Sobornos y retrasos: La marca de Odebrecht en Venezuela
Autor: Luisa Quintero
Acusaciones, retrasos en obras y los escándalos marcan el paso de la constructora brasileña Odebrecht por Venezuela, desde 2006. En esa fecha, el fallecido Hugo Chávez informaba sobre la construcción del Puente Cacique Nigale (Zulia) y se colocaba la piedra fundacional. Casi 11 años después, la obra solo tiene poco más de 15% de avance, según José Carlos Prober, jefe de proyecto de Odebrecht, con fecha de culminación para 2018. Si acaso.
Los inicios de construcciones pactadas con la brasileña, que desde 2016 enfrenta un escándalo por una red millonaria de pagos y sobornos en 12 países, fueron con el Puente Orinokia (Bolívar) durante la gestión de Alberto Esqueda como ministro de Infraestructura en 1999.
Luego se sumaron los contratos con el Metro de Caracas y Los Teques, el segundo puente sobre el Lago de Maracaibo, el metro Guarenas-Guatire, el Aeropuerto de Maiquetía, los sistemas de MetroCable y Cabletren, el proyecto agrario José Inácio de Abreu e Lima y la Hidroeléctrica de Tocoma, todos inconclusos y donde ministros y sus familiares son investigados por recibir sobornos para mantener los jugosos acuerdos.
Representantes de la constructora brasileña admitieron ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber sobornado con 98 millones de dólares a funcionarios públicos en Venezuela entre 2006 y 2015.
Una investigación de Runrun.es y El Pitazo detalla que la constructora brasileña pagó al menos 13 millones 385 mil 329 dólares en sobornos para mantener contratos. De los dólares transferidos «bajo cuerda» por Odebrecht a intermediarios en Venezuela, $883.930 fueron pagados como comisión para mantener el contrato del Tercer Puente sobre el Orinoco.
De esa cantidad, la empresa también destinó $541.296 en coimas por la obra del Puente Nigale, la segunda estructura sobre el Lago de Maracaibo.
Por su parte, el diputado Juan Guaidó asevera que durante los años 2007 y 2010 el Gobierno invirtió 16 mil millones de dólares para realizar cinco obras con la empresa constructora, todas ellas con un retraso promedio de 7 años.
Según las cuentas de la ONG Transparencia Venezuela, 28 ministros y 9 presidentes de institutos autónomos, empresas del Estado y otros organismos habrían contratado con Odebrecht.
Su directora ejecutiva, Mercedes de Freitas, explica que de las once obras paralizadas actualmente y que pertenecen a convenios con Odebrecht, algunas están en la fase inicial y la gran mayoría se ubica por debajo del 50% de ejecución.
PRIMEROS ACUSADOS
La fiscal Luisa Ortega Díaz afirma en una entrevista al diario Estado de Sao Paulo que por lo menos 20 personas, entre funcionarios y familiares, están siendo investigadas por estos actos de corrupción, aunque es tarea difícil pues «los que tienen los elementos de prueba son aquellos precisamente a quienes se les está investigando».
Las primeras acusadas por actos de corrupción vinculados a Odebrecht son María Eugenia Batista Zacarías, esposa del diputado y ex ministro Haiman El Troudi, quien es beneficiaria final de la cuenta bancaria de Alfa Internacional S.A, que recibió aportes de una compañía relacionada indirectamente a la empresa, según datos del MP.
La Fiscalía recibió información desde Suiza, en donde se evidencia que Batista Zacarías, ligada al Metro de Caracas, recibió dinero a través de esa cuenta de una empresa relacionada indirectamente con Odebrecht, que posteriormente pasó en buena parte a las cuentas bancarias de Elita Del Valle Zacarías Días, madre de Batista y quien también es investigada.
Por esta indagación y producto de las averiguaciones que adelanta Suiza, las autoridades del país europeo procedieron a bloquear cuentas bancarias en diversas instituciones financieras, entre otras Credit Suisse, Banque Heritage y BNP Paribas.
Ortega Díaz también confirmó que la rectora Socorro Hernández firmó contratos.
OSCURANTISMO
Mercedes de Freitas critica que el Estado no haya publicado la información sobre los contratos con esta u otras empresas, pues se desconoce hasta dónde llega la responsabilidad de las constructoras. También, si el Gobierno hizo los pagos completos a Odebrecht, una posible justificación a la paralización de obras, menciona de Freitas. «Lo que hemos observado es que la mayoría avanza a medida que el Gobierno cancela compromisos».
La relación tan estrecha entre Odebrecht y los distintos ministerios también dificulta que la empresa informe si le cancelaron las deudas. De Freitas ejemplifica la situación.
«En 2015, se aprobó un crédito extraordinario por más de cinco mil millones de bolívares sólo para Odebrecht. Al detallar la operación, se constató que eran pagos para cinco obras distintas. Era un pago para la empresa y con eso se avanzó algo».
RETORNO DE ACTIVOS
A principios de este año, Nicolás Maduro admitió que buena parte de las construcciones encargadas a la brasileña estaban paralizadas. «Vamos a terminar todas las obras que tenía Odebrecht en el país con trabajo nacional, porque eso es cabilla, cemento, y eso lo sabemos hacer los venezolanos».
De Freitas recuerda que eliminar un contrato no es tan simple como dice Maduro. «Eso lleva un tema de jurisprudencia internacional donde debes estipular cláusulas y razones para rescindir el acuerdo, además de determinar quién asume la responsabilidad en la pérdida de dinero en las obras».
Esperamos que esas 11 obras no sean elefantes blancos, recuperar el dinero robado y que los ministros y Odebrecht paguen, sentencia la directora de Transparencia Venezuela. «Lo que tenemos es que con Tarek William Saab se mueva un dedo para investigar o acusar a cualquier involucrado.
Tenemos que dar la lucha para que ese dinero ingrese a los activos de la República». La fiscal Ortega Díaz acusó al chavismo gobernante de expulsarla del ministerio Público usando la Constituyente para «tapar» la corrupción.
Óscar Solórzano, abogado peruano especialista en recuperación de activos del Instituto de Basilea Internacional para la Recuperación de Activos, explica que el rastreo de bienes necesita de la cooperación judicial internacional para ordenar el embargo de documentos bancarios: «Una vez identificadas las cuentas, se solicita un bloqueo o embargo judicial».
Esas personas políticamente expuestas tienen que identificarse en detalle; así como a sus familiares, empresas y entorno que, de alguna manera, esté relacionado con esta persona, señala Solórzano, pues se valen de estructuras off shore o de jurisdicciones no cooperativas, que obligan luego a las instituciones a valerse de métodos para determinar dónde ha ido a parar el dinero público.
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