Juez en Brasil nombrado por Lula da Silva invalida pruebas del caso Odebrecht
Los testimonios de directivos de Odebrecht que se utilizaron como pruebas contra políticos y empresarios de Brasil, incluido Lula da Silva, fueron obtenidos gracias a negociaciones con mediación internacional que, según el Supremo Tribunal Federal, no se hicieron con la autorización de las autoridades pertinentes
José Antonio Dias Toffoli, nombrado como miembro del Supremo Tribunal Federal por el propio presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, anuló todas las pruebas obtenidas mediante acuerdos de colaboración con la constructora Odebrecht, que se utilizaron como base para sustentar el caso de la llamada operación Lava Jato, que arrastró a varios políticos y empresarios brasileros.
La decisión del magistrado respondió a un pedido de la defensa del presidente Lula da Silva, quien acumuló 580 días en prisión como parte de su condena por corrupción y lavado de dinero como resultado de este mismo caso, pese a que en 2021 fue anulado por la Corte Suprema de Brasil.
El magistrado criticó en su dictamen los términos mediante los cuales se alcanzó el acuerdo con la constructora que dio paso a los testimonios que perjudicaron al actual mandatario de Brasil, y ordenó el envío de más información sobre este proceso.
En este mismo documento, argumentó que la anulación de la condena a Lula da Silva se aprobó a raíz de causas «objetivas» y que no fue una medida para beneficiar al político.
«Las causas que llevaron a nulidad de los elementos de prueba obtenidos a partir del acuerdo de colaboración celebrado por Odebrecht son objetivas», destacó.
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Detalló que el acuerdo con la constructora se logró mediante negociaciones en Brasil, Estados Unidos y Suiza, que se dieron sin que existiera una solicitud de cooperación jurídica internacional para que el proceso tuviese legalidad, por lo que «pasaron de largo los canales formales».
De acuerdo con el magistrado, además de los tratos directos con las autoridades en el país norteamericano y Suiza, los jueces actuaron sin la «necesaria competencia» de entidades oficiales como los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y Seguridad Pública.
En este contexto, calificó la condena contra Lula da Silva como «uno de los mayores errores judiciales en la historia de Brasil» y ordenó anular estas pruebas para que no puedan ser usadas en ninguna jurisdicción, incluso en procesos judiciales fuera de Brasil.
