Inocencia rota | El abuso infantil se diluye en el delito de trato cruel
Un total de 5.428 casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, reportó el Ministerio Público este miércoles 27 de septiembre. Una cifra que enciende las alarmas de la población venezolana. En el seriado Inocencia rota publicado por TalCual en el mes de julio se monitoreó durante 36 días lo que se publica en las redes sociales del Cicpc y de su director Douglas Rico sobre actos de violencia hacia los niños. El resultado mostró: una permisividad cultural hacia el castigo físico, la crisis socioeconómica y la falta de políticas preventivas explican la prevalencia del abuso hacia los niños en Venezuela.
Con una vara de madera, una mujer golpea repetidamente hasta dejar moretones en todo el cuerpo de su víctima. La escena no es una tortura ocurrida en una cárcel, sino el castigo de una abuela hacia su nieta de 11 años por dañar una cinta adhesiva.
En otra casa, los vecinos auxiliaron a una niña de 8 años que fue quemada con una cuchara caliente en su boca y parte del rostro por haber tomado un alimento de la cocina. Su madre la estaba «castigando». Estas son tan solo dos de las 15 denuncias de maltrato infantil registradas en el país en el mes de mayo.
Durante 36 días, del 1° de mayo al 5 de junio de 2023, TalCual hizo un seguimiento a las denuncias de delitos contra niños, niñas y adolescentes publicadas en las redes sociales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de Douglas Rico, su director. En total, se registraron 26 casos que fueron especificados. Otros solo eran mencionados en reseñas generales.
El principal delito imputado fue trato cruel o maltrato. Le siguen el abuso sexual, del cual se registraron cuatro casos, y el homicidio, con tres denuncias. También en las publicaciones se reseñó un intento de homicidio, una situación de acoso y dos secuestros.
Por estas agresiones fueron detenidas 42 personas, de las cuales 20 pertenecían al círculo familiar directo del niño, niña o adolescente.
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Las víctimas de homicidios fueron un niño de seis años que fue asesinado por su padrastro, un niño de siete años maltratado y asesinado por un hombre externo a su familia y una adolescente de 13 años, quien fue asesinada a manos de un joven de 18 años que la había citado a un encuentro.
En esa muestra que solo refleja los casos cuando los agresores son detenidos, se repite continuamente el delito de «trato cruel», aunque los niños queden fuertemente lesionados, e incluso hayan muerto debido a la agresión.
El maltrato o trato cruel está tipificado en el artículo 254 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna). La ley establece que el maltrato, ya sea físico o psicológico, será penado con prisión de uno a tres años.
El educador y fundador de la organización en defensa de la niñez y adolescencia Cecodap, Fernando Pereira, explica que los casos de maltrato que son denunciados ante las autoridades normalmente son «los más severos, los más graves, los que dejan consecuencias físicas».
«Otros (casos) siguen ocurriendo dentro de las viviendas y si no trasciende, no se denuncia, permanecen allí en un ciclo», agrega el educador, quien resalta que solo se conoce «la punta del iceberg», por lo que debajo hay más situaciones de violencia.
Angeyeimar Gil, trabajadora social y defensora de la Red de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna), sostiene que lo que llega a los medios «suele ser un porcentaje mínimo de lo que realmente sucede en los hogares venezolanos».
Una cultura que legitima
La prevalencia del maltrato infantil en la sociedad venezolana no responde a una sola razón. De acuerdo a Angeyeimar Gil, la cultura adultocéntrica, en la que los adultos son considerados superiores a los menores de edad, hace que las personas que están al cuidado de los niños, niñas y adolescentes se sientan con poder sobre ellos. «Eso les da posibilidad de actuar de la manera que les parezca para corregir, para sancionar y para pedir un cambio de conducta», explica.
El educador Fernando Pereira señala que hay una «permisividad» cultural en Venezuela hacia los castigos físicos que, aunado a algunas ideas religiosas de base cristiana «como corregir a los hijos con la vara», lleva a que los niños sean considerados «objetos» de los padres.
