que ordenar los caballos delante de las carretas, porque si no lo que va a hacer es una gran inmolación de nuestro sector comercial, que tiene meses completos sin poder abrir la santamaría, y que cuando la abre no tiene clientes sino un dossier casi que infinito de funcionarios que quieren sobornar y extorsionar», afirma Víctor Maldonado, exdirector de la Cámara de Comercio, Industrias y Servicios de Caracas.

Señala que el pequeño comercio y las actividades de los centros comerciales han estado total y absolutamente limitadas, restringidas e incluso anuladas. «Es absolutamente injusto que esos comercios, que no tienen ni oferta posible ni demanda razonable, en un país además empobrecido, sean víctimas de los impuestos municipales. El régimen ha tomado la decisión de priorizar la protección contra la pandemia a la protección de la economía, que ya venía siendo devastada por el mismo régimen».

Consecomercio y Conindustria advierten que si el Ejecutivo no levanta la cuarentena en el sector productivo ni toma medidas de apoyo, fundamentalmente flexibilización tributaria y el acceso a financiamiento bancario, cerca de 60% de las industrias y 40% de los establecimientos comerciales podrían cerrar sus puertas este año. Esto arrojaría a la calle a más de tres millones de venezolanos.

Los gremios empresariales aseguran que la medida de retomar el cobro de impuestos fue tomada sin consultar con los sectores productivos del país, los principales contribuyentes.

«Nosotros no hemos sido requeridos para discutir ninguna propuesta. Estamos esperando la invitación para discutir una propuesta de fondo y llegar a un documento que haga que finalmente pueda ser legal la aplicabilidad en todo el país. Esperamos que eso ocurra con el consenso de todos los sectores, sobre todo los productivos que estamos sujetos al pago de impuestos», indica Felipe Capozzolo, presidente de Consecomercio.

Francisco Acevedo, primer vicepresidente de Conindustria, también asegura que la decisión de retomar el cobro de patentes fue tomada de manera unilateral.

«Nosotros no somos consultados para nada de eso, y somos los principales afectados. El sector industrial es el más afectado porque es el que trabaja con márgenes más pequeños y es más difícil todo esto. Si le sumas que está llegando una cantidad importante de productos importados, que no pagan impuestos y muchos de ellos ni siquiera pagan patentes, la industria le están pegando por todos lados», sostiene.

Acevedo indica que la suspensión del cobro de tasas y contribuciones ordenada por el TSJ el 8 de julio fue una especie de respiro para la industria en medio de una crisis profundizada por la parálisis económica de la cuarentena, y que con ella se esperaba como resultado una armonización fiscal, que bajara el costo de estos impuestos municipales en todo el país.

«Hay una anarquía. En Venezuela cada alcaldía hace lo que considera. No hay una armonización fiscal y los tributos están subiendo de manera exorbitante porque cada vez hay menos contribuyentes por el cierre de empresas».

En los 20 años de revolución bolivariana el parque industrial venezolano se redujo más de 80%. En 2019 Conindustria reportó el cierre de 400 empresas, quedando apenas unas 2.145 instalaciones al cierre del año, cuando en 1999 Hugo Chávez asumió la Presidencia con una Venezuela que tenía más de 13.000 empresas manufactureras.

«Los municipios han reducido su base impositiva por consecuencia del cierre de empresas y de la informalidad de la economía, y recae en el sector formal toda la estructura de costo, que no tiene sentido desde el punto de vista de justicia, porque si divides el costo de una alcaldía entre las pocas empresas que quedan, te da como resultado una patente muy elevada que hace que más empresas cierren«.

Acevedo sostiene que actualmente el sector industrial no tiene capacidad para pagar patentes que las alcaldías subieron de menos de 1%, a 2%, 3% y hasta a 5% de las ventas brutas de la empresa, dependiendo de su actividad.

«Esto hace complejo completamente la operación de la industria. Hemos pedido que regresar a los porcentajes anteriores que existían hace tres o cuatro años, que eran menos de 1%. La solución del problema es que arreglen la economía para generar empresas y empleos. Mayor cantidad de empresas, mayor recaudación fiscal. El gobierno ha hecho todo lo contrario».

La ministra de Comercio Nacional, Eneida Laya Lugo, prometió a los representantes del sector manufacturero que anunciarían algunas medidas de apoyo en los 15 días después del encuentro que sostuvieron en mayo. No cumplió.

Voracidad fiscal

Desde que inició la lucha contra el coronavirus en el país y el Ejecutivo decretó el estado de alarma en marzo, los gremios empresariales han solicitado reiteradamente a las autoridades que siguieran el ejemplo de los demás países del mundo y flexibilizaran el pago de impuestos, fundamentalmente a aquellas empresas obligadas a mantenerse cerradas.

El gobierno, por el contrario, ha mantenido la política restrictiva de encaje legal que limita el crédito bancario, exoneró hasta el 31 de diciembre de 2020 el pago de impuestos por importación a productos terminados, anunció el regreso del control de precios, obligó a comercios a no comprar productos de algunas empresas, no ha solucionado la escasez de combustible, ajustó la Unidad Tributaria (UT) un 2.900% al incrementarla de 50 a 1.500 bolívares, y ha creado nuevos impuestos municipales.

«El gobierno trabaja para que las empresas cierren. Hay una voracidad fiscal que atenta contra el sector privado. No solo no recibimos ayuda sino que hemos sido castigados con algunos impuestos adicionales. Nos han puesto nuevos tributos en alcaldías. Estamos en un país donde la crisis económica y la covid-19 nos mata, y el gobierno nos remata«, expresa el vicepresidente de Conindustria.

El 19 de junio de 2020 entró en vigencia la ordenanza del municipio Vargas (estado Vargas) que crea el Impuesto sobre Actividades Económicas de Intercambio Comercial Internacional, que establece una alícuota o tarifa aplicable de 0,12% «por embarque al valor CIF y/o al valor FOB de cada Declaración Única de Aduanas (DUA), según el tipo de operación aduanera de la que sean objeto las mercancías o productos tramitados». Este impuesto lo tiene que pagar cualquier empresa, esté o no en Vargas.

En Carabobo, uno de los estados con mayor cantidad de industrias en Venezuela, el gobernador Rafael Lacava creó el Importe Tributario Estadal (ITE), con un valor de 1.500 bolívares, «como base de cálculo a los fines del pago por parte del contribuyente de los impuestos, tasas, contribuciones especiales, multas, sanciones, recargos, y demás especies fiscales pechadas en virtud del ejercicio de las competencias de esta entidad político territorial». Entró en vigor el 27 de julio de 2020.

Maldonado señala que los municipios son «depredadores» de la actividad comercial, y en parte culpables de una lógica económica en donde más de la mitad de la población económicamente activa está en el sector informal de la economía, porque «son insufribles la voracidad fiscal de los municipios, que se suman por supuesto a la voracidad fiscal del Estado nacional».

«Lo que no está haciendo ni reflexionando el régimen, es que ellos tienen que hacer sacrificios fiscales explícitos y unívocos que no solo tienen que ver con los bonos y bonitos que entregan a los trabajadores, sino algunos criterios salvaguarda del sector comercio y sector industria. El sacrificio en este momento tiene que hacerlo el sector público y no el sector privado, si no la tragedia será mucho peor, y los que no mueran por pandemia, terminarán muriendo ante la absoluta falta de oportunidades de un país sin economía», agrega Maldonado.