José Gregorio Afonso: No es bueno que TSJ desestime recursos contra instructivo Onapre
Afonso, si bien reconoce que no hay expresamente un instructivo Onapre, dijo que los ciudadanos tienen derecho a reclamar y ser escuchados en las instituciones, a pesar de la falta de institucionalidad que existe en Veneuela. Cree que la sentencia emanada del TSJ es más de orden político que jurídico para así hacer que no vaya más nadie al Poder Judicial a exponer sus reclamos
Jose Gregorio Afonso, secretario de Asuntos Académicos de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), manifestó este viernes 2 de septiembre que «no es una buena señal» que el Tribunal Supremo de Justicia haya desestimado los recursos introducidos en contra del instructivo Onapre y cree que su sentencia es «injusta» y busca desmotivar las protestas por mejores reivindicaciones salariales.
En entrevista concedida a Televen, Afonso expresó que el instructivo Onapre no existe directamente como instructivo, sino que es un manual de pago que desde el ministerio respectivo se envía a las instituciones para indicar la manera en la que se cancelan los honorarios profesionales. Sin embargo, aclara que esa metodología es concertada entre los minsterios de Planificación y Finanzas y es la misma para todos, por lo que le pusieron el nombre de «instructivo Onapre»,
Destacó que existen evidencias de cómo son las orientaciones de los pagos en la admistración pública desde el mes de marzo, que es lo que los gremios llaman «instructivo». En ese sentido, reprochó que el TSJ quiera sancionar a los demandantes porque, alegó, el ciudadano debe tener justicia y su reclamo se hace hacia las instituciones oficiales.
Afonso recordó que hay un debate público de larga data sobre el reconocimiento a los poderes públicos en el país y destacó que existe el derecho al justo reclamo de sus reivindicaciones, como los jubilados y pensionados del Ministerio Público, por lo que reprochó que haya sanciones en su contra. Agregó que desde el 15 de septiembre irán a la sede del TSJ a exigir respuestas a los recursos de nulidad que existe.
Por ello, cree que la sentencia emanada del TSJ es más de orden político que jurídico para así hacer que no vaya más nadie al Poder Judicial a exponer sus reclamos. Adleantó que el martes 6 de septiembre tienen previsto marchar a la sede de la Fiscalía y hacer actos en to el país para exigir sus derechos, reclamar por la disminución de sus salarios tanto por la devaluación de la moneda como por la normativa de pagos.
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inadmisible un «recurso contencioso administrativo de nulidad y amparo cautelar» interpuesto en contra del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), utilizado para calcular las tablas salariales de los profesores universitarios del sector público, violando en el proceso diversas conquistas consagradas en la Ley Orgánica del Trabajo (Lottt) y en contratos colectivos.
«El pretendido documento en los términos aludidos de los requisitos formales y esenciales que lo conforman, no constituye un acto administrativo; siendo así, esta Sala advierte que estamos en presencia de lo que se conoce en la doctrina y la jurisprudencia como el «acto inexistente»», expone una nota de prensa emitida por el TSJ del 24 de agosto.
José Gregorio Afonso, por otro lado, insistió en que en todas las universidades públicas y autónomas del país tienen una crisis desde antes de la pandemia que se orienta, principalmente, por el tema de la asfixia presupuestaria. Eso, aunado a que desde 2012 están suspendidos los recursos para las investigaciones y el ataque del hampa a instituciones de estudios superiores.
Detalló que existen datos que advierten de no menos de 300 acciones criminales contra varios campus, a veces dos y tres veces vandalizados en un día, lo que se traduce en un deterioro científico del país.
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Explicó además que el profesorado de las universidades ha mermado cerca de un 45% ya que, según cifras de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) se reportan 40.500 docentes, pero hay documentos que revelan la deserción. Indicó que entre 2009 y 2015 solo en la UCV se fueron 1.112 profesores, mientras que de 2015 a 2022 se han ido 1.300.
A pesar de que sí ha habido reposición del personal para dar clases, es menos de la mitad de los docentes que se fueron a buscar una mejor calidad de vida y además son de dedicación parcial. Por ello, cree entonces que el Estado no tiene interés en potenciar las investigaciones «porque no les favorece».
Cree que los profesores y las universidades pueden aportar a solucionar los problemas que aquejan al país e instó al Estado a considerar el trabajo conjunto para investigar y dar propuestas para mejorar en la nación.
