La obsesión estatizadora versus la reforma y el consenso, Gregorio Salazar
En sus tiempos de maratónicas alocuciones en cadena gustaba de solazarse Chávez en anunciar que en el puerto de La Guaira estaban seis, siete, ocho buques en cola esperando para descargar miles de toneladas de carne y pollo provenientes de Brasil y Argentina. Purita seguridad y soberanía alimentaria.
La jactancia además de chocante resultaba vacua, fatua, vacía por no decir estúpida, pues tal caravana de alimentos importados no significaba otra cosa que por otro lado se estaba fugando una cantidad de millones de dólares, perfectamente cuantificables también en toneladas, para pagar comida que podía producirse en Venezuela, donde contamos con sobrados recursos humanos, los conocimientos tecnológicos y requerimientos materiales para asumir esa ineludible tarea.
Pero había otra significación mucho más grave. Fueron tiempos en que los ministros de Tierra, Jaua y Loyo, se pasearon a lo largo y a lo ancho del territorio nacional expropiando unidades productivas en el agro venezolano: cañaverales, haciendas productoras de carne, leche y queso, unos tres millones de hectáreas de sembradíos que a decir de ellos estaban en las inapropiadas manos de oligarcas criollos y extranjeros. Sería sólo entonces por “oligarcas” o “burgueses”, más no por inútiles, porque a la vista está en esta época de criminal hambruna desatada por aquella desaforada política cuánto pesa hoy sus ausencias.
A la luz de esa política de persecución a la economía de libre empresa, de la reducción al mínimo de aquellos “capitalistas hambreadores del pueblo”, cabe preguntarse a quién le compraba Chávez el pollo y la carne que importaba. ¿Sería a los consejos comunales cariocas o rioplatenses? ¿Tal vez a alguna cooperativa de gauchos socialistas? ¿O a una versión sureña de los Fundos Zamoranos? Obviamente que no, esos millones de dólares que salían de Venezuela iban a enriquecer todavía más a los estancieros argentinos y brasileños, integrantes seguramente de la oligarquía más rancia del continente.
Quiere decir entonces que para el atolondrado caudillo de Sabaneta los capitalistas extranjeros tienen derecho a producir y alimentar a aquellas poblaciones, a generar empleos, divisas, riqueza para sus países, derecho absolutamente negado para los productores venezolanos aunque eso significara a mediano plazo desabastecimiento, carestía y finalmente el hambre que hoy campea en el pueblo venezolano.
Precisamente, entre las “proposiciones urgentes a la Nación venezolana y al gobierno” que esta semana hizo el sector opositor denominada Concertación para el Cambio en busca de una reforma económica que abata la inflación se incluye la “reprivatización de todas las empresas expropiadas o confiscada por razones distintas del bien común, así como aquellas que se encuentran paralizadas, en particular las agroalimentarias”.
Dejando de lado la consideración de que ya el sólo hecho de devolver esas unidades económicas después de haber sido arrasadas, desmanteladas, será inútil si no se cuenta con la inyección de recursos económicos para su reactivación, es bastante improbable que un régimen que todavía celebra como júbilo revolucionario (al menos es lo que aparentan) el cierre y abandono del país de inversores extranjeros con varias décadas de operaciones en el país estará dispuesta a dar giro tan brusco en su demencial trayectoria. La demanda ha sido hecha a lo largos de estos años por Fedecámaras y la oposición política sin recibir ningún tipo de atención.
Hay otra serie de medidas propuestas: incrementar la producción petrolera; una nueva directiva de PDVSA electa por consenso; unificación cambiaria y levantamiento del control cambiario; despenalización de la tenencia y uso de dólares; reducción drástica del déficit fiscal; incremento del precio de los combustibles; eliminación de la emisión de dinero inorgánico; apertura a las inversiones nacionales y extranjeras; cese de controles compulsivos y un plan de subsidios directos.
Medidas sin duda pertinentes, en cual no se ve la fuente que aportará los ingentes recursos que se necesitan para el rescate de la industria petrolera y desarrollar un plan de verdadera estabilización macroeconómica. Por lo demás, falta por ver la receptividad que pueda dar a esa pertinente propuesta por parte de un gobierno que considera a la oposición toda, ni digamos a un sector minoritario, como absolutamente prescindible. Mientras, el país se sigue tornando inviable.
