Hoy hace un siglo se aprobó la primera Ley de Hidrocarburos de Venezuela
En plena dictadura gomecista surgió un burócrata capaz de apretar tuercas a las avorazadas compañías petroleras internacionales. Se llamó Gumersindo Torres y hasta ahora nadie le ha regateado su sitial en la historia
Gregorio Salazar |@goyosalazar
La anécdota fue narrada por el propio Rómulo Betancourt. Siendo presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno (1945-48) acudió a un sepelio de este corte: gomecista había sido el finado y gomecistas la mayoría de los presentes, muy sorprendidos por la presencia de un adversario tan antiguo como tenaz, ahora al frente de un régimen empeñado en borrar todo vestigio de aquella dictadura. El difunto era el ex Ministro de Fomento de Gómez, Gumersindo Torres, impulsor de la primera Ley de Hidrocarburos, de la que se cumple hoy un siglo de su aprobación.
“Fue ese gesto mío una forma de testimoniar reconocimiento del país, representado por el Jefe del Poder Ejecutivo, a un funcionario que procuró la defensa de los Intereses de la Nación, en época en que el subsuelo de Venezuela era subastado en las peores condiciones entre los miembros de la internacional del petróleo”, dejó constancia Betancourt en su relato.
Ese experimento legal, que apenas sobrevivió 352 días a las presiones de las petroleras, sumado a una segunda ley en 1928 y el Reglamento de 1930, ambos con la impronta de Torres, hicieron del dos veces ministro de Fomento y primer Contralor General de la República rara avis de los gabinetes gomecistas y figura prominente en la historia de la industria petrolera venezolana.
La lotería petrolera
Aunque desde 1911 cuadrillas de exploradores, geólogos e ingenieros recorrían febrilmente el territorio nacional y tres años antes de la ley del año 20 Venezuela producía, refinaba y exportaba crudo, tuvo que hacer erupción el Pozo La Rosa, proyectando al cielo durante nueve días seguidos su caudaloso chorro de más 50 mil barriles de crudo, para que la palabra “petróleo” apareciera por primera vez en un mensaje anual de un presidente al Congreso.
Hasta 1918 se habían aprobado doce leyes “de minas” y ese era el genérico bajo el cual los discursos oficiales abarcaban todo lo que tuviera que ver con asfalto, nafta, betún, ozoquerita, cera mineral, carbón, brea o petróleo. Podía ocurrir, como en efecto, que en las trastiendas del poder hubiera una verdadera rebatiña de concesiones en millones de hectáreas, cedidas al entorno más íntimo y/o familiar de Gómez y traspasadas luego para beneficio propio a las compañías extranjeras. Sin embargo, del petróleo no había debate público ni se rendían las amplias relaciones dedicadas a los alzamientos, persecuciones de montoneras, inversión en armamentos, avances del ferrocarril, el telégrafo u obras públicas usuales en los mensajes al Legislativo de principio de siglo.
Pero era imposible ignorar el reventón del Barroso N° 2 (14-12-1922), que dejó boquiabiertos a los cazadores internacionales de fuentes de esa riqueza minera, holandeses, ingleses y norteamericanos. Era un torrente incontenible. La Caribbean Petróleum se declaró en emergencia y desplazó hacia el caserío La Rosa, de Cabimas, “una caldera, dos bombas, gran cantidad de tubos de grueso calibre y 600 hombres para los primeros trabajos”.
Leámoslo con las mismas palabras que lo reseñó la prensa zuliana de la época: “Se nos informa que es tan potente el grueso chorro de petróleo, que ha inundado la zona La Rosa i corrido hacia el lago el precioso mineral en tal cantidad, que las corrientes lo han traído hacia las márgenes de la región de Las Rancherías i hacia Los Haticos en esta ciudad”. (Panorama, 20-12-1922).
Cuando el 28 de abril de 1923, Gómez dirija su mensaje anual al congreso dirá que en hidrocarburos la zona venezolana estaba reconocida como de las mejores del mundo, “sobre todo en estos últimos tiempos en que el pozo de petróleo La Rosa, por su potencia y capacidad, sorprendió gratamente al patriotismo, superando los más optimistas cálculos de técnicos y empresarios”. El año anterior al hablar de la “industria minera” sólo se había referido al carbón de Las Hulleras de Naricual.