También destaca que en el país aún persiste la idea de que hay ‘violencias buenas o necesarias’. «Cuando vamos a comunidades o al centro educativo, la gente hace alusión a la falta de correctivos severos y relacionan la ausencia de castigos físicos con lo ‘mal’ que están los muchachos hoy en día. Se le atribuye a que no se esté castigando suficientemente a los muchachos», comenta.
Sin embargo, de acuerdo a la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna), un castigo no es equivalente a maltrato infantil. La Lopnna prohíbe cualquier castigo físico o humillante con el fin de corregir un comportamiento en el artículo 32-A, pero no los califica como hechos punibles.
Para prevenir estos castigos, la ley establece que el Estado garantizará «políticas, programas y medidas de protección dirigidas a la abolición de toda forma de castigo físico o humillante de los niños, niñas y adolescentes».
Gil señala que la diferencia entre lo que se considera un castigo y el maltrato o trato cruel es la intensidad e intencionalidad del hecho. «No es lo mismo que le des un correazo porque hizo algo malo a que le des muchas veces porque estás desahogando una rabia y una molestia. La línea entre la corrección y la violencia es muy delgada, pero se nota porque el daño que genera es mucho más grave».
Para Pereira, esta permisividad cultural de aplicar castigos físicos puede llevar a que, eventualmente, se traspase la barrera del maltrato.
El educador detalla que la mayoría de los casos de maltrato comienzan con agresiones sencillas, las cuales se van tornando más continuas y más intensas. «En la medida en que es mayor la frustración del adulto, mayor va siendo la violencia que descarga sobre el niño o la niña».
El maltrato físico no ocurre de forma aislada. Gil recalca que estos casos suelen ir acompañados de otras agresiones. «Si en una familia hay un niño, niña o adolescente que recibe maltrato, seguramente pasan muchísimas cosas más», como violencia psicológica, situaciones de negligencia y desatención.
Por otra parte, la trabajadora social señala que la crisis socioeconómica del país impacta en el aumento de casos de maltrato infantil. Los mayores índices de pobreza extrema, la profundización de las carencias, el desempleo, la inseguridad alimentaria y la falta de una vida digna disparan los niveles de estrés en las familias, «que terminan siendo expresados en estos hechos de violencia y cuyos detonantes pueden ser cualquier cosa».
«Solo la punta del iceberg»
Frente al vacío de datos oficiales en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, la Redhnna realiza desde hace dos años un seguimiento a los medios de comunicación de los casos de abuso infantil que se reportan. Gil indica que en este periodo ha notado un incremento de la letalidad y crueldad de estas situaciones.
De acuerdo al monitoreo hecho por la organización, en enero de 2023 se identificaron 14 casos de trato cruel. Durante febrero se registraron 17, en marzo la cifra de lo reseñado descendió a 7, pero en abril aumentó nuevamente a 12 casos.
Para Carla Serrano, socióloga y secretaria general de la Redhnna, hay una «visión fragmentada y parcelada de la realidad» debido a la falta de transparencia del Estado. «Desconocemos un subregistro y una cifra negra que debe ser infinitamente mayor porque no todos los casos de maltrato terminan en un proceso policial».
«Una crisis se superpuso a la otra porque vino la pandemia y durante la cuarentena, la violencia de todo tipo contra los niños se incrementó», sostiene Serrano, quien también señala que no se ataca la raíz del problema, puesto que no hay políticas de prevención hacia el maltrato infantil.
Abuso sexual, otra arista
Entre mayo y junio se registraron solo dos denuncias de abuso sexual reportadas por el Cicpc. Sin embargo, el pasado 7 de junio, el fiscal general Tarek William Saab indicó que el Ministerio Público (MP) había registrado 7.165 casos de abuso sexual a menores de edad en tan solo 10 meses.
Esto equivale a un aproximado de 179 salones de clase llenos de niños, niñas y adolescentes e implica un promedio de 23 agresiones diarias.
De este total de casos, solo 1.355 personas han sido condenadas. 2.317 personas han sido imputadas por delitos de abuso sexual, mientras que 2.915 personas han sido acusadas.
Anteriormente, de acuerdo al MP, entre 2017 y 2020, se registraron 8.966 delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Respecto a este periodo, hubo 1.340 condenados, lo que representa apenas 15% de los casos, 4.335 imputados y 3.289 acusados por estos delitos, de acuerdo a la Redhnna.
