Incremento de impuesto municipal fomenta cierre de industrias aragüeñas
La ordenanza del Impuesto sobre Actividades Económicas aprobada por la Alcaldía del municipio Sucre incrementa dicha contribución al menos en un 1.000% respecto al tributo anterior. Freddy Lujano, presidente de la Cámara de Industriales del estado Aragua, advierte que la medida tiene una consecuencia tremenda en el sector económico de Aragua: pone en riesgo la propia existencia de las empresas y los puestos de trabajo
La ordenanza del Impuesto sobre Actividades Económicas aprobada en diciembre de 2018 por la Alcaldía del municipio Sucre, estado Aragua, que las autoridades empezaron a cobrar en junio, aumenta el riesgo de cierre de los pocos comercios e industrias que aún quedan en la ciudad de Cagua, donde opera 15% del sector industrial aragüeno y están ubicadas empresas del sector alimentario que abastecen a todo el país.
“El incremento del impuesto municipal tiene una consecuencia tremenda en el sector económico de Aragua: pone en riesgo la propia existencia de las empresas y los puestos de trabajo. Y si esto encarece los productos o si las empresas no pueden mantenerse abiertas, se está poniendo en riesgo algo mucho más crítico y delicado: la propia posibilidad de que el pueblo se alimente, y no solamente el pueblo de Cagua ni del resto del estado Aragua, sino de toda Venezuela”, advirtió Freddy Lujano, presidente de la Cámara de Industriales del estado Aragua (CIEA), en una rueda de prensa realizada este 2 de septiembre en la sede de Conindustria, en Caracas.
La ordenanza incrementa dicha contribución al menos en un 1.000% respecto al tributo anterior. “Por ejemplo, una empresa que en mayo tributó 50 millones de bolívares, para junio vino la factura cercana a 600 millones de bolívares”.
El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo que se calcula sobre ingresos brutos y no sobre las ganancias, de manera que las empresas, aun teniendo pérdidas, están obligadas a pagar un monto que muchas veces es mayor que lo que obtienen. Es por esta razón que Lujano sostiene que la ordenanza tiene un carácter confiscatorio. Además, ahora las industrias están obligadas a pagarlo sobre una base mensual.
El líder gremial precisó que la Ordenanza no contempla la progresividad que permite deducir el cálculo de otros impuestos y costos, como la recaudación del Seniat, pues este decreto no toma en cuenta las demás contribuciones fiscales con las que deben cumplir las empresas.
La medida también afecta la productividad y la competitividad de las industrias de Aragua, que producen hoy por debajo de 10% de lo que trabajaban cinco años atrás, pues en el mercado venezolano, principalmente en el aragüeno, se están comercializando a precios más económicos productos importados de otros países de la región como Colombia y Ecuador, donde la tendencia es a que no se tribute sobre ingresos brutos sino con base en ingresos netos.
“Hay sectores emblemáticos que están produciendo al 1% de lo que producían hace cinco años, y su competitividad ahora está mucho más en riesgo. ¿Cómo mantienes abierta una empresa con un incremento de costo tan severo y con una competencia de productos similares más económicos? ¿Y cómo garantizas el empleo a un conjunto de trabajadores si no sabes si mantendrás o no la empresa abierta?”, expresó el líder del sector industrial aragüeño.
Señaló que muchos emprendedores y pequeños comerciantes están volviendo a la informalidad tras el incremento del tributo. “La situación es realmente dramática”.
Lujano indicó que la Alcaldía del municipio Sucre de Aragua aprobó la ordenanza sin la consulta previa que obliga la ley y sin atender a la capacidad que tienen las empresas para pagar el tributo.
En un comunicado de Conindustria emitido en agosto, el gremio advirtió que la promulgación y ejecución de un importante número de leyes de contenido tributario por parte del gobierno de Nicolás Maduro atentan aún más contra la producción, la libertad empresarial y el emprendimiento, y sienta las bases “para que la anarquía y la apetencia fiscal continúen horadando el futuro de la manufactura nacional”.
Alertó que el conjunto de decisiones del gobierno y la ausencia de una política tributaria en los términos constitucionales vigentes, lejos de favorecer al mejor desempeño de la manufactura, conducen a su desaparición.
La Confederación de Industriales aseguró que estas medidas impactan aún más el flujo de caja de las empresas, condenándolas a un cierre técnico en menor tiempo del que reflejan nuestros estudios (un 53% señala que permanecerá entre 6 a 12 meses), lo cual “dejaría sin una de las principales fuentes de generación de empleo productivo a cientos de miles de ciudadanos”.
Un sector contraído
El sector industrial aragüeño opera hoy por debajo de 15%. Incluso algunas empresas trabajan a 1% de lo que producían hace cinco años. Otras compañías han cerrado, lo que elevó la tasa de desempleo en la entidad.
“El sector industrial está golpeado. Es dramático que de 12.500 ahora solo queden 2.500 empresas, y con el riesgo de que este año desaparezcan otras 500. Es delicado. En el sector metalmecánico podemos conseguir empresas totalmente paradas, producción 0%, sobre todo por falta de materia prima que no está siendo surtida por las empresas básicas de Guayana”, afirmó el presidente de la CIEA.
La incertidumbre en el escenario político e institucional, la precariedad de los servicios básicos (electricidad, agua, teléfono e Internet) y la falta tanto de financiamiento como de divisas fueron cuatro de los cinco factores que dificultaron la producción durante el segundo período de este año. No obstante, el principal problema que agobia a los empresarios sigue siendo la caída del consumo, consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos por la hiperinflación, que se ha mantenido en el último año como el primer factor que afecta al sector manufacturero venezolano.
Lujano indicó que la diáspora también ha afectado seriamente a los industriales. Indicó que en el último año y medio las personas que más se han ido del país ha sido la mano de obra calificada, que es muy difícil de obtener.
Las empresas que siguen operando pagan sueldos muy por encima del salario mínimo (Bs. 40.000) debido a que “el sector privado ha entendido la necesidad de sus trabajadores”. Hace dos años los empresarios comenzaron a hacer ajustes de los ingresos de sus empleados cada dos meses y ahora hay compañías que hasta están haciendo incrementos mensuales y semanales. Sin embargo, Lujano admitió que siempre llega un momento en el cual no importa lo que se le dé al trabajador, no es suficiente porque la hiperinflación “se lo come de una manera inmediata”.
La inseguridad en Aragua también afecta a las empresas ubicadas en el estado. Lujano señaló que todas las semanas reciben reportes de dos o tres empresas en San Vicente en las cuales entraron delincuentes que se roban cables, materia prima, equipos y violentan las instalaciones.
Por último, el empresario solicitó a la Alcaldía del municipio Sucre que derogue el impuesto, que permita a las compañías seguir tributando para el beneficio de la comunidad, pero como lo venían haciendo anteriormente, y que instalen unas mesas técnicas donde se sienta el sector privado, la comunidad de Cagua y los concejales. “Estamos claros de que el municipio necesita incrementar sus ingresos para devolver servicios, como el eléctrico y el de agua potable, que están por el suelo, pero que lo hagan de una manera razonable en la cual la fuente de empleo no se vea en riesgo de dejar de existir y que el sector comercio no pase a la informalidad”.
