Gobierno viola tratados de ONU limitando operaciones bancarias de migrantes
La defensa de los migrantes y de sus actividades inherentes se encuentran protegidos por convenciones de la ONU, por lo que se estarían violando los derechos de los venezolanos inmigrantes al restringir el manejo de sus cuentas bancarias que tienen en el país
Las migraciones de ciudadanos son una historia que data desde hace muchos años en todo el mundo, es por ello que organismos internacionales se dieron a la tarea de reconocerlas en la declaración universal de los derechos humanos. El objetivo es proteger e igualar las condiciones a los trabajadores migrantes legales, pero también el respeto de los derechos fundamentales de los migrantes ilegales o sin documentación.
Los textos sobre derechos internacionales de los ciudadanos establecen que migración y remesas son dos caras de la misma moneda. Su importancia radica en que las remesas representan un importante desplazamiento de recursos desde países ricos a países pobres o en crisis económica o política.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es el principal organismo que ha constituido un tratado internacional con respecto a la protección de los derechos de los migrantes y más cerca en la región latinoamericana, el Compromiso de Montevideo firmado en el año 2006 por Venezuela, entre otros países
Esta semana, el Gobierno venezolano a través de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) ordenó a la banca pública y privada solicitar a sus clientes que informen cuándo viajen al exterior, porque en caso de no hacerlo, se les bloqueará sus cuentas bancarias mientras permanezcan fuera del país.
Esta resolución impediría entonces a aquellos venezolanos que emigraron y que aún requieren movilizar sus cuentas para transferir dinero a familiares o para cancelar la factura del condominio o de los servicios públicos (electricidad, agua, teléfonos, entre otros) de sus viviendas que dejaron en la nación petrolera. Por lo que se estaría violando los tratados internacionales que establecen a los gobernantes de facilitar las condiciones de vida de los migrantes.
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De acuerdo a estadísticas de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) han salido de Venezuela 2,3 millones de venezolanos, sin embargo, algunas empresas venezolanas como Consultores 21 sostienen que han emigrado alrededor de 4 millones.
La consultora Ecoanalítica -por su parte- calcula que al país ingresaron en 2017 remesas por un monto de 1.000 millones de dólares en el año 2017 y, prevén que cierre 2018 por el orden de los $1.500 millones.
El superintendente de Bancos, Antonio Morales, advirtió recientemente que las casas de cambio son las únicas autorizadas para recibir remesas y que los venezolanos que se encuentren fuera del país deben utilizar esta vía para enviar recursos hacia Venezuela. No obstante y a pesar de que el tipo de cambio oficial registra un alza significativa, aún muchos prefieren otro mecanismo para hacerles llegar la ayuda a sus familiares como el mercado paralelo.
Por otra parte, el dólar no oficial sigue mostrando incrementos en su precio ante la persistente caída en la oferta de divisas, ante la falta de confianza sobre el sistema de subasta de divisas Dicom y en el plan de recuperación económica del presidente Nicolás Maduro, al señalar que no existe un programa integral y de ajuste de las políticas fiscal, monetaria y cambiaria.
Los tratados
La Convención de las Naciones Unidas hace énfasis en la conexión entre migración y derechos humanos, la cual se convierte cada vez más en un asunto político crucial de interés mundial. La Convención tiene como meta proteger a los trabajadores migratorios y a sus familiares; su existencia establece normas éticas y sirve como guía y estímulo para la promoción de los derechos de los migrantes en cada país.
«El principal objetivo de la Convención es fomentar el respeto de los derechos humanos de los migrantes. Los migrantes no son solamente trabajadores, son también seres humanos», señala
La Convención sostiene -entre otros puntos- que los migrantes deben tener derecho a mantener contacto con su país de origen, lo que implica: Asegurar que los migrantes puedan regresar a su país de origen si así lo desean, permitirles efectuar visitas ocasionales e incitarlos a mantener lazos culturales (artículos 8, 31, 38) y; garantizar la participación política de los migrantes en el país de origen (artículos 41-42).
Esta Convención también busca asegurar el derecho de los migrantes a transferir sus ingresos a su país de origen (artículos 32, 46-48)
Expertos en derecho internacional señalan que la importancia económica de la migración internacional es visible, pues no sólo le produce un ingreso al individuo, sino que también genera el envío de remesas a los países de origen. Se debe recordar que en algunos de esos países estas remesas son una importante fuente de ingresos en divisas.
El Gobierno ha mantenido el monopolio de la distribución de las divisas desde el año 2003 cuando instauró el control de cambio. Aunque Maduro ha flexibilizado varias normas cambiarias se advierte que toda divisa que ingrese al país y especialmente las remesas enviadas a las casas de cambio venezolanas deben ser entregadas por completo al Banco Central de Venezuela (BCV) para ser vendidas en el Dicom a personas naturales y jurídicas. Hasta la fecha, el acceso a este esquema sigue siendo limitado.
Sobre este tema, otros tratados señalan que los ingresos y remesas de los migrantes son de su total propiedad y forman parte de una ayuda familiar, no pertenecen a los gobiernos.
Al respecto, no hace mucho, durante la gestión de Hugo Chávez, Venezuela firmó en 2006 junto a gobernantes de 22 países el llamado Compromiso de Montevideo en ocasión de la XVI Cumbre Iberoamericana realizada en Uruguay los días 4 y 5 de noviembre, cuyo tema central fue la migración.
En el documento se establece que las remesas «no deben ser catalogadas como ayuda oficial al desarrollo, puesto que son flujos financieros privados, de solidaridad familiar»
Recalca además este tratado que estos recursos responden al derecho de todo ser humano de asistir de modo individual al sustento y bienestar de otras personas. Por lo que este derecho debe ser reconocido y salvaguardado, al igual que el derecho de los destinatarios a recibirlas.
«Los Estados deben abstenerse de promulgar disposiciones legislativas o adoptar medidas administrativas coercitivas, que puedan obrar en detrimento de este derecho. Debemos facilitar el envío de remesas, reduciendo su costo y garantizando el acceso a los servicios bancarios. Procuraremos incentivar oportunidades que motiven el mejor aprovechamiento de esos flujos en actividades productivas y de inversión que favorezcan a las familias y comunidades de origen de los migrantes», señala el documento.
