La Carta Democrática avanza a su propio ritmo
Autor: Miguel Teixeira
La Carta Democrática Interamericana (CDI) estuvo en boca de cada venezolano durante los meses de marzo y junio del 2016. Llegó octubre y el nombre ya no suena ni para un mal chiste. El mecanismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) quedó atascado, para muchos, en los complicados entrames de la burocracia internacional, irremediablemente entumecido por la lentitud característica de la política.
El 23 de junio de 2016 fue presentado ante la sesión permanente de la OEA un documento realizado por el secretario general Luis Almagro. En ese documento se mostraba la entonces ya endeble situación de la democracia en Venezuela y se asomaba la posibilidad de activar la Carta Democrática Interamericana para intentar restaurar la fuerza en dicho sistema de gobierno, así como la integración del país como tema permanente de la agenda para la organización.
La respuesta por parte de la canciller de la República, Delcy Rodriguez, fue llamar a votación en búsqueda de rechazar dicha postulación. El tiro le salió por la culatacuando, durante esa sesión permanente, se aprobó con 20 votos frente a 14 que se procediera a evaluar el documento presentado por el secretario general y se incluyera el país en la agenda de discusión.
A pesar de que al finalizar dicha sesión, el presidente temporal del consejo permanente, Juan José Arcurri, solo emitió la orden de que se tomara nota del informe de Almagro, el abogado internacionalista Adolfo Salgueiro explica que ya se puede hablar del primer paso jurídico.
¿ACTIVADA O NO?
Como es propio de los trámites burocráticos, no es fácil determinar si un mecanismo como la CDI está en vigencia. El diputado miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior y presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, Williams Dávila, explica que desde que se aprobó la inclusión de Venezuela como tópico de discusión se ha activado la Carta Democrática. Y declara que como consecuencia de ello, siguiendo los dictámenes contemplados en el artículo 20 de la Carta, el Mercosur ha exigido, y luego expulsado al Gobierno por no adherirse al tratado de derechos humanos que es necesario para seguir siendo un integrante de dicho grupo.
“Podemos ver esto como un avance porque la OEA y Mercosur han puesto un oído al pueblo en vez de solo escuchar a los gobiernos. Esto porque Almagro hizo el informe a base de la denuncia de esos DDHH y se vislumbró la crisis de desabastecimiento, crisis humanitaria, la violación de los derechos civiles, políticos sociales y económicos, derechos de paz de participación y eso está hoy más vigente”, dice el diputado Dávila.
El abogado e internacionalista Salgueiro concuerda con la aseveración de que la Carta ya ha sido activada y agrega que se ha dado un “paso político” por parte del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. El Presidente se pronunció sobre el tema de la democracia en Venezuela y propuso la creación de un “grupo de apoyo” para incentivar la realización del referendo revocatorio en el país. “Además, a esto se le suman los dos pronunciamientos de 15 países de la OEA solicitando apertura en el país.”, agrega Salgueiro.
Asimismo, el Senado de Chile y Estados Unidos, en vista de la creciente ola de detenciones y acciones violentas en contra de diputados y dirigentes de oposición, han expresado que la medida se debe aplicar en vista de la agraviante crisis que afecta al país y hacen particular énfasis en el creciente número de casos de atropello gubernamental y detenciones de carácter político en el país.
En el caso del parlamento norteamericano, el senador Ben Cardin, demócrata de más alto rango del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara expresó que “Cuando más tiempo el presidente (Nicolás) Maduro y su Gobierno sigan siendo intransigentes en sus posiciones atrasadas y quebrantadoras de la ley, más tiempo sufrirá el pueblo venezolano”.
Por su parte, la Cámara de Diputados de Chile expresó el 26 de enero, a raíz de la detención del diputado opositor Gilber Caro, que exigían al organismo ejecutar los artículos 20 y 21 de la CDI y así suspender a Venezuela de la coalición. De esta misma forma, instaron a la presidenta Michelle Bachelet a ponerse en contacto con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, para exigir “un aumento en la diplomacia en pos de la paz, para prevenir y resolver los conflictos que socavan la democracia en Venezuela”.
