Impunidad de crímenes contra periodistas prevalece en Venezuela, denuncian ONG
Desde 2002, señaló Espacio Público, se han contabilizado 16 asesinatos de periodistas, de los cuales 12 siguen en proceso y con estatus desconocido. IPYS Venezuela recordó que «ser periodista no debería representar un riesgo ni un peligro en un país democrático»
El Instituto de Prensa y Sociedad capítulo Venezuela (IPYS Venezuela) y la organización Espacio Público denunciaron que los crímenes contra periodistas y otros trabajadores de la prensa cometidos en el país no son investigados y prevalece la impunidad.
Cada 2 de noviembre se conmemora el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, instaurado por Naciones Unidas en 2013. De acuerdo con los registros de IPYS Venezuela, al menos 157 violaciones contra la prensa se registraron entre enero y octubre de este año.
Estas violaciones a la prensa se manifestaron por medio de agresiones físicas o verbales (81), discursos estigmatizantes (66) y hostigamiento judicial (10). Mientras que Espacio Público contabilizó 1.317 víctimas de agresiones, detenciones o asesinatos desde el año 2002 hasta la fecha.
La ONG recordó que el Estado venezolano no investiga o se demora en los procesos, no identifica responsables, ni sanciona a los culpables. «Los profesionales de la comunicación trabajan mientras ponen en riesgo su seguridad sin contar con un Estado que les resguarde».
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Además, desde 2020 se han asesinado tres trabajadores de la prensa (José Gregorio Urbina, Andrés Eloy Nieves Zacarías y José Carmelo Bislick). Estos homicidios continúan sin resolverse y los autores -en su mayoría- no han sido alcanzados por la justicia. Desde 2002, señaló Espacio Público, los asesinatos de periodistas aumentan a 16 casos, de los cuales 12 siguen en proceso y con estatus desconocido.
IPYS Venezuela y Espacio Público exigieron al Estado venezolano iniciar y concluir las investigaciones correspondientes en los casos en los que los periodistas han sido víctimas de vulneraciones a sus derechos. También solicitaron que se incluya la reparación a las víctimas y garantías de no repetición. «Ser periodista no debería representar un riesgo ni un peligro en un país democrático».
