El fujimorismo quiere tomar el control del máximo tribunal del Perú
El fujimorismo quiere tomar el control del máximo tribunal del Perú como último recurso desesperado para dejar sin efecto la disolución del Parlamento
En Perú, el fujimorismo (Fuerza Popular) y sus aliados han puesto los ojos en el Tribunal Constitucional (TC) como último mecanismo en su desesperado intento por dejar sin efecto la disolución del Parlamento, destaca La República.
Con ese fin, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Pedro Olaechea, le envió un oficio al máximo tribunal para que reconozcan el nombramiento de su primo, Gonzalo Ortiz de Zevallos.
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Lo instó a acatar el artículo 16 del Reglamento Normativo del ente constitucional, según el cual el supuestamente nombrado nuevo magistrado debe asumir su cargo diez días después de publicarse la resolución legislativa de su nombramiento.
Es más, el documento precisa que Ortiz de Zevallos Olaechea “reemplazará al magistrado con mandato vencido cuya colegiatura sea la de menor antigüedad”, que en este caso sería el juez Eloy Espinosa-Saldaña, considerado por Fuerza Popular como opuesto a sus intereses.
Pedido improcedente
Horas más tarde, los aún legisladores del Frente Amplio, Marco Arana y Justiniano Apaza, también mandaron una carta al presidente del TC advirtiéndole que el pedido de Olaechea es improcedente pues la citada resolución legislativa no ha sido publicada en el diario El Peruano (Gaceta Oficial), como especifica el Reglamento.
Es más, aclara que el proceso en el que presuntamente habría sido elegido el nuevo miembro del tribunal no concluyó porque se presentó una reconsideración y una impugnación que nunca se llegaron a resolver, como exige el artículo 58 del Reglamento del Congreso.
Se trata de la solicitud de reconsideración presentada por la exlegisladora de Unidos por la República, Patricia Donayre, y la impugnación de la exparlamentaria del Frente Amplio, María Elena Foronda, por haberse suplantado su voto como si hubiera respaldado la elección de Ortiz de Zevallos.
¿Por qué el fujimorismo, el aprismo y sus aliados están empeñados en hacer valer la presunta elección del primo del presidente de la Comisión Permanente? Sencillamente porque esto cambiaría la correlación de fuerzas que existen actualmente en el TC, y serían mayoría los afines al fujimorismo.
Esta mayoría en el TC, decidiría el hábeas corpus de Keiko Fujimori, y el recientemente presentado por su padre, Alberto Fujimori, para dejar sin efecto la resolución judicial que anula su indulto. Pero, además, deberá pronunciarse sobre la demanda competencial en torno a la disolución del Congreso, anunciada ayer temprano por Olaechea y cuya presentación, junto a la de una medida cautelar, fue aprobada por unanimidad durante la sesión de la Comisión Permanente.
Fueron 21 votos a favor, provenientes de Fuerza Popular Contigo, Cambio 21, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Apra, Acción Republicana y Unidos por la República. Los 21 miembros de la Permanente que se aferran al poder y que pretenden, con la designación de Ortiz de Zevallos, subir de tres a cuatro los miembros del TC que puedan emitir las sentencias en la orientación que ellos deseen.
El oficio enviado por Olaechea al TC deberá ser visto por el pleno de esta entidad, que deberá decidir si lo acoge o no. Por lo pronto, ha convocado a una sesión del pleno del tribunal para el próximo jueves 10 de octubre, curiosamente un día antes que se reúna la Comisión de Venecia, fecha en que se preparará un borrador sobre su opinión en torno al adelanto de elecciones, como anunciaron tras su visita a nuestro país.
Ante esta instancia están acreditados dos magistrados del TC: José Luis Sardón, quien es conocido por su cercanía con el fujimorismo, y Eloy Espinosa-Saldaña, el juez que para Olaechea debe ser reemplazado por su primo.
