Hijo de presa política excarcelada bajo amenaza de cárcel por 12 años por buscar medicina
Diego Sierralta, hijo de Yenny Barrios, paciente oncológica que estuvo detenida en Lara por razones políticas, podría enfrentar 12 años de cárcel por intentar cambiar unos parches de fentanilo para su mamá. Funcionarios encubiertos lo detuvieron en una falsa transacción y le imputan tráfico de drogas, contrabando y asociación para delinquir
Diego Sierralta, un joven estudiante que meses atrás denunció en redes sociales la detención ilegal, las faltas al debido proceso y violaciones de derechos humanos a su mamá, Yenny Barrios, paciente oncológica detenida en Lara en el contexto postelectoral; está preso y podría enfrentar entre 12 y 30 años de prisión.
Se encuentra en el Centro de Detención Preventiva Pata ‘e Palo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Barquisimeto y le imputan presuntos delitos de tráfico de droga, aprovechamiento de objeto proveniente del delito, contrabando y asociación para delinquir.
Sierralta, quien es el sostén económico de su familia, expuso durante la audiencia de presentación, el pasado 24 de enero, que el día 22 de ese mes intentó cambiar cuatro parches transdérmicos de fentanilo -un analgésico para dolores crónicos usado por su mamá quien padece de linfoma no Hodgkin- por otro medicamento que Barrios necesitaba para su tratamiento de quimioterapia.
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Ese día su mamá, quien fue excarcelada en diciembre por su crítica condición de salud, debía recibir el cuarto ciclo de quimioterapia para tratar la enfermedad diagnosticada en agosto de 2024.
Requerían Ciclofosfamida de 1.000 mg, un medicamento de alto costo que recibe gratuitamente en el servicio de oncología del hospital del Seguro Social, Dr. Pastor Oropeza Riera, pero no estaba disponible, por lo cual, tuvieron que buscarlo por su cuenta.
No tenían dinero para comprar el fármaco y recordaron que tenían parches transdérmicos. Publicaron un mensaje en un grupo de WhatsApp de pacientes oncológicos, ofreciendo intercambiarlos por la Ciclofosfamida. Poco después, fue contactado para hacer la transacción, pero eran funcionarios encubiertos de la División Contra Drogas de la PNB. Acudió al lugar y fue detenido. En ese momento, Barrios lo esperaba y no pudo recibir el tratamiento.
Yenny Barrios, madre de Diego Sierralta, fue detenida en el contexto postelectoral y puesta en libertad con medidas cautelares debido a su estado de salud, está en tratamiento de quimioterapias
La Prensa de Lara reseñó que, según fuentes policiales, el joven fue detenido en la carrera 14 con calle 60 de Barquisimeto, a 2.4 km del Hospital Dr. Pastor Oropeza, por presunta distribución de fentanilo y medicamentos controlados. Sus abogados defensores aseguran que los cargos imputados carecen de fundamento en su caso.
De acuerdo con la versión de la PNB, entre los productos decomisados se encuentran 112 ampollas de efedrina sulfato, cuatro parches transdérmicos de fentanilo; los medicamentos tramadol, midazolam, lidocaína, ceftriaxona y soluciones intravenosas.
Los abogados señalan que estos fármacos son esenciales en tratamientos médicos, pero la policía los consideró susceptibles de tráfico ilegal.
En la audiencia, Diego Sierralta aseguró que solo llevaba en el vehículo cuatro parches de fentanilo y una carpeta con los exámenes y estudios de su madre que demostraban su intención de conseguir el medicamento necesario. «Ahora es una víctima del sistema», afirmó su abogada.
Criminalización
En las últimas semanas, a la par que se han conocido excarcelaciones, también ha habido reportes sobre hostigamiento y persecución a familiares de presos políticos que recibieron medidas sustitutivas de privación de libertad.
Según testimonios recogidos por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), tanto los familiares como los propios excarcelados han sido víctimas de acoso por parte de funcionarios y personas involucradas en sus detenciones tras las elecciones del 28 de julio.
Manuel Virgüez, director del Movimiento Vinotinto -ONG que vela por los derechos de los ciudadanos en Lara-, califica la detención de Diego Sierralta como “extraña” y asegura que este tipo de casos se suman a una serie de patrones de persecución que han ocurrido luego del 28 de julio.
Detalló que, según el último informe de la ONG, documentaron dos tipos de patrones no recurrentes en años de protestas en el país. Esta vez, se acentuó la criminalización de la actividad en el espacio digital y la persecución contra voluntarios de centros electorales: testigos y miembros de mesa que prestaron apoyo en las presidenciales de julio.
El activista mostró su preocupación por las detenciones de ciudadanos por enviar mensajes por aplicaciones de mensajerías, reenviar una nota de voz o tener imágenes alusivas a la oposición o protestas. Dijo que, según datos del Movimiento Vinotinto, 20% de las detenciones en el contexto post electoral se registraron por esa causa.
“Es una situación que en el país es nueva en comparación con años anteriores. Hasta un 20% de los 1.800 presos políticos postelectorales, fueron producto de situaciones en las que el Estado los criminalizó por su actividad digital”, dijo Virgüez.
Opacidad sobre excarcelaciones
El fiscal general del Ministerio Público, Tarek William Saab, dijo recientemente en una entrevista que han excarcelado a más de 1.900 presos políticos tras “revisión de casos” por el órgano de investigación. No obstante, Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, aseguró que la cifra que registran es menor a la que el titular del MP ofreció.
Detalló que entre noviembre de 2024 y enero de 2025 han verificado aproximadamente unas 800 excarcelaciones de personas que habían sido detenidas en todo el contexto postelectoral.
Himiob aclaró que pese a que se ha dado un número significativo de excarcelaciones, el Foro Penal no ha podido verificar ese número anunciado por el Ministerio Público.
Sostuvo que, como no se ofrece lista oficial de excarcelados, el trabajo de corroborar caso por caso, es complejo. “No hay manera de comprobar si esas cifras del Ministerio Público incluyen sólo a presos por motivos políticos o también a presos comunes”, resaltó.
Además señaló que sobre las excarcelaciones no existe un patrón determinado o no conocen los parámetros que el Ministerio Público toma en cuenta a la hora de excarcelar a presos políticos.
“Uno de los más graves problemas que enfrentamos es que no se conoce cuál es el parámetro que se utiliza para determinar quién es excarcelado y quién se queda preso”, declaró.
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