Gran corrupción ha impactado más en la crisis que las sanciones
Cuando hablamos de gran corrupción, explicó Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, participa el alto gobierno “por lo que se promueven grandes redes donde se anima a esto, hay un gran alcance internacional a través de conexiones de personas con crimen organizado”
La gran corrupción es uno de los elementos que ha impactado de forma diferenciada en la crisis económica y social que enfrentan los venezolanos desde hace al menos seis años, al contrario del discurso oficial que alude los inicios y causas de la crisis y una emergencia humanitaria compleja a las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países.
Así lo consideraron un grupo de expertos durante el foro “Venezuela: Gran Corrupción e Impacto en los Desca y la crisis humanitaria”, organizado por la Red anti-crímenes de lesa humanidad.
Fernando Fernández, abogado y director del Monitor de Derechos Humanos, recordó que en la denuncia hecha por la administración de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI), donde se acusa a Estados Unidos de genocidio y otros delitos de lesa humanidad a través de las medidas coercitivas unilaterales, se señala que las sanciones afectan a toda la población venezolana, incluidas las ramas de la administración pública y los distintos poderes.
También mencionó el informe de la relatora independiente Alena Douhan sobre la materia, aunque considera que incurrió en una falta de metodología “muy grave” al omitir todas las medidas económicas tomadas por el Gobierno a través de la expropiación, toma y afectación de empresas.
Para Fernández, la Alta Comisionada de Naciones Unidas Michelle Bachelet también incurrió en falta de metodología en su último informe país al omitir información y evitar consultar expertos y otras fuentes para dar su opinión sobre el agravamiento de la crisis, “sin tomar en cuenta otros factores concomitantes”.
“Siempre hemos preguntado qué pasa si se levantan las sanciones, ¿se va la crisis? Hay una condición previa a la crisis, antes de las sanciones, y que impide que ésta se resuelva de un día para otro”, destacó el director del Monitor.
Por ello, hizo un llamado a estudiar a fondo la crisis humanitaria inducida, además de incidir en el expediente del examen preliminar Venezuela II “para ilustrar a la Fiscalía de la CPI y los magistrados sobre otros datos que no han sido presentados”.
Gran corrupción
Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, aseguró que su organización no tiene dudas de que la razón principal de la crisis que viven los venezolanos es la gran corrupción.
Cuando hablamos de gran corrupción, explicó De Freitas, participa el alto gobierno “por lo que se promueven grandes redes donde se anima a esto, hay un gran alcance internacional a través de conexiones de personas con crimen organizado; hay impunidad porque se coopta el sistema judicial y se elimina la posibilidad de justicia para las víctimas; y tiene un impacto brutal sobre la población, porque no incluye la corrupción de funcionarios específicos sino el impacto en la calidad de vida, que se hace vulnerable y genera dependencia del Estado”.
También, destacó la directora de Transparencia, han podido identificar un patrón de gran corrupción que incluye los incentivos a este delito, el monopolio y control creciente sobre el aparato productivo, así como un gasto público que sostiene el apoyo político, entre otras causales.
Según las investigaciones de Transparencia Venezuela, actualmente en 71 países tiene presencia la corrupción venezolana, es decir, “hay empresas, negocios, aliados o facilitadores en esas naciones. Estamos absolutamente seguros de que la mayor parte de información de los casos de corrupción no se ha hecho pública todavía”.
De Freitas además detalló que en tribunales de 21 países están investigando 95 casos de corrupción venezolana, incluyendo investigaciones policiales y de fiscalías. “108 casos en sistemas de justicia del mundo, donde hay más de 300 personas naturales, más de 200 personas jurídicas además de las personas que no están identificadas”.
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Estados Unidos es el país que más ha avanzado en investigación de corrupción venezolana, donde todas las áreas venezolanas han sido afectadas.
Mientras que Santiago Cantón, director del programa legal Peter D. Bell y ex relator de la CIDH, resaltó la importancia de la sociedad civil en colaborar con la Corte Penal Internacional para identificar crímenes de lesa humanidad específicos y los responsables.
Está clara en la vinculación de la gran corrupción y derechos humanos, al igual que en otros países de la región, dijo Cantón en su intervención. “El gran vacío que tenemos en esta materia es la inexistencia de decisiones de organismos intergubernamentales vinculando corrupción con derechos humanos. Hay declaraciones, informes, pero cuando se llega a la línea de impulsar a través de decisiones judiciales, hay un vacío absoluto”.
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A nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se hace complejo poder hacer eso, mencionó el experto. “¿Cómo determinar que una persona no recibió buena atención médica porque no están los aparatos en un hospital y fue por culpa de la corrupción? ¿Cómo ubicar el camino del dinero del Estado?”
En el caso de la CPI, dijo Cantón, se hace más difícil porque el delito de corrupción no está establecido en el Estatuto de Roma, “por lo que hay que buscar alguna analogía con los delitos ya tipificados y además vincularlo a una persona específica. Hay que tratar de superar esa barrera a nivel internacional, que es la ausencia de decisiones vinculantes en esta materia”.
Impacto de las sanciones
El economista e investigador Omar Zambrano aseveró que el origen de la crisis es anterior a la imposición de las primeras sanciones relevantes sobre el sistema económico venezolano.
Hubo un arrase absoluto del tejido productivo venezolano privado, afirmó el economista “que no hizo falta mientras el contexto internacional fue positivo para el gobierno de Hugo Chávez, debido a los precios del petróleo y una entrada de divisas”.
Según las investigaciones hechas por diversos economistas, 2017 fue la entrada en recesión económica, al tiempo que se perdió el acceso al mercado internacional y ahora enfrentamos un proceso hiperinflacionario. “El efecto de estos factores es lo que explica el choque contra los ingresos familiares a partir de 2014, el aumento de la crisis y la desnutrición, hambre, desempleo”, dijo Zambrano.
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Pero cuando el chavismo abandona su forma de hacer las cosas, considera el investigador, “la economía reacciona. Contrario a lo que se ha podido pensar, el gobierno venezolano ha relajado el set de controles y el hostigamiento del sector privado, debido a las sanciones, lo que produjo una especie de rebote económico a partir de agosto de 2017”.
A pesar de estos factores, criticó que la estabilización del ingreso de alimentos y medicinas está mal distribuido, lo que ha contribuido al empobrecimiento de un sector de la población.
“Se ha dado una aproximación pragmática de la administración Maduro en un momento de estrechez económica. Tampoco minimizo las sanciones y las dificultades que generaron para operar en Venezuela, pero se puede concluir que la imposición de sanciones tuvo como respuesta gubernamental el levantamiento de restricciones económicas para el sector privado y de importación”, resaltó.