Vigilantes y movilizados
Ante los últimos acontecimientos generados por el cierre del legislativo, colectivos ciudadanos, gremios laborales y partidos políticos vuelven hoy a las calles a las 5:00 de la tarde para respaldar la decisión del presidente Vizcarra de cerrar el Congreso. El punto de encuentro será la plaza San Martín.
En conferencia de prensa, los representantes de estas organizaciones señalaron que el cierre del Legislativo es un triunfo de la ciudadanía que no dejó de salir a las calles desde el año 2016 cuando dijo “No a Keiko”, y que ahora ha impedido una nueva repartija en el Tribunal Constitucional.
Cuestionaron que apristas y fujimoristas traten de confundir al pueblo indicando que la medida de Vizcarra es inconstitucional y haciendo gestiones que ya no les corresponden.
“El señor Pedro Olaechea con las fuerzas políticas fujiapristas están tratando de inscribir al señor Gonzalo Ortiz de Zevallos, quien fue elegido de manera ilegal e ilegítima como miembro del Tribunal Constitucional. No pueden hacerlo porque el Congreso ya fue disuelto y lo que hay es una Comisión Permanente que no tiene ninguna atribución para solicitar la incorporación del señor Ortiz de Zevallos en el TC”, indicó Martha Cuentas, de la Asociación Nacional de Centros.
Añadió que estarán vigilantes y movilizados para que esta pretensión no pase.
También defendieron la constitucionalidad de la disolución del Congreso, de acuerdo con el artículo 134 de la Carta Magna. De ahí que la consideraron legal y legítima, muy distinta al golpe de Estado de Alberto Fujimori en 1992.
Nuevo Gabinete jura este jueves
Hasta la madrugada de este jueves (03.10.2019) el presidente, Martín Vizcarra y su primer ministro, Vicente Zeballos seguían afinando el nuevo Gabinete Ministerial.
En una entrevista radial, Zeballos comentó que esa tarea culminará recién hoy y que esta tarde sus integrantes jurarán el cargo. “Hay conversaciones bastante avanzadas”, dijo.
Sobre qué características tendrá el nuevo equipo, Zeballos mencionó que van a “mantener la llamada paridad”; es decir, mitad hombres y mitad mujeres.
Según refirió, también buscan “un Gabinete bastante empoderado, con criterios de consenso y con perfil político para que pueda ayudarnos en este período”.
Zeballos explicó que los 18 ministros del Gabinete que encabezó su antecesor Salvador del Solar se vieron obligados a presentar su renuncia por la crisis generada tras el rechazo de la cuestión de confianza, y que algunos de ellos no continuarán en el nuevo equipo.
Evitó dar los nombres, pero sí refirió que en el caso del canciller Néstor Popolizio, él había manifestado que ya había cumplido su ciclo, por lo que necesitaba un relevo. “Hay otras carteras que no van a continuar, respetamos esa opción”, añadió.
Gobierno rechaza renuncia de la vicepresidenta
El gobierno de Vizcarra rechazó la renuncia de la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, por considerar que la presente ante un congreso que «no existe». Aseguró Zeballos.
La replica hecha por el ministro surge luego que Aráoz anunciara el 1 de octubre su renuncia de forma «irrevocable al cargo y también al nombramiento de la oposición como presidenta encargada, luego de que el mandatario peruano disolviera el Congreso avivando la crisis política del país andino.
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«Desde una perspectiva política y constitucional, ella sigue siendo vicepresidenta de Perú», remarcó el ministro a medios locales.
Zeballos hizo énfasis en que Aároz renunció ante el presidente del Congreso, y este organismo «no existe», pues fue disuelto por el mandatario de ese país.
«Lo que está en ejercicio es la Comisión Permanente, ella sigue siendo primera vicepresidenta en estos momentos», ratificó.
Vicente Zeballos aseguró que el gobernante de peruano tiene intenciones de entablar conversaciones con «mayor fluidez» con Aráoz, pese a que había asumido durante la confusa jornada del lunes el cargo de «presidenta en funciones».