Las niñas y las adolescentes son más vulnerables a ser sometidas a agresiones sexuales. Según datos de la Redhnna, 64,9% de las víctimas de abuso sexual durante 2020 y 2021 fueron niñas y adolescentes.
La Lopnna establece que en los casos en los cuales el agresor es un hombre mayor de edad y la víctima es una menor de edad se procederá de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Esta ley, a su vez, establece una pena de 12 a 16 años en prisión en casos de abuso sexual sin penetración hacia una niña o adolescente. Cuando supone penetración de cualquier tipo, pasa a ser considerado violencia sexual y la pena es de 20 a 25 años.
Según el monitoreo realizado por Redhnna sobre los casos de abuso sexual infantil, durante 2020, más de la mitad de las agresiones (52,4%) fueron cometidas por personas vinculadas al entorno familiar del niño, niña o adolescente, mientras que 41,7% eran personas desconocidas o del ámbito comunitario.
Sin embargo, para 2021, esta cifra se reversó: 54% de las agresiones ocurrieron por personas no vinculadas al ámbito familiar, mientras que 31% de los casos provinieron de familiares.
«Para nosotros fue sorprendente porque nos cambió los datos de que (el abuso sexual) no ocurría exclusivamente en el ámbito familiar», comenta Gil al respecto.
Explica que esta reversión podría deberse a que, luego del confinamiento, los padres debieron volver a trabajar, pero las escuelas, que comúnmente son un espacio de protección para los niños, niñas y adolescentes, seguían cerradas. Los niños pasaban más tiempo en sus casas y en sus comunidades, por lo que estaban más expuestos a personas que se pudieran aprovechar.
Sin embargo, recalca que el fenómeno no se puede atribuir exclusivamente a esta razón.
Pereira señala que los niños que sufren de maltrato son más vulnerables a ser víctimas de agresiones sexuales, aunque aclara que no siempre es así. «Aprenden a soportar el dolor y saben que si no hacen lo que el adulto quiere, les viene más violencia. Es la puerta de entrada perfecta para niños que no tengan capacidad de defenderse ante un abusador sexual».
Gil, por su parte, sostiene que el abuso sexual puede ocurrir en conjunto con el maltrato cuando este termina siendo letal o cuando hay situaciones de violencia física previamente al abuso, pero considera que son «muy particulares» las situaciones en que esto ocurre. «No podemos decir que el abuso sexual está vinculado al trato cruel. Son casos muy específicos y distantes».
Falta de medidas preventivas
Campañas educativas, acompañamiento a las familias y orientación a los padres y representantes legales son algunas de las iniciativas que debería contener una política pública de prevención contra el maltrato infantil, de acuerdo a Carla Serrano. A pesar de que desde hace más de una década la Redhnna ha demandado al Estado la creación de una política de este tipo, no se ha concretado.
Advierte que la actuación del Cicpc y el MP implica un enfoque punitivo, pero que se debe trabajar para evitar que las situaciones lleguen al punto de maltrato. «Sigue transcurriendo el tiempo y no se hace nada para atender (el problema) propiamente. Seguimos contando los casos de niños maltratados, pero no hacemos nada para prevenirlo», destaca.
Gil destaca que en Venezuela, a diferencia de otros países, no ha habido tanta inversión por parte del Estado para promover una cultura de crianza respetuosa y positiva en las familias. «Cambiar paradigmas culturales requiere un trabajo y un esfuerzo de la sociedad y del Estado».
Agrega también que las consecuencias emocionales del maltrato infantil repercuten en la etapa de adultez y en su desarrollo social. «Van a ser adultos dolidos, heridos, afectados por situaciones de violencia. (El maltrato) afecta la autoestima, la disposición para avanzar, para desarrollarse, para ser profesionales, y eso repercute en el desarrollo de un país».
Por ello, Pereira es enfático al recordar que todo tipo de violencia deja secuelas en cada niño, niña o adolescente que lo ha sufrido y «por lo tanto, ninguno de estos debe ser banalizado ni tolerado».