El Lago de Maracaibo se convirtió en una de las zonas más noticiosas del país aunque mayormente circunscrita al Zulia. Una intensa movilización de hombres y equipos por mar y tierra, reventones, explosiones, incendios, derrames de crudo, los espasmos y el espeso líquido amniótico de la Venezuela que estaba por nacer y que vendría al mundo con su billete de lotería premiado bajo el brazo.
El rigor de Torres
No era fácil legislar sobre petróleo en un país donde por voluntad del caudillo un particular podía recibir una concesión de 27 millones de hectáreas para explorar y explotar el subsuelo de un territorio equivalente al de siete estados y al día siguiente hacerle el traspaso a una compañía internacional.
Lo mismo si la tarea implicaba tocar intereses de las compañías, especialmente de unos EEUU ansiosos de recuperar el terreno perdido en Venezuela frente a ingleses y holandeses y de jugar su papel de emergente hegemón capitalista. No se diga lo que podían mediatizar al legislador las viejas “deudas morales” de Gómez con el país norteño cuyos barcos de guerra garantizaron el no retorno del derrocado compadre Castro.
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Para 1917, cuando Gumersindo Torres (Coro, 1875) asume el Ministerio de Fomento los precios del petróleo iban en franco ascenso y para el año en que el congreso promulga la primera Ley de Hidrocarburos (19-6-1920) se habían triplicado con relación a 2013. Un Estado dependiente de una deprimida economía agrícola y pecuaria en decadencia veía desfilar una inmensa riqueza que iba a parar a manos foráneas.
El dilema era similar al que se le presentaba México: cómo obtener más participación en las ganancias sin tocar demasiado los intereses foráneos para no espantar sus inversiones, fantasmas a lo mejor desatados por su condición de gobiernos rehenes. Las ganancias eran inmensas.
En sus 74 artículos la Ley de Hidrocarburo introdujo rigor técnico en las contrataciones entre el Estado y las empresas y la supervisión de las operaciones por el Ministerio de Fomento; aumentó las rentas superficiales, fijó el impuesto de explotación en 15 %; consagró el principio de reversión de las instalaciones industriales del Estado al final del término de la duración de la concesión; disminuyó el tamaño de las concesiones, incrementó el área de las reservas nacionales.
La ley redujo grandemente la cada vez más numerosa lista de artículos y componentes de libre importación para las labores de las petroleras. Torres veía un gran perjuicio en ese convenimiento. En una oportunidad, tras ver la relación que le presentaba un administrador de su despacho exclamó: “Caramba, 233 millones de bolívares en exoneraciones por mercancías traídas al país sin pagar derechos de aduanas y 172 millones por impuestos recaudados a las petroleras por sus actividades. Sería mejor regalarles el petróleo y que paguen los impuestos arancelarios”.
El presente incierto
Torres, médico de profesión, fue removido de su cargo en el año 22, pero en el 29 volvió a encargarse del despacho de Fomento, oportunidad en que creó el Servicio Técnico de Hidrocarburos, cuyas labores de inspección fueron verdadera piedra en el zapato para las petroleras. El 7 de agosto de 1930 se promulgó el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos y el 24 de noviembre se decidió el envío de los primeros ingenieros venezolanos que estudiarían la teoría y la práctica de la industria petrolera. Las petroleras tuvieron que pagar sumas importantes en impuestos de boya, mejorar la atención médica de sus trabajadores. Formalizó todos los procedimientos de fiscalización y supervisión a la industria.
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En 1975, al cumplirse el centenario de su nacimiento, un gobierno de la democracia promovió como homenaje un concurso biográfico sobre Gumersindo Torres, ganado por el historiador por excelencia del petróleo venezolano, Anibal R. Martínez, quien delineó el singular perfil de este funcionario con reconocimiento de propios y extraños.
La Ley de Hidrocarburos de 1920 fue un notabilísimo antecedente de las reformas que adelantaron los sucesivos gobiernos, desde López Contreras, Medina, hasta la nacionalización en 1976 para incrementar los beneficios a la nación de una industria fundamental para Venezuela, hoy en proceso de reestructuración y con rumbo legal y operacional totalmente incierto.