La noche del martes 1 de octubre Mercedes Aráoz hizo el anuncio a través de su cuenta en la red social Twitter
“Cumplo con declinar del encargo conferido al renunciar al cargo de vicepresidenta constitucional de la República”, explicó en una misiva dirigida a la Comisión Permanente del Congreso. Al tiempo que manifestó su deseo porque su decisión conduzca «a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país”.
He decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Vicepresidenta Constitucional de la República. Las razones las explico en la carta adjunta. Espero que mi renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país. pic.twitter.com/c4tz4tnzMw
— Mercedes Aráoz (@MecheAF) October 2, 2019
Según afirmó en el documento dirigido a Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente del Congreso, la razón “fundamental” de su decisión es que “se ha roto el orden constitucional en el Perú”.
Asimismo, dijo que tras el pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), que señaló que el Tribunal Constitucional (TC) debe pronunciarse sobre las interpretaciones efectuadas, “no hay las condiciones mínimas para ejercer el encargo que me dio el Congreso de la República”.
Mercedes Araoz aseguró que, durante su carrera pública, “siempre” ha preferido defender sus principios antes que “intereses personales” o su “popularidad como política”.
Comentó también que seguirá trabajando por el Estado de derecho y el “respeto al orden democrático”. Del mismo modo, invocó al diálogo en el país.
“Deseo profundamente que nuestra patria supere esta grave crisis institucional para el bien de todos los peruanos, especialmente de los menos favorecidos que son los más perjudicados por la irresponsabilidad de los políticos”, finalizó.
OEA pide a Tribunal Constitucional de Perú pronunciarse
La Secretaría General de la OEA sostuvo en un comunicado que la crisis constitucional generada en Perú tras el cierre del Congreso dispuesto por el presidente Martín Vizcarra debe ser ponderada por el Tribunal Constitucional de ese país.
«En este caso, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos considera que compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, así como sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución», subraya el comunicado expedido por la oficina de Luis Almagro.
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El pronunciamiento considera como un «paso constructivo que las elecciones han sido llamadas conforme a los plazos constitucionales y que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano, en quien radica la soberanía».
El 26 de enero del 2020 se llevarán a cabo los comicios para elegir a los nuevos representantes del Congreso del Perú luego de que el presidente de esa nación, Martín Vizcarra decidiera su disolución constitucional, tras la negación de la confianza al presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, refiere La República.
De acuerdo al Decreto Supremo publicado con fecha 30.09.2019 en el diario (Gaceta) oficial El Peruano, Vizcarra ordenó, “convocar a elecciones para un nuevo congreso para el domingo 26 de enero de 2020 para que complete el periodo constitucional del Congreso disuelto”, el cual culmina en julio del 2021.
El decreto de convocatoria apareció en la gaceta oficial peruana.
De acuerdo a ley peruana, el Decreto Supremo entra en vigencia al día siguiente de su publicación, por lo que este lunes 01.10.2019 ya es efectiva la disolución.
Ahora serán las instituciones del Sistema Electoral, conformado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), quienes deban trabajar para presentar el cronograma electoral dentro del plazo otorgado por el Decreto Supremo.
Al Parlamento se podrá postular cualquier persona perteneciente a los 24 partidos inscritos que no sean miembros del actual Congreso de la República.
Ante la disolución del Parlamento, la Comisión Permanente que quedará al frente del Poder Legislativo, la cual, de acuerdo al artículo 134 de la Constitución Política del Perú, no puede ser disuelta.
Este grupo de trabajo legislativo se encuentra integrado por 27 congresistas de diferentes bancadas, por lo que es la que tiene el mayor número de miembros Fuerza Popular de Keiko Fujimori.
Estará presidida por el congresista Pedro Olaechea y los exvicepresidentes del ahora disuelto Congreso, Karina Beteta, Salvador Heresi y Marvin Palma.
