Juez en España estudia embargar $5 millones de empresa ligada a red del exembajador Morodo
Raúl Morodo y su hijo, Alejandro Modoro, por el momento no van a la cárcel porque el juez consideró que no había riesgo de fuga
El magistrado de la Audiencia Nacional de España, Alejandro Abascal, estudia actualmente el embargo ejecutado a la empresa llamada «Fundación Ayacucho», una firma que está ligada al entorno del exembajador de ese país en Venezuela, Raúl Morodo, quien está siendo investigado por el presunto delito de blanqueo de capitales realizado por supuestamente su familia a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Abascal incorporó a la causa que se investiga el resultado de una comisión rogatoria librada a Suiza en relación a toda la información bancaria de esta «Fundación Ayacucho», por lo que el magistrado dio vía libre a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie sobre este aspecto.
Según los documentos a los que tuvo acceso el portal español Vozpópuli y publicados este 30 de septiembre, la Fiscalía Federal de Berna, en Suiza, acordó el 10 de septiembre de 2019 el bloqueo provisional de todos los valores patrimoniales a nombre de la sociedad en la Banca Zarattinni & Co. por importe de 5,71 millones de dólares.
La Audiencia Nacional recibió un pendrive por parte de la Fiscalía de Berna, organismo que estudió todo lo concerniente a la Fundación Ayacucho, indicó que el patrimonio al 31 de diciembre de 2020 de la firma investigada ascendía a un total de 5.716.497 dólares, de los cuáles 4,2 millones pertenecen a títulos valores y 1,48 son fondos líquidos. «Dado que el bloqueo de los valores patrimoniales mencionados anteriormente únicamente es provisional, les rogamos que solicite mediante comisión rogatoria un bloqueo ordinario del patrimonio», reza el escrito de la Fiscalía suiza.
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Los investigadores apuntaron su atención a la Fundación Ayacucho porque el 2 de abril de 2021 hubo un abono de 1,3 millones de euros en sus cuentas de Suiza, provenientes de Belcano Investments, una empresa vinculada a Carlos Adolfo Parada, otro de los investigados por esta causa, ya que es muy cercano a Alejandro Modoro, hijo del diplomático.
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El 22 de septiembre, el magistrado Alejandro Abascal manifestó que no veía riesgo de fuga por parte del exembajador de ese país en Venezuela durante el gobierno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, por lo que rechazó enviarlo a él y a su hijo, Alejo Morodo, a prisión.
Consideró que no era necesario que se endurecieran las medidas cautelares que pesan sobre el diplomático. A pesar de no haber querido declarar, el letrado manifestó que el hecho de que se haya presentado ante las cortes da muestra fiel de no querer evadirse de la justicia.
El sumario del caso Morodo es fruto de una querella de la Fiscalía Anticorrupción interpuesta en enero de 2020. Y destapa una sofisticada trama de blanqueo de capitales con dos frentes diferenciados pero conniventes para el saqueo. Por un lado, la familia Morodo, como receptora de al menos 5,4 millones entre 2008 y 2014 como pago por parte de Pdvsa de asesoramientos en Europa “irreales y no justificados”, como los califica Anticorrupción en su querella.
Y, por otro, el frente liderado por el fallecido Juan Carlos Márquez Cabrera, secretario general de Entes Corporativos, órgano rector de la petrolera, junto con su socio Carlos Prada y las esposas de ambos. Márquez Cabrera, quien se ahorcó al día siguiente de ser detenido en el aeropuerto de Barajas procedente de Estados Unidos y prestar declaración ante el juez Pedraz, es la persona que en nombre de la petrolera firmó los falsos contratos de asesoramiento en favor de Alejo Morodo y dio luz verde a los pagos.