En vista de estas declaraciones, el internacionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Félix Arellano, asegura que el gobierno de Nicolás Maduro está frente a un horizonte lúgubre. “El ambiente en la OEA ya no es una hegemonía de Venezuela”, aseveró.
¿…Y QUÉ FALTA ENTONCES?
Los siguientes pasos que siguen al respecto del desarrollo de la Carta Democrática Interamericana están impregnados de la carga temporal que acuñan las decisiones de los gobiernos. Arellano explica que no existen lapsos de tiempo con respecto a la toma de decisiones y subraya: “No es fácil ejercer sanciones a un gobierno autoritario y la OEA ha actuado con mucha cautela ante ello”.
Con relación a la Comisión Permanente de Política Exterior, Dávila expone que se debe visitar los países que estuvieron presentes en la comisión permanente para asegurar la vigencia e incluso el agravio de las denuncias que se presentaron en el informe expuesto por el secretario general de la OEA, así como “hacer saber que aquí hay una oposición democrática”.
El internacionalista Salgueiro aclara que se debe esperar a que los países miembros, o el secretario Luis Almagro, consigan amasar la tres cuartas partes de los votos para que se lea el documento completo y se organice una misión para intentar solucionar de esta manera el dilema democrático de Venezuela.
Para lograrlo, se ha llevado a cabo un trabajo incesante por parte del Secretario General, en conjunto con la Comisión de Asuntos Externos de la AN, para mantener actualizado constantemente el documento de denuncia que especifica los casos más relevantes de la violación de los derechos humanos en el país. A esto se suman también los constantes arremetimientos por parte del Gobierno en contra de los derechos fundamentales de todos los venezolanos.
¿CÚAL ES LA DEMORA?
Además del sinfín de consideraciones que deben afrontar los gobiernos de los países miembros de la OEA, también entran a colación el grupo de expresidentes de Unasur, que avalan el proceso de diálogo en Venezuela que lidera el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Estas naciones votan en favor del diálogo entre oposición y Gobierno como solución a la erosión democrática en Venezuela.
En voz de Arellano, el grupo liderado por el expresidente español esboza una sombra de dudas sobre el futuro de la Carta, puesto considera al grupo como “desequilibrado” por tener una tendencia que favorece al bando del gobierno. Salgueiro concuerda aseverando “para que exista un diálogo las partes deben estar dispuestas a hablar”.
El vicepresidente de la Comisión de la Asamblea Nacional, Ángel Medina, expresa que “el paso siguiente no se ha dado porque aún las naciones están dando una oportunidad al gobierno para establecer un diálogo, viendo de cerca el proceso del revocatorio” pero, en vista de la desaparición del diálogo de la mesa de discusión, queda en evidencia el «amiguismo» entre los países que conforman la coalición y que han entorpecido gravemente la activación de esta herramienta.
¿LA CARTA ES EFECTIVA?
Al ver la respuesta del Gobierno frente a las exigencias del Mercosur de adherirse al tratado de derechos humanos la duda sobre la eficiencia de los mecanismos como la Carta Democrática sale a flote.
Pero Adolfo Salgueiro aclara el panorama en este aspecto y manifiesta que la Carta es efectiva en medida en que el Gobierno se sienta presionado y se vea cada vez más aislado de la comunidad internacional. “Cuando un dique está por romper, el agua sube sin que se note pero la presión existe y está allí. El resultado se nota cuando se rompe el dique, pero si se juzga por la presión sobre el dique también está funcionando”, ilustra el internacionalista.
El diputado Ángel Medina manifiesta que la Comisión busca comunicar y dejar clara la difícil situación que atraviesa Venezuela para crear presión nacional e internacional para que se logre un proceso electoral. Su compañero, Williams Dávila, asegura que “la presión debe hacer ver al Gobierno que el derecho humano más grande es el derecho es la democracia”.
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