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con Vizcarra
Por otra parte, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú ratificaron este martes su respaldo al presidente Martín Vizcarra como jefe supremo, luego de que este disolviera el Congreso de la República, destaca El Comercio.
El Jefe del @CCFFAA_PERU y los Comandantes Generales del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Policía Nacional del Perú reafirman en Palacio de Gobierno su pleno respaldo al orden constitucional y al presidente @MartinVizcarraC como Jefe Supremo de las FF.AA y PNP. pic.twitter.com/EvbF0XfEBf
— Presidencia Perú (@presidenciaperu) October 1, 2019
«El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los Comandantes Generales del Ejército, Marina de Guerra, Fuerza Aérea del Perú y Policía Nacional del Perú reafirmaron en Palacio de Gobierno su pleno respaldo al orden constitucional y al presidente Martín Vizcarra como jefe supremo de las FF.AA. y PNP”, señaló la Presidencia a través de su cuenta de Twitter.
En la cita participó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astullido, así como los jefes de cada una de las Fuerzas Armadas (Marina de Guerra, FAP y Ejército Peruano), así como el comandante general de la Policía Nacional, Jose Luis Lavalle.
Antes de la medianoche, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú emitieron comunicados expresando su respaldo a Martín Vizcarra y reconociéndolo como jefe supremo.
Entorpecer al gobierno
El presidente Vizcarra, que ha lanzado una campaña anticorrupción, acusa al Congreso de entorpecer la labor del Gobierno con frecuentes interpelaciones a ministros gracias al voto mayoritario del partido de derecha liderado por Keiko Fujimori, quien está detenida mientras la investigan por supuesto lavado de dinero, destaca Reuters.
Unos 86 legisladores, de los 130 miembros del Congreso, se negaron el lunes por la noche a dejar el parlamento y en una inesperada sesión aprobaron suspender de sus funciones a Vizcarra durante 12 meses por “incapacidad temporal”.
Poco después, los legisladores opositores proclamaron a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como presidenta interina.
Pero el martes la mayoría de legisladores ya había abandonado la sede del Congreso y en las afueras del hemiciclo la policía con cascos y escudos de plástico acordonaron la sede y restringían el ingreso.
Controversia legal
Cientos de personas se manifestaron hasta la madrugada en favor de la disolución de la cámara legislativa, una de las instituciones más desacreditadas por escándalos de corrupción, que también han involucrado a cuatro expresidentes.
A muchos les preocupa que la crisis pueda conducir a una batalla legal por controversias constitucionales, en momentos en que la economía del país minero sufre una desaceleración por la incertidumbre política y la continua guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Aráoz, antes de jurar como presidenta interina, dijo que acudirá a las Organización de Estados Americanos (OEA) para que ayude a Perú a resolver el “impasse político”.
El Congreso dijo en un comunicado que Vizcarra disolvió el Parlamento, pese a que le otorgó la confianza al mandatario.
La decisión de Vizcarra de cerrar el Congreso se produjo luego de que los legisladores designaron a uno de los miembros del Tribunal Constitucional, pese a las advertencias del mandatario de que si lo hacían iba a suspender a la cámara porque significaba un rechazo de confianza a su gabinete.
“Ante la negación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución política del Perú he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República”, dijo Vizcarra.
Tras el rechazo del Congreso a su gabinete, Vizcarra designó su ministro de Justicia, Vicente Zeballos como nuevo jefe del equipo de gobierno, que espera renovar a la terna ministerial.
La última vez que un mandatario cerró el Congreso en Perú fue en 1992, cuando Albero Fujimori, padre de Keiko, alegó obstrucción en temas de seguridad y economía. Sus detractores afirman que fue para tapar investigaciones de corrupción.
La actuación política del mandatario Vizcarra fue la respuesta a la decisión del Congreso de archivar su proyecto de adelantar las elecciones generales, con lo que buscaba terminar con el choque entre ambos poderes.
